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La administración de Marypaz pone en duda el pago de las nóminas de agosto

Por Jaime Martinez

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Tienda de Marypaz en el centro comercial Marineda City de La Coruña (España). Credits: Marineda City.

Madrid – Crecen las tensiones en el marco del proceso de insolvencia en el que se encuentra inmersa la cadena de zapaterías Marypaz, después de que desde la dirección de la empresa, bajo administración concursal desde que se acogiese a la figura del concurso de acreedores el pasado mes de mayo, hayan advertido a sus trabajadores de la gran posibilidad de que terminen por no recibir el pago de sus nóminas del mes de agosto.

Siguiendo a este respecto con los últimos acontecimientos que vienen rodeando durante estos últimos meses y semanas a la otrora popular cadena de zapaterías de origen sevillano, tal y como de manera detallada hemos tratado de venir recogiendo desde FashionUnited, coincidiendo con el arranque de este mismo mes de agosto, el proceso de concurso de acreedores que venía pesando sobre la compañía desde que a comienzos de mayo así lo solicitaran desde Crocea Mors, propietaria de Marypaz desde finales de noviembre de 2019, parecía empezar a entrar ya en una fase resolutiva, después de que la administración concursal de la empresa comunicase a los representantes de sus trabajadores la solicitud de aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) concursal. Un procedimiento de despido colectivo por el que señalaban que, a la vista del permanente aumento de las pérdidas económicas y de la situación de insolvencia de la que no estaba logrando escapar la cadena, quedarían afectadas el total de las 54 tiendas —incluida su plataforma de comercio online— con las que sigue contando a día de hoy Marypaz, así como el total de las 276 personas trabajadoras que forman parte de su plantilla. Una medida extrema que aproxima ya a la cadena a su fase de liquidación; una posición que faltará por ver si termina o no por alcanzar, a medida que siguen negociándose y tomándose decisiones dirigidas tanto a sostener la actividad de Marypaz por el mayor tiempo posible, como a buscar una última opción que pueda lograr garantizar su futuro y su viabilidad, y con ello el mantenimiento de los puestos de trabajo.

En esa suma de últimas ambiciones, y tras analizar la documentación facilitada por parte de los propietarios de la empresa y por su administración concursal, este lunes tenía lugar una última, y tercera, reunión de consultas para abordar los términos y condiciones del ERE presentado por la cadena. Un encuentro que finalizó con todas las luces de alerta encendidas en la parte representante de los trabajadores, después de que desde la dirección de la empresa y desde la administración concursal les informasen de que, primero, no se encontrarían en disposición de ofrecer nada más que la indemnización mínima legal de 20 días por año de servicio trabajado, con un tope máximo de 12 mensualidades; y segundo, de que igualmente no se encontrarían en disposición de asegurar el que vayan a poder hacer frente al pago de las nóminas de este mismo mes de agosto.

Tras la reunión, “se ha puesto de manifiesto el total distanciamiento entre las posiciones de la empresa, la administración concursal y de la parte social”, salían a censurar públicamente desde la organización sindical Comisiones Obreras (CCOO), desde donde ejercen la representación de los trabajadores en el marco de este proceso de insolvencia, a través de un comunicado oficial. Y es que, siguiendo con el tono aguerrido de sus declaraciones, “no les parece suficiente hablar de abonar la indemnización mínima legal”, después de que desde la administración concursal les apuntasen a que tratarían de acordar con Crocea Mors un aumento de las indemnizaciones, “sino que anticipan que puede estar en riesgo el pago de la nómina del mes de agosto”. Aspectos ambos que llevan al sindicado a adelantar el que, “con estas condiciones”, advierten, “se hace imposible, para CCOO, el atisbar siquiera cualquier opción de acuerdo”.

Avance en las negociaciones para la entrada de un nuevo socio inversor

Mientras se llevan a cabo esta serie de encuentros dirigidos a acordar los parámetros de ese ERE concursal que, siguiendo con las directrices de la administración concursal, tratará de asegurar la mayor cantidad de activos para los acreedores de Marypaz, todo hace indicar que siguen adelante de manera paralela las negociaciones para salvar la empresa, dando cabida a un nuevo socio inversor. Un papel que, siguiendo con lo ya apuntado por FashionUnited a comienzos de esta misma semana, estaría dispuesto a entrar a ejercer el empresario Xavier Güell Cid, actual socio comercial para la venta de stock y de stock en liquidación a través del canal mayorista de marcas de moda como Diesel, Geox, Emporio Armani, Marni o Dsquared2.

Sobre esta cuestión, y a la luz igualmente de las declaraciones ofrecidas por CCOO, parece que las negociaciones se mantienen por el buen camino, y que se habría empezado a encontrar un principio de acuerdo entre las posiciones y demandas de las distintas partes, que estaría ya sirviendo para abordar una propuesta en firme para la entrada de Xavier Güell Cid, a través de la compañía instrumental Moda Bella Trade International, en el capital de Marypaz. Entrada que es de esperar que pudiera terminar de acordarse, y de oficializarse, una vez que se logran cerrar los términos de este ERE, para el que desde el sindicato, adelantan, van a trabajar, ya no solamente para reducir sus efectos sobre el total de la plantilla, sino también para asegurar unas buenas condiciones laborales para aquellos que terminen continuando vinculados a Marypaz, con la cadena ya operando bajo el paraguas de Moda Bella Trade International.

Sobre esta suma de cuestiones, detallan desde el sindicato, “desde CCOO trabajaremos, con los datos facilitados” por la actual dirección y por los propietarios de Marypaz, “para preparar una contrapropuesta” a las condiciones defendidas por la directiva y por la administración concursal, detallan. Una propuesta que, concretan, “sirva para atenuar el impacto de este ERE sobre las más de 250 familias que se verán afectadas”, para “que las salidas sean en condiciones dignas”, pero y también para que “las personas que se puedan quedar en la nueva empresa, mantengan sus derechos”.

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