Demanda penal contra Nike, C&A y Patagonia por complicidad en los trabajos forzosos de los uigures

Siguiendo con las diferentes iniciativas legales que vienen desarrollando frente a los tribunales de distintos países europeos desde comienzos de este mismo año, el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos ECCHR ha interpuesto una demanda penal en los Países Bajos contra las multinacionales de la moda y del textil Patagonia, Nike, C&A y State of Art. Empresas originarias de esta misma región y de los Estados Unidos que mantienen en el país las distintas sedes desde las que operan en el mercado europeo, a las que acusan de haber sido cómplices, directa o indirectamente, de los supuestos trabajos forzosos y de las permanentes violaciones de los derechos humanos que el Gobierno de Pekín vendría ya desde hace largo tiempo practicando contra los miembros de la minoría uigur.

Como bien venimos explicando desde FashionUnited desde hace más de un año, existen diferentes informes internacionales, como el “Coercive Labor in Xinjiang: Labor Transfer and the Mobilization of Ethnic Minorities to Pick Cotton” (Trabajo coercitivo en Xinjiang: Traslado laboral y movilización de minorías étnicas para la recolección del algodón) elaborado por el Center for Global Policy (CGP), que alertan de los supuestos crímenes de lesa humanidad y contra los derechos humanos que el régimen chino estaría realizando contra la población uigur en la provincia china de Xinjiang. Donde, con la supuesta complicidad y el conocimiento de un buen grupo de distintas multinacionales occidentales —entre las que ya se apuntaba a Nike a comienzos de 2020—, se les estaría obligando, entre otras acciones, a participar de los procesos intensivos de recolección del ya conocido como “algodón de Xinjiang”. Unas supuestas prácticas esclavistas que ahora el ECCHR, de la mano del abogado especializado en derechos humanos Prakken d’Oliveira, solicita a la Fiscalía holandesa que investigue, con el fin de dilucidar la presunta complicidad que Patagonia, Nike, C&A y State of Art podrían haber tenido de esta violación sistemática de derechos humanos, que bien podrían constituirse en prácticas de crímenes de lesa humanidad.

“La decisión de no solo ceñirnos a la legislación penal nacional en materia de explotación laboral, sino de ampliar la denuncia y presentarla como de crímenes de lesa humanidad, subraya la escala de estos abusos que se están cometiendo en Xinjian”, entra a explicar Barbara van Straaten, abogada especializada en derechos humanos del despacho legal de Prakken d’Oliveira, a través de unas declaraciones difundidas desde el ECCHR. Una valoración con la que además Straaten destacada cómo la demanda presentada no hace más que ajustarse “a las manifestaciones” que en el mismo sentido han expresado diferentes “políticos y ONG”, que no han dudado en calificar “el trato que están recibiendo los uiguires de Xinjiang como de genocidio y de crímenes de lesa humanidad”.

“Es inaceptable que los gobiernos europeos critiquen a China por violaciones de los derechos humanos, mientras estas empresas posiblemente estén beneficiándose de la explotación de la población uigur”, añade por su parte Corina Ajder, asesora legal del ECCHR. “Ya es hora de que se investigue a los responsables corporativos y, si es necesario, que se les haga rendir cuentas”.

De Inditex a Hugo Boss: demandas en Francia, Alemania y los Países Bajos que ponen en entredicho las buenas prácticas de las empresas dentro de sus cadenas de valor

Esta denuncia presentada en los Países Bajos, como bien señalábamos, no constituye más que la última de las acciones emprendidas por el ECCHR y distintas asociaciones y organizaciones no gubernamentales europeas, dirigidas a esclarecer frente a los tribunales el papel activo y la connivencia que distintas compañías y multinacionales occidentales habrían tenido con las prácticas esclavistas impuestas, presuntamente, por el régimen chino contra los miembros de la población uigur.

