Sumar emplaza al Gobierno a una reunión con los gigantes de la moda para poner coto al “fast fashion”

El Movimiento Sumar, el partido político fundado y liderado por Yolanda Díaz, actual vicepresidenta segunda y ministra de la cartera de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España, ha registrado una proposición no de ley ante el Congreso de los Diputados, desde la que insta al Ejecutivo a mantener una reunión con las principales multinacionales de la moda española, un grupo en el que se encontrarían representadas desde el Grupo Inditex a Mango, pasando por el Grupo Tendam, Adolfo Domínguez o Desigual, con el objetivo de abordar las problemáticas derivadas del modelo del “fast fashion”. Un encuentro de trabajo que iría dirigido desde a tratar los mismos fundamentos de dicho sistema, desde la perspectiva de encontrarse asentado sobre un modelo productivo construido sobre la práctica de una masiva producción de prendas de indumentaria, hasta para abordar la concreción de las medidas necesarias como para garantizar una revalorización efectiva de todas las prendas ya producidas, hasta el final de su vida útil.

Registrada por la diputada Júlia Boada, diputada del Congreso por la coalición electoral En Comú Podem, una de las formaciones políticas integradas en Sumar, era la misma diputada catalana quien, en declaraciones concedidas este pasado sábado, 13 de enero, al canal de televisión generalista La Sexta, se encargaba de confirmar la presentación de la proposición no de ley, dirigida a abordar el tratamiento de los residuos textiles que se generan en España. Objetivo al que suman la finalidad de tratar de redirigir el ideal de negocio de todas aquellas compañías españolas del textil cuyos modelos se rigen por una alta producción de prendas de moda, en una alta rotación que avanza a un ritmo aún más elevado que el de las tendencias, para, de manera conjunta, avanzar hacia un modelo más sostenible y circular.

Así pues, y entre las principales finalidades de esa reunión de trabajo a la que se le instará a el Gobierno a mantener con los representantes de las principales multinacionales de la moda española, estará la de “diseñar un programa nacional para hacer seguimiento y control de todo el ciclo de vida de la ropa”, avanzaba la misma Boada a la redacción de noticias del citado medio de comunicación. Un programa cuyos resultados podrán extrapolarse para llevar a cabo medidas de “prevención” y/o “de reciclaje” que permitan paliar los efectos de la contaminación textil, y es que “creo que tenemos el deber como Administración de favorecer”, de hacer que “sea más fácil acceder” a otro modelo de “consumo más responsable”, apostillaba Boada. Unas declaraciones que, y ya desde su cuenta oficial en la red social X, antes conocida como Twitter, la misma diputada completaba lanzando el mensaje de que “la industria textil es la segunda que más emisiones emite y la que más agua emplea”, por lo que “cabe repensar todo el ciclo de la ropa para que derive en una industria más sostenible”, en términos de “criterios ambientales y también laborales”.

Alarma frente al aumento del consumo y la mala gestión de los residuos textiles

Presentada por Boada el pasado día 3 de enero de 2024 bajo el título de “Proposición no de Ley relativa al control y seguimiento de los residuos ocasionados por los productos textiles y su impacto real en la economía circular”, ha sido ya desde la agencia de noticias Europa Press desde donde han podido tener finalmente acceso al texto de la proposición, todavía no disponible de manera íntegra para su consulta pública en el registro del Congreso de los Diputados, extrayendo de su argumentario una suma de sus principales cuestiones capitales. Observaciones que van desde el estado en el que, a juicio de la formación política, se encuentra actualmente el modelo de economía circular para el textil implantado en España, hasta en cómo y qué clase de medidas cabrían alentar desde la Administración, con el objetivo de impulsar al conjunto del sector en esa transición de un modelo productivo lineal a ese prometedor otro modelo de producción circular. Acciones estas para las que ya adelantamos el que, en el mejor de los casos, la Administración española llegará, al parecer, tan solo a refrendar el grueso de las iniciativas que en esta misma dirección ya se están impulsando a nivel de Europa, sin que ni una sola de las medidas ya adelantadas en el texto de la proposición, a la vista de sus líneas generales resumidas desde la citada agencia de noticias, llegue a suponer ninguna novedad de con respecto a las que ya se ha anunciado que se espera que terminen por entrar en vigor en todos los estados de la Unión Europea. Un aspecto sobre el cual cabe cuanto al menos esperar el que desde España, y a nivel nacional, no se terminen por aprobar exigencias administrativas para las empresas que más tarde deban ser corregidas, para asimilarse a las que se aprueben a nivel europeo, dado, primero el clima de inseguridad, y segundo el coste económico para las empresas, que se derivaría de acordar la obligatoriedad de seguir con unas indistintas medidas de transición, cuando ya es público y notorio que en su mayor parte ya se están ultimando a nivel de Europa.

