Juan Fernández-Estrada (Blue Banana) carga contra la desprotección ante las falsificaciones en España
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Madrid – Es una estampa que, por increíble que pueda parecer, campa a sus anchas por todas las regiones de España: puesto ambulantes y mercados callejeros desde los que, infringiendo un sin fin de derechos sobre la propiedad intelectual, se comercializan artículos de dudoso origen, todos ellos decorados con los emblemas y logotipos de reconocidas firmas de moda. Una realidad frente a la que no ha decidido seguir callando Juan Fernández-Estrada, cofundador y codirector ejecutivo de Blue Banana.
A lo largo de unas reflexiones que se ha decidido a querer compartir a través de su perfil en la red social-profesional LinkedIn, y que ya suman miles de interacciones y más de dos centenares de comentarios, Fernández-Estrada, cofundador y codirector ejecutivo de Blue Banana, la firma que puso en marcha junto a Nacho Rivera allá por el año 2016, ha querido poner en el centro del debate público la realidad sobre la proliferación de las falsificaciones que sigue teniendo lugar en España. Una problemática de la que reconoce que no llegaron a hacer mucho caso cuando empezó a afectar a Blue Banana, pero sobre la que ahora advierte de los riesgos y peligros que supone, ya no solamente para la firma de moda que codirige, sino para todo el ecosistema de la moda y del emprendimiento en moda en España, más aún ante la constatada pasividad que estaría mostrando la Administración pública para la hora de poner freno a la comercialización de unos artículos que infringen todos los derechos habidos y por haber sobre propiedad intelectual. Unas faltas que pueden terminar por asestar un duro golpe para cualquier firma de moda como Blue Banana, tanto de imagen, como de operatividad, o como resultado inclusive de un exceso de visibilidad en el mercado que haga caer el atractivo de sus propuestas, y de las que abiertamente señala como responsables a los Ayuntamientos que permiten su venta desde los mercadillos ambulantes de sus municipios.
“Los mercadillos de España están preocupantemente plagados de falsificaciones de Blue Banana y nadie no hace nada al respecto”, censura abiertamente Fernández-Estrada desde su carta pública. “Al principio hasta nos hacía gracia”, reconoce, al “estar al lado de marcas como North Face, Nike, Vans, Adidas, New Balance…”, porque “bendito problema”, ya que “si te copian, es que algo estás haciendo bien”, advertía, en lo que resultaba ser una clara alusión a esa manera de entender la copia, que no el plagio ni la falsificación, que en su día llegó a defender Coco Chanel. Una postura que la célebre modista francesa refrendó desde algunas de sus citas más conocidas, como la de “si quieres ser original, prepárate para ser copiado”, o desde la que apuntaba a cómo “la imitación es el más sincero de los halagos”.
“Cometimos el error de caer en este tópico”, reconoce el cofundador de Blue Banana, “hasta que se nos ha ido de las manos y nos hemos dado cuenta de la injusticia que representa esta situación para nosotros, para nuestro equipo y para nuestros clientes, así como del daño que provoca vender estas falsificaciones a precios ridículos”. Una práctica que, detalla, fomentando “un consumismo desmedido en una industria en la que muchos sí que nos esforzamos cada día por hacerla cada vez más sostenible y responsable”. “Y la pena de todo esto es que”, continúa, “aunque pongas en marcha todos los mecanismos posibles junto con tus abogados, aduanas, Guardia Civil y hasta detectives, no sirve de prácticamente nada, porque los Ayuntamientos, que son quienes otorgan estas licencias en sus mercadillos, sorprendentemente deciden no hacer nada y mirar para otro lado, con lo fácil que sería…”.
Siendo consciente de la completa realidad que se oculta tras cada una de las camisetas falsificadas que pueden verse con la gran y colorida “X” de Blue Banana colgando de los puestos de una infinidad de puestos ambulantes, “o voy a juzgar ni al delincuente que vende estas falsificaciones, ni al que las compra”, apunta Estrada, pero “lo que me parece una vergüenza es que nadie en España esté dispuesto a ayudarnos a controlar esto y proteger así a marcas como la nuestra, que tanta riqueza y empleo hemos generado y tantos impuestos hemos pagado en nuestro país, y que con mucho esfuerzo seguimos y seguiremos haciendo”. Y es que, a pesar y con todo, concluye, desde Blue Banana “continuaremos invirtiendo dinero en proteger lo que es nuestro”, y “trabajando en ofrecer el mejor producto y en construir una marca con unos valores que nada tienen que ver con lo que representan estas falsificaciones”.
