Greenpeace llama a la banca privada a no financiar la planta de Altri en Galicia

Madrid – La organización ecologista Greenpeace aumenta la presión contra el proyecto de fábrica de fibras sostenibles que la portuguesa Altri mantiene proyectado construir en Galicia, y llama a la banca privada a no financiar la construcción de la planta. Una demanda que han lanzado al tiempo que siguen sucediéndose los actos de protesta públicos contra el proyecto, tras una última manifestación multitudinaria que congregó a miles de personas este pasado 1 de junio en Galicia.

Empezando justamente por este punto, y siguiendo con lo ya adelantado por FashionUnited a comienzos del pasado mes de mayo, tras el más simbólico que concurrido acto de protesta contra el proyecto de Altri en Galicia celebrado en Madrid, a las mismas puertas del Congreso de los Diputados, convocado por Greenpeace, Ecologistas en Acción y por la plataforma vecinal Ulloa Viva, las protestas contra la construcción de la planta que la compañía portuguesa mantiene por objetivo levantar en el municipio gallego de Palas de Rey, regresaban a Galicia este domingo 1 de junio con la celebración de una “doble marcha” convocada desde los municipios de Pontevedra y Marín. Una manifestación convocada en esta ocasión por la Asociación para la Defensa de la Ría (APDR), junto a la Plataforma por una Ulloa Viva y la Plataforma en Defensa de la Ría d Arousa (Pedra), de la que volvieron a participar diferentes colectivos y organizaciones, entre ellas el sindicato nacionalista de la Confederación Intersindical Galega (CIG), la Comunidad de Montes Vecinales en Man Común de Tameiga (CMVMC Tameiga), y las mismas Ecologistas en Acción y Greenpeace.

Convocada bajo el lema “Nin Ence na ría, nin Altri na Ulloa”, la marcha, que terminó por congregar, según sus organizadores, a “miles de personas”, arrancó de manera simultánea en torno a las 12:00h de la mañana del domingo 1 de junio desde las Alamedas de Marín y de Pontevedra, para finalizar frente a las puertas de la planta de celulosa con la que cuenta Ence Energía y Celulosa en el municipio de Lourizán. Una fábrica frente a cuyas puertas se procedió a recordar todo el proceso que condujo a que, en 2016, el Tribunal Supremo terminase por avalar la prórroga concedida por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy para que la planta de Ence pudiera seguir operando desde la ría de Pontevedra por 60 años más, así como a la lectura de un manifiesto desde el que los convocantes de la protesta llamaron a “recuperar el futuro para Galicia con la salida de Ence de la ría y la paralización del proyecto de Altri”.

A pesar de este modo de ser una marcha y manifestación que tenía lugar en oposición a ambas plantas, la operada por Ence, y la proyecta por Altri, fue esta segunda la que terminó por protagonizar la protesta, desde un acto con el que sus convocantes llegaban para prácticamente conmemorar al tiempo el ya más de un año completo de lucha que han venido sosteniendo en oposición al proyecto de la compañía portuguesa. Una iniciativa industrial impulsada por la misma Xunta de Galicia, a través de un concurso público del que Altri logró terminar por imponerse al presentar la, considerada, mejor de las propuestas, pero en lo que sin embargo no impidió el que desde el primer minuto empezasen a alzarse voces en contra de la construcción de la planta para la producción de fibras sostenibles que, a través de su filial Greenfiber, participada en un 75 por ciento por Altri y en el 25 por ciento restante por la gallega Greenalia, la portuguesa contemplaba construir, tal y como estableció la Xunta como base de aquel concurso, en el municipio de Palas de Rey. Una fábrica desde la que se contemplan producir fibras circulares de una naturaleza más sostenible y de base celulósica para la industria textil y de la moda, y en contra de cuya construcción el 26 de mayo de 2024 tenía lugar una primera gran manifestación, de la que se estima que terminaron a participar más de 20 000 personas, según los organizadores, en el mismo municipio de Palas de Rey. Un primer acto de protesta contra el proyecto de Altri, tras el cual no han cesado de sucederse las campañas, las manifestaciones, las concentraciones y los actos de protesta contra la construcción de la fábrica, como la multitudinaria manifestación que alcanzó a tener lugar el pasado mes diciembre en Santiago de Compostela, y hasta llegar hasta esta última de Pontevedra.

“Si la Xunta y Altri pensaban que con el tiempo la masiva oposición a su macrocelulósica iba a amainar, hoy se ha vuelto a demostrar que la sociedad civil gallega no va a permitir que se destruya su naturaleza, sus sectores primarios y su patrimonio material e inmaterial”, afirma Manoel Santos, coordinador de Greenpeace en Galicia, a lo largo de unas declaraciones hechas públicas por la organización ecologista con motivo de la celebración de la marcha. “Llevamos más de un año de lucha y vamos a continuar hasta que se descarte esta barbaridad”, añade Santos, quien advierte de que “ya sea por medio de la voz de decenas de miles de personas o por medio de demandas judiciales, este proyecto no va a salir adelante porque es tremendamente injusto para el país”.

