Benetton negocia un ERE en España para el despido de 169 trabajadores y el cierre de 31 tiendas

Madrid – Como parte del duro proceso de reestructuración que, a escala global, se ha decidido a implementar la compañía italiana de la moda en un último intento por revitalizar su malogrado modelo de negocio, desde Benetton han solicitado la aprobación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) sobre su red comercial y operativa en España. Un proceso que contemplarían llegar a completar a la mayor brevedad posible, y desde el que señalan a una afección inicial que se traduciría en el despido de 169 trabajadores y el cierre de 31 tiendas en España.

Según las informaciones al respecto que ya han trascendido, la dirección de Benetton en España formalizó, a fecha del pasado 20 de diciembre de 2024, el inicio del expediente de despido colectivo, haciendo entrega a las organizaciones sindicales de sus trabajadores de la documentación relativa a la justificación del ERE por causas tanto económicas, como organizativas y productivas. Documentación de la que se les hizo entrega a lo largo de una reunión, y desde la que se comunicaba que la compañía iba a proceder a cerrar un total de 31 tiendas en España, clausuras que llegarán acompañadas del despido de 169 trabajadores, 159 personal de tienda y 13 del equipo central. Un primer encuentro durante el que, más allá de la entrega de esa documentación, y de la comunicación de los datos de afección de base con el que se contempla aprobar el ERE por parte de la dirección de Benetton, también se pasó a acordar el calendario de reuniones para la negociación del expediente, con encuentros programados para los días del 2, del 7, del 9 y del 15 de enero de 2025.

Se trata así pues de un periodo de consultas que quedará de este modo finiquitado esta semana, sin que por el momento se haya logrado acordar un acuerdo entre la dirección de Benetton en España y los representantes de los trabajadores. Unas organizaciones sindicales desde donde no es que ya estén en desacuerdo, que lo están, sobre la acreditación del ERE por causas económicas, sino que directamente apuntan a su nulidad, en la medida en la que para su negociación y aprobación la empresa se ha decidido por obviar el cambio legislativo que se introducía tras la aprobación del Real Decreto 608/2023, de 11 de julio, de 2023, desde el que se desarrolla el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, modificando el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, de 2012. Un cambio normativo en virtud del cual pasaba desde entonces a estipularse el que “las empresas que pretendan proceder al cierre de uno o varios centros de trabajo, cuando ello suponga el cese definitivo de la actividad y el despido de cincuenta o más personas trabajadoras, deberán notificarlo a la autoridad laboral competente por razón del territorio y al Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través de la Dirección General de Trabajo”; notificaciones que, puntualiza la norma, “deberán ser realizadas con una antelación mínima de seis meses a la comunicación regulada” sobre cualquier ajuste sobre la plantilla en materia de reducción de jornada o de suspensión del contrato de trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, siempre que en este último caso así sea posible. Una notificación así pues previa a la formalización del inicio del expediente, en un plazo mínimo de seis meses, que es la que han obviado desde Benetton para la presentación de este ERE, cuya negociación se decidieron a iniciar tras la entrega, sin previo aviso, del informe acreditativo de las causas económicas, organizativas y productivas a los sindicatos, el pasado 20 de diciembre de 2024.

Un expediente “viciado” en su origen por falta de motivación

Tras la entrega de esa documentación, era ya durante la primera reunión de negociación del ERE, celebrada entre las partes el pasado 2 de enero de 2025, cuando desde la UGT incidían en las dos principales objeciones que plantean de base a la presentación del expediente. Primero, señalando a que, y a su parecer, no quedaban para entonces acreditadas las causas alegadas por la compañía para la presentación del ERE; y segundo, que no se estaba cumpliendo con el requisito legal al que obliga la legislación vigente en materia de aviso preventivo al inicio de un expediente como el que se plantea, motivo por el que se le solicitaba a la compañía que razonase el motivo por el que no estaba dando cumplimiento a ese requisito legal.

Sobre esta cuestión, desde UGT se “ha solicitado formalmente a la empresa que nos explique el porqué no ha hecho efectiva la Disposición Transitoria 6º del RD 608/2023 de 11 de Julio”, ya “que dicha disposición obliga a las empresas a comunicar al Ministerio de Trabajo los motivos de los despidos colectivos cuando afectan a más de 50 trabajadores, con seis meses de antelación”. En contestación a esa duda, “la empresa nos ha comentado que, según su interpretación del D.A. 6ª RD 608/2023 de 11 de julio, este es de aplicación cuando en un centro que cierra hay más de 50 trabajadores”, aunque “no obstante, se han comprometido a realizar una contestación formal al respecto en la próxima reunión”, la programada para la fecha del 7 de enero. Sin embargo, y aun sin contar con esa respuesta formal, advertían ya desde la organización sindical, “para nosotros esta interpretación no es correcta”, aunque “en aras de la buena fe” de la negociación, se decidió continuar adelante con la reunión planteando los puntos de base que iban a defender para la aprobación del expediente.

