La Fiscalía francesa abre una investigación contra Inditex por encubrimiento de crímenes de lesa humanidad

Madrid – Dando visos de credibilidad a la demanda penal presentada, hacia mediados de este pasado mes de abril, por distintas organizaciones no gubernamentales y una supuesta víctima de trabajos forzosos uigur, la Fiscalía nacional antiterrorista de Francia (PNAT) ha abierto una investigación contra la compañía española Inditex y otras tres grandes multinacionales vinculadas a la industria de la moda y del retail, con el fin de dilucidar si han participado de algún modo, y en qué grado, en el encubrimiento de los crímenes de lesa humanidad y de genocidio que el Gobierno de Pekín habría venido realizando sobre los miembros de la minoría étnica de los uigures.

Tal y como adelantábamos entonces desde FashionUnited, las organizaciones Sherpa, el Collectif Éthique sur l’étiquette, el Instituto uigur europeo y una víctima uigur, representada por el despacho legal Cabinet Bourdon&Associés, presentaban el pasado mes de abril, con el apoyo de varios eurodiputados, una demanda penal ante el Tribunal Judicial de París contra el Grupo español Inditex, matriz de cadenas de moda tan conocidas como Zara, Bershka, Pull&Bear o Massimo Dutti; el gigante de la moda japonesa Uniqlo; la compañía estadounidense especializada en calzado Skechers; y contra el Grupo francés SMCP, matriz de marcas como Sandro, Maje, Claudie Pierlot y De Fursac. Compañías todas ellas a las que acusan de connivencia con el régimen de Pekín y de beneficiarse, y participar, en el encubrimiento de los crímenes de lesa humanidad y de las prácticas de trabajo forzoso a las que el Gobierno chino vendría sometiendo a la minoría étnica de los uigures presente en la región de Xinjiang. A cuyos miembros, entre otras acciones, estaría obligando a participar de la recolección, mediante prácticas intensivas, del conocido como “algodón de Xinjiang”.

Connivencia con el régimen de Pekín

Para sostener esta serie de duras acusaciones, los demandantes se valen de los claros indicios sobre estas prácticas contra los uigures que se vienen recogiendo, a lo largo de estos últimos años, por distintas organizaciones internacionales.

A este respecto, se destaca de manera preeminente el informe publicado, el pasado marzo de 2020, por el Australian Strategic Policy Institute. Un documento del que se valen los demandantes para fundamentar los evidentes signos de sospecha que existirían sobre todo y cada uno de los artículos confeccionados “en” o partir “de” cualquier tipo de materia prima con origen en esta región de la China continental. Alegando en este sentido el que las compañías demandas no solamente son conocedoras de las prácticas abusivas y esclavistas que vendrían aplicando desde las altas instancias del Gobierno de Pekín, como origen mismo de los artículos que posteriormente ponen a disposición de sus clientes, sino que se habrían decidido a beneficiarse y a participar activamente de ellas al decidir, conociéndolas, no romper sus acuerdos con los proveedores de los que disponen con claros vínculos y amplia presencia con esta región de Xinjiang. Acciones por las que, entienden los demandantes, habrían todas ellas incurrido en graves infracciones tanto éticas como penales, como las de los delitos de trata de seres humanos en forma de banda organizada o del de genocidio.

Una investigación oficial que viene a dar veracidad a la acción de los demandantes

La cuestión de mantener o romper sus vínculos con las empresas y proveedores que llevan a cabo su actividad “en” o partir “de” los recursos generados en esta parte de China, se está mostrando asimismo como un punto difícil de resolver por parte de los grandes grupos multinacionales. Compañías que por un lado buscan mantener sus buenas relaciones con el régimen chino, con vistas a garantizar los suculentos resultados que vienen generando año tras año en el país asiático, al tiempo que igualmente buscan mostrarse ante sus comunidades de clientes como unas empresas socialmente comprometidas que, evidentemente, no se benefician de ningún tipo de acción esclavista ni de ninguna otra clase de abuso. Unas garantías que, en el caso de las demandadas, quedan ahora bajo claros indicios de sospecha. Y más aún en el caso de la compañía española, desde donde a finales de marzo se decidían a retirar de su página oficial una declaración de “tolerancia zero frente a los trabajos forzosos”, en la que, de manera clara y explícita, apuntaban que “tras una investigación interna podemos confirmar que Inditex no tiene relaciones comerciales con ninguna fábrica de Xinjiang”. Limitándose en estos momentos la respuesta de la compañía a una condena general y al rechazo, dentro de sus estructuras, de cualquier práctica de trabajo forzoso o esclavista.