Teniendo así pues todo esto en cuenta, en primer lugar, y como base de sus reclamaciones, incluida la de esa propuesta para la organización de una reunión de trabajo entre el Gobierno y los representantes de las principales multinacionales españolas del sector, desde Sumar manejan indicadores derivados de informes como el del “Análisis de la recogida selectiva de la ropa usada en España”, elaborado por Moda Re, con los que dibujan una industria de la moda en España en la que solamente un 12 por ciento de los residuos textiles se llegaron a recoger de manera selectiva en 2019, frente a una media en Europa que se sitúa en un 38 por ciento. Una aguda divergencia frente al resto del conjunto de la Unión que, de no atajarse, podría de manera progresiva terminar de hacer aumentar, todavía más, el problema de la proliferación de los residuos textiles en España, desde la previsión, presentada por Sumar, de que el consumo de ropa y calzado va a seguir aumentando de manera vertiginosa, y hasta en un +63 por ciento, desde aquí a 2030, pasando de los 62 millones a los 102 millones de toneladas consumidas de ropa y calzado.

Frente a este panorama, y siguiendo con informaciones como las que de manera pública ya han compartido distintas organizaciones ambientalistas o especializadas en el tratamiento de residuos textiles, desde Sumar vendrían a advertir desde esta proposición de que, actualmente, se produce mucha más ropa de la que se consume, y de manera más alarmante, de la que es capaz de tratarse y de gestionarse a través de cauces y de modelos adecuados que permitan dotarlas, de manera efectiva, de una nueva y segunda vida. Una acción que es la que justamente, y posteriormente a su recogida, se busca fomentar introduciendo los residuos textiles nuevamente en el mercado para su comercialización como prendas de segunda mano, o, para el caso de haber llegado al final de su vida útil, de su reciclaje dentro, preferentemente, de procesos de reciclaje de textil a textil. Un propósito este sobre el que, primero Greenpeace España, hacia finales de noviembre de 2023, y posteriormente en diciembre desde la Fundación Formació i Treball, a razón del anuncio de la construcción de su nueva planta de tratamiento de residuos textiles en Sabadell, ponían el foco sobre en que, primero, no se estaría llevando a cabo esa recogida y revalorización de prendas en España de la manera tan efectiva como cabría de presuponer, con un 48 por ciento de las prendas depositadas para ser revalorizadas terminando fuera de las fronteras del país —desde una muestra de tan solo 29 prendas—; y segundo, sobre que actualmente no hay suficientes plantas de gestión de residuos textiles en Europa para procesar la cantidad de residuos textiles que se generan.

