Inspección de Trabajo abre expediente sancionador a Inditex por pagar por debajo del convenio

Madrid – En un lunes de noticias en el que buena parte de la actualidad viene marcada desde Galicia, desde el sindicato de la Confederación Sindical Galega (CIG) no han dudado en salir a celebrar la apertura por parte de Inspección de Trabajo de un expediente sancionador contra Inditex, por irregularidades en los pagos a sus trabajadores temporales de la provincia de La Coruña. Una desviación que, lejos de quedar ahí, ahora Trabajo revisará hasta qué punto y grado se ha terminado por replicar en otras provincias españolas.

Como origen de esta última controversia que gravita en torno al gigante de la moda española, debemos situar las protestas que los trabajadores de tienda de Inditex de la provincia de La Coruña, organizados por la misma CIG, protagonizaron durante los últimos meses de 2022, y que terminaron por frenarse con un acuerdo entre la empresa y los representantes de sus trabajadores a finales del mismo año. Un documento con el que, además de acordar desconvocar la huelga que se había organizado para la jornada del 23 de diciembre, la dueña de Zara accedía a elevar los salarios de sus trabajadores de tienda de toda la provincia en 322 euros al mes, con efecto inmediato y retroactivo a la nómina de noviembre; para además desde ahí elevarlos hasta los 380 euros al mes, para finales de 2024.

No obstante, y lejos de quedar ahí, esas mejoras —sustanciales mejoras— de las condiciones laborales de los trabajadores de tienda de Inditex en La Coruña, pasaron acto seguido a situarse como una meta a alcanzar por el resto de trabajadores del grupo del resto de las provincias del país. Unas plantillas que no tardaron en organizarse y en convocar sus propias jornadas de huelgas y de concentraciones, arrancando así una oleada de protestas dentro del grupo a la que la compañía lograba poner freno con un “acuerdo histórico”, y a nivel nacional, desde el que lograba volver a hacer reinar la paz dentro la compañía, eso sí, tras acceder a aumentar los salarios de sus trabajadores de tienda entre un +20 y un +25 por ciento.

Tras ambos acuerdos, desde la CIG no tardaron en sospechar que desde Inditex no se estaban aplicando las subidas acordadas sobre las nóminas de sus trabajadores temporales de la provincia de La Coruña; unas sospechas que terminaron por elevar a la Inspección de Trabajo. Un órgano desde el que ahora, y según han anunciado al respecto desde el mismo sindicato nacionalista gallego, han terminado por constatar que Inditex lleva años pagando a sus trabajadores temporales salarios inferiores a los acordados, como consecuencia de una irregularidad detectada en el ámbito de la provincia de La Coruña, y que habría afectado a cientos de trabajadores, que habrían recibido de entre 6 000 a 7 000 euros menos de lo que realmente les hubiera correspondido. Unas cantidades que Trabajo, junto a las cotizaciones no abonadas, reclamarán a la dueña de Zara, para un periodo que iría desde finales de 2022 y hasta llegar al día de hoy, y para el que además se disponen a analizar, tras la apertura del correspondiente expediente sancionador a Inditex, hasta en qué punto esa irregularidad se habría venido igualmente replicando en otras provincias españolas.

“La Inspección de Trabajo de La Coruña, a petición de la CIG, acaba de confirmar que Inditex lleva años pagando a sus trabajadores subcontratados por ETT salarios inferiores a los establecidos en el convenio colectivo provincial para el comercio vario”, señalan desde el sindicato nacionalista gallego. De este modo y “tras el informe realizado”, Trabajo “ha iniciado un procedimiento sancionador contra Inditex”, y “va a reclamar las cotizaciones y los salarios que se dejaron de abonar por la compañías desde el año 2022”; y todo mientras “ampliará sus actuaciones a todo el Estado”.

