Los trabajadores de Belda Llorens denuncian a la propiedad por alzamiento de bienes y administración desleal

Madrid – Se intensifican las tensiones entre los trabajadores y los propietarios y la dirección de Belda Llorens, en el marco del proceso de liquidación en el que la empresa se mantiene inmersa desde el pasado mes de marzo. Proceso que los empleados de la compañía de hilaturas valenciana se disponen a elevar a la vía penal, acusando a la dirección y a la propiedad de los delitos de alzamiento de bienes y de administración desleal.

Como último capítulo del más que caótico proceso de liquidación al que los propietarios y administradores de Belda Llorens, la familia Mataix, están llevando a la otrora bien reconocida, además de histórica, empresa de hilaturas valenciana, siguiendo con lo ya adelantado por FashionUnited hace hoy justamente una semana, el pasado viernes, día 13 de junio, tenía lugar en la localidad alicantina de Banyeres de Mariola el primer gran acto de protesta organizado por los trabajadores de la compañía. Unos empleados que, acompañados de familiares, allegados y simpatizantes, se encargaron de recorrer el centro urbano de esta localidad en la que Belda Llorens ha mantenido su sede operativa durante 69 años, desde su fundación allá por 1956, en muestra de rechazo a la situación en la que se encuentran sumidos, tanto los 103 trabajadores de la empresa como esta misma, y para reivindicar un trato “justo” y “digno” para los empleados en el proceso de liquidación al que, todo lo indica así, parecen decididos a llevar desde la propiedad a la empresa de hilaturas.

Encargándose de poner el “broche de oro” a esa marcha, estaba previsto que Yolanda Albero, la abogada del comité de empresa, se encargase de ofrecer una última actualización sobre cómo están siendo y por dónde están marchando las negociaciones que mantienen abiertas con la dirección. Unas palabras que, ante la ausencia de la letrada, que no pudo finalmente estar presente en la marcha alegando motivos laborales, se encargó de leer en su nombre Antonio García, secretario del comité de empresa de Belda Llorens.

Lamentablemente, anunciaba entonces el secretario del comité de empresa de Belda Llorens en nombre de la abogada, “hasta la fecha han sido infructuosos los intentos de llegar a una solución amistosa con las empresas”, en esa búsqueda “para lograr una justa solución y poner fin a este conflicto”. Y es que, se relataba ante los asistentes a la manifestación, “ha sido imposible llegar a un acuerdo y extinguir nuestros contratos”, lo que permitiría a los trabajadores poder aliviar su situación y acceder a las ayudas sociales a las que tuvieran derecho; y eso “pese a los esfuerzos realizados para ello por nuestra parte”.

En el marco de este mar de incertidumbres en el que se mantiene envuelta la compañía de hilaturas desde el pasado mes de marzo, “la voluntad de los trabajadores ha sido siempre lograr un acuerdo”, con el que “evitar a las empresas” un “pago de cotizaciones y salarios”, así como de unas “indemnizaciones que con el paso del tiempo se han ido incrementando”. “Sin embargo”, narraba el secretario del comité de empresa de Belda Llorens en nombre de su abogada, “ilógicamente para vosotros las empresas decidieron gastar su dinero en dar un permiso retribuido a los trabajadores”, y eso se hacía mientras además “cesaba a sus administradores porque sabían que no cabía declarar su insolvencia ante un juez en un concurso de acreedores”. “Ante la gravedad de los hechos acaecidos por ocultación y cese de los administradores”, se denunciaba, “estamos en una presunta situación de alzamiento de bienes y administración desleal, que se han justificado documentalmente”, y ante la que “vamos a tomar las medidas penales oportunas desde nuestro despacho ante el patente perjuicio ocasionado por no asumir su responsabilidad ante los trabajadores”.

Cambio de administrador y pago de nóminas

Como principales pilares sobre los que así pues los representantes legales de los trabajadores de Belda Llorens se disponen a sostener sus acusaciones y demandas por alzamiento de bienes y administración desleal, estarían de un lado los registros sobre el patrimonio de los miembros de las familias Mataix-Perez y Mataix-Solano —las dos ramas de la familia Mataix que se reparten la propiedad de Belda Llorens— a los que han tenido acceso los trabajadores, y que podrían ser indicio de un reparto no justificado de beneficios cuando la compañía se encontraba atravesando sus peores momentos; y el cambio en el administrador de la sociedad que han pasado a efectuar desde la propiedad, tal y como quedaba finalmente recogido en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del pasado jueves 29 de mayo. Un cambio del que se denuncia que no se ha informado a los trabajadores, y el que guardaría por objetivo no sino que el de tratar de blindar al resto de las otras empresas de la familia Mataix ante las reclamaciones y otras obligaciones que pudieran terminar de derivarse del proceso de liquidación hacia el que se habrían decidido a llevar a Belda Llorens. Y enfatizamos esa expresión en condicional, porque a día de hoy ni tan siquiera se habría presentado, y ni tan siquiera existirían motivos para llevar a la compañía de hilaturas ni a la fase previa del concurso de acreedores. Un situación esta frente a la que los trabajadores igualmente denuncian el que desde la dirección de la empresa se les asegura el que esta se encuentra en concurso de acreedores, cuando ni eso ni el que la compañía se encuentre en preconcurso de acreedores se le ha comunicado de manera oficial al comité de empresa; cuando no existe ningún registro oficial que así lo acredite; y cuando de manera reiterada se les niega un número de expediente y el nombre de un agente concursal.