Un problema que afecta a la economía, a marcas y consumidores
Tal y como reconocen desde la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), el organismo autónomo adscrito al Ministerio de Industria y Turismo encargado de promover iniciativas y de luchar contra las falsificaciones y en defensa de la protección de la propiedad intelectual, el problema de las falsificaciones es un problema de alcance global, cuya proliferación “representa una gran amenaza para la innovación, el crecimiento económico, el bienestar social y la salud, tanto a nivel de España como de la Unión Europa y global”.
Desde esa perspectiva, la OEPM se encarga tanto de llevar a cabo acciones concretas como de ofrecer recomendaciones para luchar contra las falsificaciones, tanto ante sospechas de su próxima entrada en territorio comunitario, como para el caso de falsificaciones localizadas dentro ya del mercado español. Caso para el que recomiendan en primer lugar contactar con el infractor antes de llegar a la vía judicial, y el de contactar con un abogado especialista en propiedad industrial, pero advirtiendo de que todos los delitos cometidos contra los derechos de propiedad industrial, debidamente registrados, son perseguibles de oficio por la propia OEPM. Organismo que además cuenta, desde el año 1999, con una oficina de contacto ante la que denunciar la persecución de esta serie de delitos, actuaciones que desde la OEPM llevan a cabo en colaboración directa con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
A partir precisamente de esta serie de actuaciones, y para lo que respecta al último año del que se cuentan registros, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intervinieron en 2022 más de 2,6 millones de artículos falsificados, por un valor de unos 121 millones de euros. Artículos de entre los que, por categorías, fueron los productos de juguetería los que mayor cantidad de incautaciones de productos falsificaciones llegaron a protagonizar de entre todo ese total (16,6 por ciento), seguidos por los de textil (12,5 por ciento), los de calzado (10,2 por ciento) y los de marroquinería y complementos (3,8 por ciento). Una segmentación que finalmente termina dejando a la moda, en sus distintas manifestaciones, como realmente el sector más afectado en España por la proliferación de artículos falsificados, como demuestra el que, en suma, en 2022 del total de las falsificaciones incautadas el 43,1 por ciento fueron artículos de moda; según los datos facilitados por el Ministerio del Interior. Contando además, como datos que termina de situar en contexto estos indicadores, con Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña como las comunidades autónomas donde mayor número de artículos falsificados llegaron a incautarse, desde naves, fábricas y almacenes (62,5 por ciento), establecimientos comerciales (16,1 por ciento) y recintos aduaneros, puertos y aeropuertos (4,1 por ciento).
Analizando estas métricas, desde la OPEM se valoró la “importancia de estos datos y señala que estos contribuyen a la sensibilización de la población sobre las consecuencias negativas que provoca el consumo de productos falsificados en nuestro país”, destacaban desde el Gobierno. Y es que “las infracciones a los derechos de propiedad industrial provocan consecuencias negativas para la economía en general porque destruyen puestos de trabajos directos, reducen la venta de los productos legales y generan efectos no deseados en ámbitos como el social o el de la seguridad y salud de los consumidores, ya que los productos falsificados eluden las normas existentes en esta materia, así como los controles e inspecciones oportunas para su posterior comercialización de forma segura”, detallaban con motivo de la publicación de los datos relacionados con la intervención de artículos falsificados en 2022. Unos marcados que resultaban de suma “relevancia” para la OPEM, defendían desde el Ejecutivo, dado que el “disponer de esta información” debía servir al organismo “para diseñar e implementar las políticas públicas más eficaces de protección de los derechos de propiedad industrial y de lucha frente a la vulneración de los mismos, objetivo con el que la oficina está firmemente comprometida”.