Una investigación obstaculizada por Inditex

Además de celebrar este logro en su defensa de los derechos de los trabajadores, desde la CIG han aprovechado para al tiempo denunciar de manera pública los obstáculos que Inditex, sostienen, les puso para la hora de facilitarles los datos que sirvieran para confirmar o desmentir que efectivamente se estaban produciendo estas irregularidades. Una actitud frente a la que desde la CIG ya advirtieron a la compañía de que responderían acudiendo ante la Inspección de Trabajo, sin que ello surtiera ningún efecto, y poniendo de algún modo de manifiesto el conocimiento por parte de la empresa de esta irregularidad, que habría afectado a cientos de trabajadores solamente en la provincia de La Coruña, a los que la compañía, señala el sindicato no habría pagado ni los 200 euros mensuales acordados tras las protestas de 2023, ni las comisione, ni otros complementos fijados por convenio y por acuerdos con la propia empresa.

“Hay cientos de trabajadores afectados a los que Inditex ha dejado de pagar miles de euros”, denuncia Roberto Pérez, secretario de Acción Sindical de CIG-Servicios. Sindicato desde el que cifran en “una diferencia anual de entre 6 000 y 7 000 euros” lo que estos trabajadores recibieron y “lo que deberían haber recibido los empleados contratados por ETT”, y a los que “Inditex está pagando 4,5 euros/hora menos de lo estipulado en el convenio colectivo” de la provincia de La Coruña. Una irregularidad frente a la que del mismo modo se censura el que Inditex “dificultó enormemente la denuncia y la investigación al negar sistemáticamente a los comités de las distintas marcas los datos sobre la contratación a través de empresas de trabajo temporal, con el objetivo de ocultar esta grave infracción”. Una conducta frente a la que ya en su momento la CIG “advirtió a Inditex”, y “en repetidas ocasiones”, de “que no estaba cumpliendo con la legislación laboral, y que acudiría a la Inspección de Trabajo”, aunque “la empresa se negó a corregir estos errores”.

La antesala del convenio de Arte

Además de todo lo ya señalado, y en lo que no resulta ser una cuestión ni mucho menos menor, desde la CIG han advertido que esta irregularidad no deja de ser una antesala de lo que se pretende lograr con la redacción y aprobación del primer Convenio Colectivo estatal para las grandes cadenas de moda y calzado, que se está terminando de negociar entre los sindicatos CCOO y Fetico y la Asociación Retail Textil España (Arte). Una organización empresarial que no por casualidad se terminó por constituir en mitad de ese creciente clima de conflictividad laboral que se dio en el seno de las plantillas de Inditex entre finales de 2022 y comienzos de 2023, contando como principal cometido el de lograr acordar un convenio marco para el conjunto del sector de las grandes cadenas de moda, que impidiese que se repitieran a vivir episodios como el de entonces. Un fin frente al que ya han alzado la voz tanto desde la UGT como desde la CIG, convocando nuevas concentraciones, manifestaciones y hasta huelgas de 24 horas, para este próximo viernes 17 de abril. Una jornada que llaman a secundar a todos los trabajadores del sector del comercio, y a los que desde la CIG advierten ahora de que se verán afectados tanto si pertenecen como si no al ámbito al que se circunscribe el convenio de Arte, en la medida en la que su aprobación conllevará el fin de la negociación provincial de nuevos convenios para el sector del comercio en toda España.

En este sentido resulta de necesidad señalar “la relación de esta investigación con el impulso de Inditex para la constitución de la asociación patronal Arte y la negociación del primer Convenio estatal para el comercio a gran escala de textiles y calzado”, apuntan desde la CIG. Y es que “con la firma del convenio de Arte”, subraya Roberto Pérez, “Inditex pretende legalizar esta práctica, pactando a nivel estatal salarios inferiores a los reconocidos en el Convenio provincial de La Coruña, y pudiendo seguir haciéndolo sin compensar las mejoras económicas que los trabajadores han logrado tras años de lucha”, y eso sin dejar de pasar por alto de que “la aprobación del convenio de Arte hará prácticamente imposible la negociación de convenios provinciales, lo que también perjudicará a los trabajadores de las pequeñas empresas”, añaden desde el sindicato nacionalista gallego.