Sin entrar todavía en esos detalles, según la información que se encargaban de facilitar desde la misa UGT al final de la reunión de este 7 de enero, y nuevamente tras la última mantenía el pasado día 9, desde Benetton habrían seguido sin haber logrado acreditar las causas económicas, organizativas y productivas que defienden para la aprobación del ERE. Y es más, eso se daría al tiempo en el que desde la compañía no han sido capaces ni han facilitado una respuesta razonada sobre el motivo por el que no han llevado a cabo esa notificación previa mínima de seis meses antes de la formalización del inicio del expediente, lo que llevaría a su plena nulidad.

Así pues, analizado el informe económico aportado por Benetton, con datos además de los años 2021 y 2022 que se mostrarían excesivamente desfasados a ojos de la UGT como para ni tan siquiera poder realizar un análisis efectivo sobre la situación de la empresa, “desde UGT manifestamos que a fecha de hoy no acreditamos las causas alegadas por la empresa”, que “consideramos que” serían “de ‘Grupo’” y “no de la razón social que origina este expediente”, y “por tanto la negociación solo puede avanzar en un sentido”, y es que “la empresa ponga encima de la mesa la improcedencia del despido”. Pero además, a esto se suma “por otro lado” que, “ante la falta de una motivación razonable por parte de la empresa por no haber dado trámite a los dispuesto en D.A. del RD 608/2023, consideramos que ello vicia el presente procedimiento”, lo “cual puede determinar la nulidad del mismo”.

Posturas enfrentadas entre sindicatos y dirección

A la espera de que se terminen por tanto de dilucidar ambas cuestiones, en respuesta a ambas desde UGT plantean como única posibilidad que se acuerde una indemnización por despido improcedente para todos los afectados por el ERE, en lo que se traduciría en indemnizaciones de 33 días por año trabajado, con un tope de 42 mensualidades. Unos baremos bien alejados de la última propuesta presentada por la dirección de Benetton durante la última reunión de la negociación del ERE del pasado 9 de enero, durante la que ofrecieron una indemnización de 24 días por año de trabajo, con un máximo de 12 mensualidades.

Además de esta indemnización, la compañía ha ofrecido para el personal afectado por el cierre programado de las 31 tiendas 30 vacantes en Madrid, Barcelona, Baleares y Girona; así como una bonificación de 1 500 euros para los trabajadores despedidos de los colectivos de trabajadores con discapacidad, víctimas de violencia de género, mayores de 50 años, mujeres embarazadas, trabajadores en tratamiento oncológico, y personal con permisos de maternidad o paternidad. Unas condiciones todas estas que rechazan de pleno las organizaciones sindicales, empezando por una UGT que se mantiene en su objetivo inicial de que, primero, la inscripción al ERE sea voluntaria; segundo, que se acuerde la desafección del expediente de los trabajadores más vulnerables, como serían los madres o padres de familias monoparentales, personas con alguna discapacidad, personal en tratamientos oncológicos y a uno de los miembros de una pareja o matrimonio cuyos dos miembros se terminasen por ver afectados por este ERE. Requerimientos que completan con la demanda de la creación de un convenio especial con la seguridad social para personas mayores de 55 años, y la posibilidad de establecer permutas entre el personal de las tiendas no y sí afectadas por el expediente. Un total de 31 puntos de venta que se han identificado con las tiendas de Benetton de Girona, Sabadell, Sant Cugat, Lleida, Mataró, Calpe, el “outlet” de Baracaldo, Burgos, Atalayas, Santander, Granada recogidas, Gijón, Alfafar, Victoria, Córdoba Gran Capitán, Córdoba La Sierra, Logroño Centro Comercial Rioja, Vinaroz, Gandía, Zaragoza San Ignacio, la tienda en la calle de En medio de Castellón, Santiago en el centro comercial AS Cancelas, las tiendas de Ibiza, Vallsur, Teruel, Plaza Rio, Odeón, Tres Aguas, Metro Mar, en el centro comercial El Faro de Badajoz y en el de Rivas Futura de Rivas-Vaciamadrid. Unos cierres y despidos que se enmarcan como parte del plan de ajuste estratégico que se han decidido a poner en marcha desde Benetton tras la entrada de Claudio Sforza como nuevo CEO, y desde el que se contempla llegar a cerrar hasta 500 puntos de venta de la compañía, entre tiendas propias y franquicias, a escala global, para a partir de finales de 2024.

Sea como sea, en lo que respecta al procedimiento de despido colectivo iniciado en España, desde UGT “hemos de manifestar nuestro total desacuerdo” con “la propuesta planteada por la dirección de Benetton, ya que como hemos dicho”, reiteran, “no quedan acreditadas las causas alegadas por la empresa”, a más de ese incumplimiento con el requisito que marca la Ley para procedimientos como estos, tras esa aprobación del Real Decreto 608/2023, de 11 de julio, de 2023. Oposición a la que se suma el que, en respuesta, “estamos muy alejados de la indemnización por despido improcedente” que se requeriría para un procedimiento como el que se plantea, alegan desde la UGT, con “33 días por año trabajado con el tope de 42 mensualidades”. Unas posturas por tanto todavía bien enfrentadas, que habrá que esperar para ver si se terminan o no de aproximar de cara a esta última reunión de negociación, programada para este miércoles 15 de enero de 2025.