Belda Llorens entra en liquidación y pacta el ERE para el despido de su plantilla

Madrid – Punto y final, ahora ya sí, a la histórica compañía de hilaturas valenciana Belda Llorens, cuyo próximo futuro ya solamente podrá pasar por dos extremos: su completa y definitiva extinción, o su relanzamiento de la mano de quien logre terminar haciéndose con los derechos comerciales sobre la marca Belda Llorens, y/o con los de su hasta hace bien poco especialmente bien valorada en el sector marca Ecolife, su línea de productos sostenibles, en el marco del proceso de liquidación en el que ya se encuentra inmersa la empresa de hilaturas, y para el que se ha logrado ya pactar las condiciones del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que establece las condiciones para el despido de todos sus trabajadores.

Continuando de este modo con la serie de publicaciones a las que hemos venido dando paso desde FashionUnited en el marco del complejo, y hasta ahora no poco confuso, proceso de cierre y liquidación al que desde la dirección de Belda Llorens se decidieron a llevar a la empresa a mediados del pasado mes de marzo, aludiendo para entonces a una pretendida situación de insolvencia, dando por buenas las informaciones que desde su dirección habían venido trasladando al comité de empresa durante las jornadas y semanas previas, el Juzgado de lo Mercantil Nº2 de Alicante declaró en concurso voluntario de acreedores a Belda Llorens, junto a la sociedad, en manos también de sus mismos propietarios, Evelio Mataix Molina SA, a fecha del pasado 10 de junio de 2025. O lo que es lo mismo, 12 días después de que, a fecha del 29 de mayo, se aprobase el cambio de administración de la sociedad, con la salida de Corporación Financiera Mataix y la entrada de Jorge Mataix Perez como nuevo administrador único de la sociedad.

Declarada ya finalmente en concurso de acreedores, un acto sobre el que sin embargo a fecha todavía del 16 de junio no se había informado de manera oficial al comité de empresa de los trabajadores de Belda Llorens, desde la misma resolución se acordó por parte del mismo juzgado abrir la fase de liquidación del concurso, declarando disuelta a la sociedad y el cese de sus administradores. Un papel para el que se acordó a todos los efectos su sustitución por una administración concursal, para la que se designó a Francisco Nieto Sanchez como administrador de las sociedades R. Belda Llorens y Evelio Mataix Molina.

Indemnizaciones de 23 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades

Ya en su papel al frente de la dirección de la empresa, y como responsable de la gestión de sus activos de cara al proceso de liquidación al que se terminaba por abrir de este modo la compañía valenciana de hilaturas, ha sido la administración concursal la que se encargaba de terminar de abordar, y finiquitar, el complejo proceso de despido colectivo por el que irremediablemente tenía que pasar la empresa en el camino hacia su extinción. Un ERE que ya trataron de abordar sin éxito desde su dirección el pasado mes de marzo, en una suerte distinta a la que ha logrado firmar la administración concursal, tal y como finalmente ha quedado establecido en el expediente de regulación de empleo acordado, de manera ya oficial, este jueves 3 de julio de 2025 entre la administración concursal de Belda Llorens y los representantes sindicales de la totalidad de la plantilla de trabajadores de la empresa de hilaturas.

A este respecto, en un primer acercamiento entre la administración concursal y los representantes de los trabajadores de Belda Llorens, se les hizo llegar a estos una propuesta con el fin de rematar de manera rápida y ágil el ERE en el juzgado, consistente en una indemnización por despido de 23 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. Propuesta frente a la que como única alternativa, y para el caso de que esta fuera rechazada, la administración concursal solo contemplaba, ajustándose a lo establecido en la Ley Concursal, proceder a presentar la correspondiente demanda incidencial de extinción de la totalidad de las relaciones laborales de la empresa en el juzgado, para que fuera este quien se encargase de acordar el proceso a seguir. Proceso que, sí o sí, con o sin periodo previo de negociación, terminaría en cualquier caso llevando al despido de la totalidad de los trabajadores, a cuyos representantes sindicales se les hizo entrega de la documentación judicial referida a la situación de concurso de acreedores de Belda Llorens, así como de la memoria jurídica y económica presentada por la sociedad en el marco de la solicitud del mismo concurso, y en la que se detallan las causas económicas que han conducido a su declaración en concurso de acreedores, con apertura de fase de liquidación.