La investigación ahora abierta, hacia finales de esta pasado mes de junio según el medio francés Mediapart, por la Fiscalía nacional antiterrorista de Francia “evidencia la potencial implicación de estos actores económicos en la comisión de graves delitos, con el fin único de incremente sus márgenes de beneficio”, explicaba Sandra Cossart, directora del colectivo Sherpa, a lo largo de unas declaraciones a la agencia francesa AFP. “No obstante”, añade Cossart, “es importante no limitarse a los pocos agentes a los que aquí se apunta”.

“Esta investigación va a abrir necesariamente la puerta a que respondan legalmente todos aquellos que, con total impunidad, pensaron que podían importar a Francia, por el mero hecho de enriquecerse, materias y productos a costa de lágrimas y de sangre”, añadía a este mismo respecto William Bourdon, abogado que actúa en representación de los demandantes.

Inditex, SMCP y Uniqlo rechazan las acusaciones

Por parte de Inditex y de SMCP, ambas compañías se habrían decidido a salir al paso de la apertura de esta investigación asegurando su total rechazo hacia cualquier práctica esclavista o de abuso dentro de sus modelos de negocio. Así como su plena disposición a colaborar con los responsables de la Fiscalía encargados de aclarar la cuestión.

“Rechazamos enérgicamente estas acusaciones”, manifestaban así pues desde el Grupo francés SMCP, al tiempo que aseguraban contar con claras intenciones de “cooperar plenamente con los responsables de la investigación para demostrar que son falsas”. Mientras que desde la compañía española se han encargado de señalar que el Grupo aplica una “tolerancia cero hacia cualquier forma de trabajo forzoso” y que cuenta con “procedimientos que garantizan el que estas prácticas no se dan dentro de su cadena de suministros”, explicando a su vez el que la compañía ya llevó a cabo un “riguroso” control de trazabilidad sobre sus estructuras, con el que pudo “comprobar que las alegaciones sobre las que se sostiene la demanda carecen de fundamento”.

Por último, desde la japonesa Uniqlo, en declaraciones igualmente a la agencia francesa AFP, han indicado que todavía no se les ha notificado la apertura de ningún tipo de investigación, y que cuando lo hagan “cooperaremos plenamente con los investigadores para reafirmar que no hay trabajo forzado en nuestras cadenas de suministro”. Destacando a este respecto que, al igual que Inditex, la multinacional dispone de una serie de controles que lleva a cabo inspecciones periódicas, realizadas por terceros, con el fin de garantizar que ninguno de sus proveedores violan los derechos humanos. Unos controles así pues que “no han aportado pruebas de trabajo forzado ni de ninguna otra violación de los derechos humanos entre ninguno de nuestros proveedores”, apostillando el que, en caso de que hubiera algún tipo de prueba a este respecto, la compañía cesaría toda relación comercial con el proveedor en cuestión.

Europa obligará a las empresas a responsabilizarse de sus cadenas de suministros

Como fondo de todas estas cuestiones, se evidencia así pues que el punto de mayor conflicto y la principal sombra de sospecha se encuentra situada, una vez más, en relación a las estructuras vinculadas a las distintas cadenas de suministros de las diferentes grandes compañías internacionales. Un importante aspecto de sus respectivos modelos de negocio, frente al que, en relación con el mercado Europeo, las compañías no podrán seguir apartando la mirada ni obviando sus responsabilidades, una vez que sea aprobada la nueva legislación sobre diligencia debida que tiene el mandato de desarrollar la Comisión Europea.

Esta nueva normativa de responsabilidad corporativa, cuyas líneas generales se encargaban de aprobar desde el Parlamento Europeo a finales del pasado mes de marzo, pasará a obligar a las empresas a tener que velar por la integridad y las buenas prácticas dentro de sus cadenas de suministros. Una nueva legislación que imposibilitará la venta en territorio comunitario de cualquier producto con visos de sospecha ética o medioambiental, de cuyo desarrollo participaba la multinacional de la moda sueca H&M y cuya aprobación se presentaría así como el principal origen del férreo boicot que se producía, hacia finales del pasado mes de marzo, contra un buen número de firmas internacionales en China. Cuyo Gobierno sigue rechazando cualquier tipo de acusación o de sospecha sobre las empresas y el algodón con origen en la región de Xinjiang. Una materia prima cuya importación, tanto en bruto como parte de cualquier producto manufacturado, ya está prohibida por el Departamento de Aduanas y de Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) desde comienzos de este mismo año.