El calzado y la gran distribución cargan contra Yolanda Díaz por la “imposición” de la reducción de la jornada laboral

Madrid – La principal organización empresarial representativa del sector de la gran distribución, la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), patronal de compañías como El Corte Inglés, Tendam o C&A, y la del calzado, la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE), han salido públicamente a posicionarse en contra de la propuesta para la reducción de la jornada laboral que, de manera “inminente”, se propone pactar con las principales organizaciones sindicales Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno de España.

Empezando por las posiciones que defienden desde la segunda de estas dos organizaciones empresariales, tan solo dos de las distintas patronales sectoriales que ya se han posicionado abiertamente en contra de la medida, anunciada ya como parte del Acuerdo de Gobierno pactado entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar, poco después de que se filtrara el borrador de la propuesta presentada por parte del Gobierno a los sindicatos, desde el comité general de Fice acordaban aprobar la difusión de un comunicado oficial desde el que la organización manifiesta “su profunda preocupación y desacuerdo con el anuncio de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de imponer la reducción de la jornada laboral, así como otras medidas laborales que perjudican al sector zapatero”. Una postura que defienden desde, argumentan desde Fice, la falta de acuerdo con la parte empresarial, parte del “diálogo social” junto al que se tratan de pactar todas las medidas que en materia laboral afectan a trabajadores y empresas, con la que llegaría “impuesta” la reducción de la jornada laboral que aspira a decretar el Gobierno; así como la actual vigencia, hasta finales de 2025, del último convenio que, en el marco del diálogo social, se pactó entre empresarios del calzado y sindicatos. Vigencia que iría en contra decididamente de los tiempos que maneja el Gobierno para la imposición de la reducción de la jornada laboral, para entre cuyos cambios prevé, según las posiciones sostenidas durante las negociaciones que llevan manteniéndose desde comienzos de año, y que quedaban recogidas en la propuesta que presentaban desde el Ejecutivo a las partes hace ahora una semana, la reducción de 40 a 38,5 horas de trabajo a la semana, desde la misma entrada en vigor de la norma. Reducción que finalmente alcanzaría las 37,5 horas de trabajo semanal, para a partir del 1 de enero de 2025.

Además de esta reducción de la jornada, esgrimida ya como base de ese Acuerdo de Gobierno entre los dos partidos que integran a día de hoy el Gobierno de España, según quedaría recogido en la propuesta, que se estima con que se continuará debatiendo a lo largo de una nueva reunión en la sede del Ministerio de Trabajo programada para la tarde este mismo lunes, 1 de julio, entre los cambios legislativos que traería consigo la norma, apuntan desde Fice, no se contemplaría ningún tipo de flexibilidad por sectores en su implementación; sí la de un incremento en las contribuciones a la seguridad social para ciertas categorías de trabajo; la obligatoriedad de mantener los niveles de empleo y la prohibición de reducir las plantillas como resultado de la aprobación de la reforma; y el refuerzo de los controles y las sanciones con el objetivo de garantizar que se cumplen debidamente todos y cada uno de sus preceptos. Una suma de medidas que, argumentan desde Fice, siendo además aprobadas, de ser finalmente así, por imposición y sin pacto con la parte empresarial, solo contribuirán a “generar incertidumbre”, además de para aumentar “los costos para las empresas”. Unas cuestiones que, para lo que respecta al ámbito concreto del calzado, valoran que serán “gravemente” perjudiciales, dada la intensiva mano de obra con la que cuentan las compañías del sector, y el consiguiente aumento de los costes que deberán introducir las empresas para lograr mantener su rentabilidad, en lo que no obstante será un lastre para su competitividad tanto frente al producto que venido de otros países productores, como a la hora de seguir tratando de consolidar la internacionalización de las empresas nacionales en los mercados internacionales.

“Esta imposición, combinada con la falta de medidas compensatorias adecuadas, lleva a un inevitable aumento de los costes de producción”, en lo que “a su vez, repercutirá en los precios ofrecidos a los clientes y podría resultar en el cierre de empresas y la destrucción de puestos de trabajo en regiones que dependen de esta industria”, censuran desde Fice a lo largo del citado comunicado oficial, que han hecho llegar a FashionUnited. Una advertencia que parece haber sido desoída por “la ministra de Trabajo”, que ya “ha avisado de que, en caso de que la patronal no mueva ficha antes del próximo lunes”, este lunes día 1 de julio, “pactará con los sindicatos llevar el tiempo de trabajo de las 40 horas semanales a las 37,5 horas sin merma salarial”.

Frente a lo que no han dudado en calificar como unas “imposiciones” por parte del Gobierno, desde Fice, al igual que desde el resto de las principales asociaciones empresariales del país, insisten “en la necesidad de flexibilidad” y de abordar la reducción de la jornada laboral desde “un verdadero diálogo social”. Postura que cristaliza en la de un seguidismo por parte de FIce hacia la defensa de la postura expresada por “la CEOE, que establece 2026 como una fecha más viable para poner en marcha estas medidas”, para lo que invitan al Gobierno para que “considere la realidad del sector y su capacidad de adaptación” a estos cambios. Desde su defensa así pues de “un diálogo constructivo que permita” establecer “un marco laboral sostenible y que no comprometa la competitividad ni la supervivencia de las empresas”, resumen desde Fice, en contra su construcción por “imposición”, advierten, solo servirá para avanzar hacia “el previsible deterioro sectorial que esta medida pueda acarrear en el segundo semestre del año”. Y es que, concluyen, “estamos ante una coyuntura que exige reflexión y consenso para evitar un impacto negativo mayor en nuestra industria y en todos los trabajadores que dependen de ella”.

Con la oposición de Anged

Sosteniendo su misma postura, y esgrimiendo sus mismos condicionantes, se han manifestados desde la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), patronal de compañías como El Corte Inglés, Tendam o C&A. Organización empresarial desde la que rechazan el tener que entrar a modificar, de procederse finalmente a la aprobación de la reforma en sus actuales términos, el Convenio Colectivo que lograban pactar en marzo de 2023, con vigencia de cuatro años hasta 2026, y que veía la luz como resultado además de unas duras negociaciones entre las partes sindical y empresarial, desde una “imposición” de reducción de jornada laboral como la que pretende aprobar el Ejecutivo junto a sus socios de Gobierno, y que, al igual que Fice, defienden que supondrá un incremento de los costes laborales de las empresas, además de una merma sobre su competitividad.

“No pueden abordarse cuestiones tan importantes a golpe de efecto y ultimátum, poniendo contra las cuerdas a los empresarios y estableciendo un marco de polarización”, sostiene al respecto Matilde García Duarte, presidenta de Anged desde el pasado mes de diciembre de 2023, a lo largo de unas declaraciones concedidas al medio generalista El Mundo. “La propuesta maximalista hecha por el Gobierno para aplicar a 1 de enero de 2025 una reducción lineal de la jornada a 37,5 horas semanales supone un incremento de los costes laborales del 6 por ciento”, estima, pero además, advierte, supone “un ataque directo a la productividad de las empresas”. Un ataque que “rompe la paz social”, esgrime García Duarte, con un “ultimátum del Ministerio de Trabajo” que “destroza la vigencia de los convenios, generando una enorme inseguridad jurídica para las empresas”.