Ante esta disyuntiva, y según las informaciones facilitadas por parte de la dirección del mismo comité de empresa de Belda Llorens a FashionUnited, del total de los 91 trabajadores con los que en fecha contaba la empresa de hilaturas, tras la salida durante estos últimos días de un total de 12 trabajadores, dos por jubilación y 10 por motivos que no han sido trasladados al comité, 78 empleados participaron de la votación de la propuesta presentada por la administración concursal que se procedió a realizar este pasado lunes, 30 de junio. Trabajadores de entre los cuales dos votaron en blanco, 15 votaron en contra, y 61 votaron a favor de la propuesta, que terminaba así siendo aceptada por el comité con el voto favorable del 78 por ciento de los votos emitidos. Una resolución que se encargaban ya de formalizar, a fecha de este jueves 3 de julio de 2025, todas las partes, en un escrito por el que se propone a cargo de Belda Llorens las indemnizaciones de 23 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidad, que ha terminado por recibir la rúbrica de Jorge Mataix Pérez, en representación de Belda Llorens; de Francisco Nieto Sánchez, administrador concursal; y las de los representantes sindicales de los trabajadores de la empresa valenciana de hilaturas de los sindicatos UGT, CCOO y ASI.

En cuanto a lo que respecta a las condiciones pactadas, en relación y puestas en comparativa con las que se manejaron durante el proceso abierto por la dirección en marzo para el ERE de extinción por causas económicas del 100 por cien de sus trabajadores, estas se terminan situando en un punto intermedio de las posturas enfrentadas que mantuvieron en el marco de esas negociaciones empresa y trabajadores. Partes que no lograron llegar a un punto de entendimiento, entre las exigencias de los empleados de acceder a unas indemnizaciones de 27 días por año trabajado, con un máximo de 18 mensualidades, y el enrocamiento de la dirección de Belda Llorens de únicamente plantear una indemnización en el mínimo legal por despido objetivo, de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. Mejora a la que además se suma el lograr que no se prolongue la compleja situación a la que todo apuntaba con que terminarían por verse sumidos los trabajadores de la empresa de hilaturas, sin acceso a sus salarios atrasados, a las indemnizaciones por despido ni a cualquier tipo de prestación por desempleo, que hubieran marcado sus próximos meses. Un extremo que se logra evitar con este acuerdo de despido colectivo, que se tratará de formalizar antes de que termine este mes de julio, en beneficio de unos trabajadores a los que el administrador concursal ha trasladado ya que a la mayor brevedad se les abonarán las nóminas del mes de junio. Pagos a los que ya solamente faltarán por sumarse los abonos del finiquito, el de las vacaciones y el de las indemnizaciones, los cuales se espera terminen incurriendo a cargo, no de los fondos de los que ya no dispondría Belda Llorens, sino del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), según el mismo administrador concursal se habría encargado de trasladar a los representantes de los trabajadores.

Causa penal abierta (pendiente de admisión a trámite)

Completamente al margen del acuerdo para el Expediente de Regulación de Empleo por extinción formalizado entre las partes, se mantiene el proceso legal impulsado por la organización sindical ASI contra quienes han venido ostentando la dirección y la propiedad, hasta ahora, de Belda Llorens. Una dirección y una propiedad a los que, siguiendo con las informaciones al respecto ya adelantadas por FashionUnited a mediados de este pasado mes de junio, 46 trabajadores de Belda Llorens han demandado por la vía penal, por una suma de distintos delitos que contemplan que les pueden ser atribuidos, todos ellos cometidos en el marco del proceso de liquidación en el que se encuentra ya sumida la empresa de hilaturas.