Se tratan estas de unas cuestiones sobre las que ya en diciembre desde la misma Fundación Formació i Treball invitaban al conjunto de la industria a actuar, con la intención de hacer frente tanto al elevado volumen de residuos textiles como de aumento de la demanda de fibras recicladas de textil a textil que estiman que se va a generar, a medida que vayan aprobándose las nuevas normativas en circularidad para la industria textil. Unas normas que vienen, desde hace largo tiempo, impulsándose desde las distintas instancias de la Unión Europea, entre ellas, y en una posición principal, la de sobre la obligatoriedad para la recogida selectiva de residuos textiles, para antes del 1 de enero de 2025, o sobre la destrucción de textiles no vendidos, práctica ya prohibida en España desde la aprobación y entrada en vigor, el 1 de enero de 2023, de la nueva Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Acciones a las que, y ya desde parte de la industria, se ha buscado responder mediante distintas exploraciones de nuevos modelos de negocio, como el alquiler, que ya han empezado a “testar” desde multinacionales como Mango y Adolfo Domínguez, o la reventa que, junto a diferentes vías para la revalorización de las prendas, han impulsado ya desde Zara, el buque insignia del Grupo Inditex, desde su nueva plataforma “Zara Pre-Owned”, todo ello mientras al tiempo el conjunto de las empresas del sector vienen participando e involucrándose en la constitución de las nuevas SCRAP para la gestión de los residuos textiles, tanto en España como a nivel europeo, en este segundo caso de la mano de la patronal europea del textil Euratex.

Una proposición no de ley, a rebufo de las iniciativas ya emprendidas desde la Unión Europea

Teniendo así pues todo esto en cuenta, cuesta cuanto menos no cuestionarse a qué obedece en su sentido estricto y qué es lo que se trata de perseguir realmente con la presentación de esta proposición no de ley para abordar el tratamiento y la gestión de los residuos textiles en España, problemáticas sobre las que, como de manera detallada ya hemos venido tratando desde FashionUnited, ya se viene avanzando sobre el conjunto de toda la Unión Europea. Un cuestionamiento que incluso llega más allá al observar cómo, desde la misma proposición, se plantearían cuestiones como las de instar a las empresas a establecer criterios de diseño circular, siguiendo con las modificaciones para establecer un nuevo reglamento sobre ecodiseño para productos sostenibles que han impulsado desde la Unión Europea; a frenar la producción textil, siguiendo con la recomendación para reducir su número de colecciones anuales que desde la Comisión Europea ya les han planteado; o a impulsar un nuevo etiquetado para las prendas desde el que proporcionar más información y consejos para su óptimo cuidado y posterior reciclaje, siguiendo con la introducción del nuevo pasaporte digital que se está ultimando a nivel europeo; todo ello igualmente ya anunciado por la misma Comisión Europea, a finales de marzo de 2022.

Serían así pues, y a la vista de las informaciones de las que actualmente se disponen, unas intenciones las que se perseguirían desde esta proposición no de ley que más bien irían dirigidas a, no de ningún modo emprender ningún avance significativo ni ninguna clase de medida al margen de las ya conocidas e instadas desde Europa, sino a tratar de consensuar, junto a los principales representantes de la industria de la moda española, cuál será la posición del Gobierno de España, para la hora de terminar de acordar, desde el seno de la Unión, las medidas que afectarán al sector, en su decisivo y último paso a un nuevo modelo de economía circular. Una posición para la que corresponde al Gobierno responder, cuanto menos previa consulta con todos aquellos agentes con un papel activo y decisivo dentro de la industria, pero sin que ello deba de determinar su posición ni la del país, y sobre lo que de ningún modo podemos apreciar que vaya a suponer ni a derivar del mantenimiento de estas conversaciones en la asimilación de ninguna nueva práctica para el conjunto de la industria, más allá de las que se terminen de acordar, y aprobar, en el ámbito comunitario, siguiendo con lo ya detallado, y en la línea de las acciones que sobre desde la Comisión han venido avanzando, desde las anunciadas a finales de marzo de 2022. Medias sobre las que, esperamos, no estén ahora en intención de instrumentalizarse por parte ni del Ejecutivo ni de ninguno de sus socios de gobierno, más aún cuando descubrimos entre los puntos de la proposición no de ley el que apunta a la puesta en marcha de una campaña para concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de hacer un consumo responsable de ropa. Un loable objetivo, que en ningún caso debería de pasar por buscar hacer pasar como propios, a ojos de esa misma ciudadanía, unos avances en materia de circularidad en la industria de la moda y del textil que están llegando liderados desde Europa.