Bloqueo de fondos, públicos y privados

“Calentando” esta marcha del pasado domingo, ya durante el viernes día 30 desde Greenpeace emitían un comunicado desde el que anunciaban que llaman a la banca privada para que no financie la construcción de la fábrica de celulosa de Altri en Galicia. Un proyecto para el que se estima que será necesaria una inversión de unos 1 000 millones de euros, de los que unos 250 millones de euros son los que desde Altri aspiraban, y aspiran aún a pesar de su exclusión de las últimas ayudas del Perte a la Descarbonización, a que sean financiados con fondos públicos, canalizados principalmente a través de los fondos “Next Generation” de la Unión Europea que se encargan de repartir y gestionar desde el Gobierno central, y con buena parte de los cerca de los 750 millones de euros restantes estando previsto el que se aporten a través de distintos mecanismos de financiación. Unas vías, la pública, y ahora también la privada, que desde Greenpeace están tratando de bloquear para con ello impedir el que Altri pueda llegar a disponer de los recursos económicos necesarios para la construcción de la planta.

En esa intención, desde Greenpeace han vuelto a hacer un llamamiento al Gobierno de España para que niegue la concesión de cualquier financiación pública al proyecto. Una reclamación a la que ahora, y siguiendo con lo ya señalado, además suman la que han hecho igualmente a la banca privada, para que niegue y no conceda ninguna clase de crédito ni mecanismo de financiación que pueda servir e ir destinado a financiar la construcción de la fábrica. Una medida para la que la organización ecologista ha unido fuerzas con la Red Environmental Paper Network (EPN), desde la que se trabaja por impulsar las industrias forestales hacia modelos más sostenibles y comprometidos, y con BanckTrack, organización internacional desde la que por su parte tratan de alinear las políticas bancarias con las necesidades y demandas de la sociedad. En ese esfuerzo, desde BanckTrack tratan de guiar a los bancos comerciales para que tomen decisiones basadas en una mayor responsabilidad ética, social y ambiental, contando entre sus herramientas con los ficheros “Dodgy Deal”. Un listado, accesible de manera pública de forma online, con el que desde BanckTrack tratan de ejercer una presión notoria y pública sobre los bancos y las entidades de crédito para que no financien aquellos proyectos y/o empresas señalados por la organización como “perjudiciales”, ya sea por sus implicaciones sociales, éticas y/o ambientales. Listado al que desde BanckTrack acaban de incorporar al Proyecto Gama, nombre que recibe la planta que Altri mantiene proyectada construir, a través de su filial Greenfiber, en el municipio de Palas de Rey.

“La construcción del Proyecto Gama en una región ya abrumada por más de 1,3 millones de hectáreas de monocultivos de eucalipto profundizaría la pérdida de biodiversidad, intensificaría el colapso ecológico y aumentaría la vulnerabilidad de la región al cambio climático”, se detalla desde la ficha de la fábrica que puede consultarse en BanckTrack. Desde esas consideraciones, además “el proyecto amenaza la biodiversidad de la cuenca del río Ulla, parte de una zona protegida de la Red Natura 2000, y a sus especies endémicas”, y su construcción igualmente “destruirá el patrimonio cultural de la región, incluido el Camino de Santiago, y transformará una zona rural en una zona industrial”. Por todo ello, y “debido a los riesgos e impactos no mitigados que conlleva, los bancos e inversores no deberían proporcionar ningún tipo de financiación a este controvertido proyecto”.

“Ante la creciente preocupación de que este proyecto tan dañino pueda seguir adelante a pesar de la resistencia local, la información proporcionada en el perfil de BankTrack es crucial para garantizar que todas las partes interesadas, incluidos los posibles financiadores, sean plenamente conscientes de las consecuencias negativas que este proyecto tendrá para la salud de las personas, los ecosistemas locales, la economía y los medios de vida tradicionales”, sostienen desde Greenpeace. A ese mismo respecto, apuntan desde Greenpeace, el fichero “destaca el impacto devastador en la biodiversidad y varias especies endémicas” que acarreará la construcción de la planta; el “alto consumo de agua, que supera el de la población total de la provincia de Lugo, de unos 325 000 habitantes”; y advierte “sobre un posible aumento en la demanda de plantaciones de eucalipto, que podría llegar a sumar hasta 190 000 hectáreas en la región peninsular”, un zona “donde estos cultivos ya están más concentrados”, y en “lo que también aumenta el riesgo ante los incendios forestales”. Unos potenciales impactos frente a los que desde Greenfiber ofrecen sus propias respuestas, desde su página online oficial; respuestas antagónicas a las sentencias esgrimidas por Greenpeace, organización para la que no cabe duda alguna de que, concluyen, “el proyecto de Altri supone un riesgo reputacional que ningún banco o inversor responsable puede permitirse ignorar”.