Según ha terminado así quedando reflejado en el escrito presentado por la representación legal de los trabajadores ante el juzgado de instrucción de Alcoi, aunque todavía pendiente de ser admitido a trámite, 46 empleados de Belda Llorens han interpuesto un escrito de denuncia dirigido contra las empresas R. Belda Llorens, Corporación Financiera Mataix, Evelio Mataix Molina, Nace Campo del Oro, Mataixpe y Mataixso, como partes integrantes de un mismo grupo empresarial, por el presunto delito de alzamiento de bienes, administración desleal y contra los derechos de los trabajadores. Faltas todas ellas contempladas y recogidas en el Código Penal, lo que deja así abierta la vía para el encausamiento de quienes hubieran ejercido de manera activa la administración de cualquiera de las sociedades, o incluso de quienes participen de ellas para el caso en el que se demuestre que han participado de manera activa o se han visto involucrados en el ejercicio de cualquiera de estos presuntos delitos.

Como principales bases de la causa que se plantean desde el escrito de denuncia presentado ante los tribunales, la representación legal de los trabajadores argumenta, en primer lugar, que las sociedades abrieron una causa para el despido de los trabajadores sin acreditar fehacientemente su situación de insolvencia; como segundo punto, el ocultamiento que las sociedades demandadas habrían realizado de las más de 56 fincas registrales de las que disponen y que, junto a los beneficios registrados al cierre de su ejercicio de 2023, pondrían en entredicho su incapacidad para hacer frente a unas justas indemnizaciones por despido; y en tercer lugar, el cese/relevo que se habría llevado a cabo de sus administradores antes de proceder a solicitar el concurso de acreedores, y que se habría realizado con el único fin de blindar al resto de las sociedades en manos de la familia Mataix del proceso de liquidación al que se estaba tratando de llevar a Belda Llorens. Terminando de rematar el escrito de demanda con un cuarto y último punto, desde el que se denuncian los atrasos en los pagos de los salarios que se habrían venido concatenando desde el pasado mes de enero, y a los que se sumaron los de los adelantos de las nóminas que quedaron pactados como parte de la concesión del permiso retribuido que desde la dirección se decidieron a conceder en marzo a la totalidad de la plantilla, coincidiendo con la apertura de las primeras negociaciones del ERE de extinción. Un permiso este sobre el que la representación legal de los demandantes alega igualmente en el escrito de demanda que fue instrumentalizado para tratar de abordar, a espaldas de los empleados, el presunto alzamiento de bienes que se habría terminado de orquestar durante estos últimos meses y hasta la declaración finalmente de la empresa en concurso voluntario de acreedores.

Sobre esta misma cuestión, “desde el pasado mes de enero”, se apunta en el escrito de demanda al que ha tenido acceso FashionUnited, “los trabajadores vienen cobrando su salario con mucho retraso”, y “se les ha concedido un permiso retribuido ‘sine die’, pero no se les está pagando puntual y deliberadamente, mientras el grupo de empresas está orquestado el presunto alzamiento de bienes objeto de esta denuncia”; permiso que justamente se les habría concedido “para que no sean testigos de ello en el centro de trabajo”. Ante estos hechos, y los demás puestos de manifiesto en el escrito de demanda, se solicita al juzgado que este se “admita” y que se practiquen “las diligencias que procedan para el total esclarecimiento de los hechos y de las responsabilidades penales y civiles derivadas”, solicitando además para ello el que “como medios de prueba” se proceda al “interrogatorio de los legales representantes de las mercantiles denunciadas y, en concreto, de D. Jorge Mataix Pérez”, director general de Belda Llorens, y “a a averiguación patrimonial de las mismas”.