A este respecto, la primera de las demandas se interponía en Francia a comienzos del pasado mes de abril, teniendo en aquel caso como objetivo esclarecer el papel supuestamente desempeñado por la española Inditex, la japonesa Uniqlo, la estadounidense Sketchers y el Grupo francés SMCP. Empresas a las que se les acusaba entonces, por parte de las organizaciones Sherpa, el Collectif Éthique sur l’étiquette, el Instituto uigur europeo y una víctima uigur, con el respaldo de distintas asociaciones como el propio ECCHR, de beneficiarse supuestamente de los trabajos forzosos a los que estaban siendo obligados los miembros de la población uigur, y por tanto participar de prácticas de genocidio y de crímenes de lesa humanidad. Extremo que todas ellas no dudaban en rechazar, en lo que no obstante no impedía a la Fiscalía francesa terminar por admitir a tramite la denuncia y abrir una investigación oficial. Circunstancia que, entre otros efectos, llevaba a Inditex a asistir a ver cómo hace escasamente unas semanas su propuesta de ampliación del Zara de Burdeos era rechazada, sobre los argumentos de que dicha investigación pone en entredicho, por ahora, la inocencia de la multinacional frente a los abusos de los uigures en China, de los que se sospecha que podría ser complice.

Siguiendo a esta acción, y previamente a la hora emprendida en los Países Bajos, el mismo ECCHR imponía a comienzos de este pasado mes de septiembre una demanda por idénticos motivos en Berlín. Denuncian que entonces se dirigía contra distintas compañías y marcas de alto perfil dentro del ámbito de la moda y del textil, de entre las que se destacaban la firma de moda lujo Hugo Boss y la cadena de supermercados Lidl, con intereses igualmente en el ámbito de la moda.

Una supuesta violación de los derechos humanos frente a la que responden desde Estados Unidos y Europa

En el trasfondo de todas estas actuaciones, frente a las que ahora no han dudado en mostrar su agrado y conformidad asociaciones como el Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) o la Clean Clothes Campaign (Campaña ropa limpia) de los País Bajos, se encuentran los supuestos crímenes de lesa humanidad que esos distintos informes señalan que se están practicando en la región china de Xinjiang. Abusos que lejos de disminuir se habrían estado intensificando por parte del régimen de Pekín desde el año 2017, explican desde el ECCHR, frente a lo que no han sido pocas las iniciativas que se han encargado de desarrollar distintos gobiernos y empresas privadas, de cara a poder poner en evidencia y punto final.

En este sentido, el Departamento de Aduanas y de Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) emitía a mediados de este pasado mes de enero de 2021 una orden de bloqueo para todos los productos de algodón producidos en la Región Autónoma china de Xinjiang. Mientras que, desde Europa, el pasado marzo aprobaba una resolución en relación a los deberes y la responsabilidad corporativa de las empresas presentes en el mercado europeo, mediante la que se insta ahora a la Comisión Europea a desarrollar las herramientas necesarias para que los diferentes estados de la Unión obliguen a sus respectivas empresas a “velar” por los derechos humanos y medioambientales de sus prácticas empresariales. Resolución en la que se hacía mención expresa a la problemática de los uigures en China, y en cuya redacción había colaborado la multinacional de la moda sueca H&M. Razón por la que se valora que desde el Gobierno chino se terminó por alentar el boicot generalizado contra la cadena que se produjo hacia finales del mismo mes.

“La eminente falta de transparencia dentro de las cadenas de suministros y en los flujos comerciales, hacen que sea muy difícil para las organizaciones de derechos laborales investigar posibles violaciones de los derechos de los trabajadores”, lamenta Martje Theuws, investigador principal de la organización, con sede en Ámsterdam, SOMO. “Las iniciativas corporativas voluntarias no han logrado brindar suficiente transparencia y mejores condiciones de trabajo en la industria global de la confección”, mantiene, en lo que parece ser un llamamiento a reforzar y acelerar aquellas iniciativas legales que deben comenzar a obligar a las compañías a responsabilizarse de todo cuanto ocurra dentro de su cadena de valor.

“Según Amnistía Internacional, el Gobierno chino persigue sistemáticamente a la minoría musulmana uigur en Xinjiang”, apuntan desde el ECCHR. “Al parecer”, añaden, “decenas de miles se ven obligados a cosechar algodón y a fabricar prendas de vestir, que también se venden en el mercado europeo”. A este respecto, “los informes de las investigaciones, así como la información hecha pública de las distintas cadenas de suministros de las marcas investigadas, muestran que las empresas tienen proveedores con instalaciones y centros de producción en Xinjiang”, lo que terminaría por demostrar el que, de ser cierto y ciertas igualmente las sospechas de trabajo esclavo, sí estarían participando y beneficiándose de estas, por ahora, supuestas violaciones contra los derechos humanos de los uigures.