VOX alimenta la polémica por “Dmocracia” y solicita su registro como marca de moda

Madrid – Continúa la polémica en torno a la ya podemos tildar que más que controvertida campaña de propaganda impulsada por el Gobierno bajo el paraguas de “Dmocracia”. Nombre de la iniciativa, y de la ficticia firma de moda que presenta como su protagonista, y para la que la formación política VOX, presidida por Santiago Abascal, ha presentado una solicitud para su registro ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Completando de este modo las informaciones sobre esta acción, impulsada por el Gobierno a través de la iniciativa gubernamental “España en Libertad. 50 años” de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, a la que dábamos paso desde FashionUnited a finales de la semana pasada, como una de las noticias que durante estas últimas jornadas han vuelto a poner a la moda en el centro del debate político de nuestro país, trascendían las primeras informaciones que apuntaban a que VOX había pasado a solicitar ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) la solicitud para el registro de la marca “Dmocracia”. Denominación empleada por el Gobierno para la creación de la marca de moda que acompaña a la acción del mismo nombre puesta en marcha por “España en Libertad”; firma sobre la que recordamos, e incidimos, en que cuenta con un carácter ficticio, de ahí el que no se hubiera registrado como tal, y sobre la que desde la misma iniciativa del Ejecutivo han precisado que únicamente se han producido una serie limitada de sus prendas, con el único objetivo de servir de apoyo a la campaña de promoción, y en ningún caso destinadas a su venta y comercialización.

Siguiendo de igual manera con lo ya apuntado por FashionUnited en su análisis inicial de esta controvertida acción, tras su puesta en marcha a mediados de junio no ha sido sin embargo hasta entrados en estas primeras semanas del mes de julio cuando ha terminado de estallar la polémica por el lanzamiento de “Dmocracia”. Polémica alimentada por la desinformación y poca claridad con la que la acción se había venido promocionando desde su lanzamiento a través de una reducida lista de medios de comunicación, entre ellos la revista ICON El País, Código Nuevo, Nuebo o Watif TV, y de la mano de una curada selección de perfiles en las redes sociales, como los de Marina Barcelona y Jaleel Costa o los de Marina Rivera y Sara Fructoso, las dos influencers que justamente han puesto cara a esta campaña. Acción desde la que sin embargo en el momento de su activación no se terminó de aclarar que el lanzamiento se limitaba a ser el de una campaña de propaganda y de comunicación, y no al de una colección cápsula —tal y como se publicitaba— que parecía esbozar la incipiente creación de una marca de moda. De ahí el que no fueran pocas las voces, tanto de dentro como de fuera de la industria de la moda, que alzaron la ceja y que públicamente se posicionaron en contra de esta supuesta “incursión” del Gobierno en el mercado, incursión para la que además se señalaba que el Ejecutivo estaba destinando 14,6 millones de euros.

A este respecto, además de perfiles como el de Juan Fernández-Estrada, cofundador y codirector ejecutivo de Blue Banana, era el mismo Santiago Abascal, presidente del partido político VOX, quien públicamente cargaba contra el Gobierno por esta incierta campaña, durante su participación en la II edición de los Cursos de Verano del centro universitario CEU María Cristina. Un programa del que participaba el pasado 8 de julio, impartiendo una ponencia en el marco del curso “Demografía e inmigración: el destino en juego”, desde la que censuraba cómo el Gobierno siempre tiene “algo con lo que es capaz de sorprendernos”, y “lo hemos visto anteayer mismo, con la edición de una marca pública de ropa, en la que el Gobierno, en la que el Estado, se ha gastado 14 millones de euros de los españoles que no llegan a final de mes”. “Parece una minucia”, proseguía en su alocución el presidente de VOX, “pero es muy significativo de hasta qué punto este Gobierno no tiene límites, y no los tendrá, hasta las elecciones, ni en el proceso electoral”.

De la censura, a su registro como marca propia

Justo el mismo día en el que Abascal pronunciaba esas palabras, el partido político que cofundó y que lidera como presidente presentó la solicitud para el registro de la marca “Dmocracia” ante la OEPM, tal y como consta en la ficha de registro de la que de manera pública informa el organismo público encargado de gestionar y proteger los derechos de propiedad industrial en España. Una solicitud que actualmente se encuentra en fase de tramitación, y para la que además se precisa que VOX la ha presentado para el registro de la marca en la clasificación Niza número 25; clase que corresponde al registro para las marcas de prendas de vestir, calzado y artículos de sombrerería.