Tratando de aclarar estos puntos, empezando por este último, desde el comité de empresa de Belda Llorens apuntan que, frente a los retrasos y los impagos en fecha de los dos anticipos del 10 y del 20 de mayo, y del total de las nóminas del mismo mes, que debía de haberse abonado antes del día 3 de junio, finalmente a fecha del día 10 se procedió al pago de las nóminas de mayo. Una entrega de salarios a la que no obstante siguió el impago, tal y como estaba pactado, del anticipo que el día 10 debía de haberse abonado de la nómina de junio, y que de esta manera se suman a las cantidades que todavía les adeuda a los trabajadores la empresa concernientes a los atrasos de enero de 2024 y de 2025. A pesar de esas pequeñas cuantías pendientes de abonar, tras el pago de las nóminas de mayo, Belda Llorens habría seguido así haciendo frente a sus obligaciones de pago frente a sus trabajadores, y con ello evitando incurrir en la situación de insolvencia que forzaría a su dirección al deber de tener que acogerse a la figura del concurso de acreedores. Un procedimiento ante el que estarían tratando de protegerse de manera activa, retrasando su obligación del tener que solicitarlo, hasta que al menos se hubiera efectuado el cambio que ya se ha procedido a realizar al frente de la empresa, con el cambio de su administrador único de Corporación Financiera Mataix, por el de Jorge Mataix Perez. Un relevo en el que los asesores legales de los trabajadores observan una clara intención por tratar de proteger ante posibles reclamaciones al resto de sociedades y al patrimonio de los Mataix que pudieran operar y existir bajo el paraguas de esa Corporación Financiera Mataix, en lo que llegaría para sostener su demanda por alzamiento de bienes y administración desleal.

“Nos sentimos engañados”, y es que “desde el principio se nos planteó una supuesta situación de insolvencia de las empresas que no se ha demostrado”, tanto “a resultas de la persistente ocultación y de las averiguaciones patrimoniales realizadas”, y “que fueron negadas por las empresas”; como de lo “dudoso y sospechoso” que puede resultar el que contemplen solicitar “un concurso de acreedores voluntario”, cuando “han podido pagar las nóminas de mayo”, y “por lo tanto no hay impago alguno que no puedan afrontar hasta la fecha”. A eso se suma también el que “se ha acreditado que las empresas nos han engañado cuando han negado su consideración como grupo de empresas”, denunciaba desde su comunicado la abogada de los trabajadores de Belda Llorens, solo “para justificar su supuesta insolvencia y eximirse de su responsabilidad con los trabajadores”. Una exoneración que es la que se habría tratado de asegurar con ese cambio en la figura del administrador de Belda Llorens, y que se ha llevado a cabo cuando “ellos mismos han firmado como Grupo Empresarial para que los trabajadores trabajaran indistintamente en sus empresas”.

Acto de conciliación para el 30 de junio

En mitad de este complicado e incierto contexto, los trabajadores de la compañía se mantienen enfocados en tratar de acelerar los procedimientos que les permitan cuanto antes rescindir sus obligaciones contractuales, para tratar de así de acceder a una salida de la empresa lo más digna, rápida y justa posible. Cuestión para la que se mantiene programado un próximo acto de conciliación con los representantes de la empresa para la fecha del próximo 30 de junio, como resultado de las demandas interpuestas por los trabajadores ante el Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación (SMAC), a raíz de los impagos de los anticipos de las nóminas de mayo. Acto que seguirá adelante, a pesar de que finalmente se haya procedido al pago de los salarios de las nóminas de mayo, y tras el cual se decidirá cómo procede la representación legal de los trabajadores con la demanda por alzamiento de bienes y administración desleal contra la propiedad y la dirección de Belda Llorens.

El abono de las nóminas “no es impedimento para que ante el impago de los atrasos de enero y el retraso de la nómina de mayo el día 30/6/25 se celebre el acto de conciliación para el pago de lo debido y la rescisión de contratos, conforme establece el art. 50.1.b del Estatuto de los Trabajadores”, esgrimen desde la asesoría legal del comité de empresa de los trabajadores de Belda Llorens. Un encuentro para el que, añadía la abogada de los trabajadores en ese comunicado que en su nombre se leyó durante la manifestación del pasado viernes, “apelamos a la más digna consideración de las empresas y los empresarios de esta familia, que las administran, para que el próximo 30 de junio logremos un acuerdo ante el SMAC”, con el que evitar esa “lluvia de demandas y denuncias” que “conforme a derecho corresponde”.