Más allá de esa información inicial facilitada desde la OEPM, desde la que igualmente se precisa que el registro se ha hecho para la protección de la marca como marca figurativa, es decir para la protección tanto de su nombre como del logotipo y de la imagen empleada por el Gobierno para la promoción de la campaña y de esta ficticia firma de moda, desde el partido político no se han pronunciado sobre qué intenciones realmente mantienen para “Dmocracia”. Marca de cuyo registro podrían valerse desde para la producción de artículos propios y de partido; para tratar de bloquear las acciones promocionales y de campaña de la iniciativa “España en Libertad”; o para simplemente buscar poner en cuestión la acción del Ejecutivo. Cuestiones todas estas para las que no obstante ni tan siquiera está asegurado que el partido pueda finalmente llegar a registrar la marca como propia, incluso aún cuando el Gobierno no haya impulsado, como es el caso, su registro como marca propia en primer lugar.

A este respecto, atendiendo a las diferentes disposiciones que contempla la Ley de Marcas, y en particular a las que se incluyen en su Artículo 19, sobre “Oposiciones y observaciones de terceros”, en este punto concreto de la norma se precisa que los órganos de las Administraciones Públicas y las asociaciones y organizaciones de ámbito nacional o autonómico podrán presentar alegaciones para la denegación de oficio del registro de una marca ante la OEPM, atendiendo a lo que contempla la Ley en su Artículo 5 sobre “Prohibiciones absolutas”. Epígrafe en el que, de manera concreta, y entre otros supuestos, se incluye, en su apartado “g”, la prohibición del registro para aquellas marcas que “puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio”. Supuesto que podrían alargar desde el Ejecutivo para impedir que VOX, como partido, instrumentalizase una marca que el público, de entrada, podría identificar con una acción institucional.

Con 193.900 euros para “influencers” y su difusión en redes sociales

Poniendo el foco sobre la cuestionada partida de fondos públicos que se han destinado a esta acción de “España en Libertad”, lejos de esos 14,6 millones de euros a los que se señaló en un primer momento por distintos medios de comunicación y personajes como Abascal, desde la Comisión de la iniciativa gubernamental se ha precisado que la campaña contará con una partida de fondos de 379 115 euros. Cuantía de la cual 112 783 euros se han destinado a la producción de las prendas, diseñadas por el artista e ilustrador madrileño Bnomio; 59 680 euros para las sesiones fotográficas; 10 000 euros para las labores de diseño y de asesoría; y 2 752 euros para envíos, almacenaje y tarjetas. Completándose las partidas con los 193 900 euros que, como asignación más elevada, se ha destinado para la difusión de la campaña en las redes sociales. Una dotación de fondos esta en la que se incluirían las cuantías que se han abonado a los diferentes influencers que han, y están, participando de la promoción de la campaña, entre ellos una Marina Rivera, Rivers en redes sociales, que ya ha anunciado que donará todo cuanto ha recibido por su participación en la campaña. Donación de la que ha aseverado que informará una vez que termine por decidir a qué causa o ONG decide donar sus honorarios.

En este sentido, y a lo largo de un mensaje de cerca de siete minutos que la propia influencer se decidía a difundir desde sus redes sociales a finales de la pasada semana, después de ver cómo “hasta representantes políticos se creen en la libertad de insultarme y llamarme ‘subnormal’ públicamente”, en relación a la respuesta dada a la campaña por el europarlamentario español Alvise Pérez, y de asistir a toda “la demagogia, los insultos y las amenazas” que ha generado la campaña, “tengo que explicaros las cosas porque parece que la gente no entiende absolutamente nada”, arrancaba Rivera su alocución. Unas palabras tras las cuales, en primer lugar, abiertamente criticaba que se cuestionasen los fondos destinados a la campaña y el que se recurra a “la demagogia de ‘esto puede haber sido para los niños con cáncer’”, cuando “el gasto en publicidad institucional este año es de 270 millones de euros”, o cuando RTVE se ha gastado “55 millones de euros” para “ver el mundial”. Y dicho eso, “todo lo que he percibido yo por esta campaña”, que rondaría los 20 000 euros, “lo voy a donar”, anunciaba la influencer, antes de remarcar cómo “no tengo ningún tipo de relación con el Gobierno, yo no tengo ningún contrato con el Gobierno”, y “yo he hecho una campaña sobre la libertad” y para “celebrar la democracia”.