2024: el año en el que el Gobierno y los sindicatos acordaron la reducción de la jornada laboral

Madrid – Haciendo un balance general de este 2024, no puede dejar de pasarse por alto el que este ha sido el año en el que, finalmente, desde el Gobierno de España han terminado por acordar la que se venía manteniendo como una de sus más ambiciosas iniciativas legislativas: la reducción de la jornada laboral. Un nuevo marco legal para todos los trabajadores y empresas del país que, acordado únicamente con los sindicatos, y con el rechazo en contra de las organizaciones empresariales, todavía dista mucho de estar aprobado; cuestión que se deberá de terminar de resolver a medida que vaya avanzando, ya durante 2025, su tramitación parlamentaria.

A pesar de este modo del trabajo que todavía le queda por delante al Ejecutivo, y para el que en este caso dedicarán todos sus esfuerzos en su intento por sacar adelante la reforma desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en manos de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, eso no impidió que la máxima dirigente y fundadora del partido de gobierno Movimiento Sumar, celebrase con un excepcional optimismo la firma del acuerdo que asienta las bases para la tramitación parlamentaria de la reducción de la jornada laboral. Un acto que tenía lugar el pasado viernes 20 de diciembre, a las puertas de las vacaciones de Navidad, y que se encargó de presidir la misma Yolanda Díaz, junto a los secretarios generales de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, y de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez; únicas organizaciones del diálogo social que han validado la aprobación de una reforma para la reducción de la jornada, que cuenta con el pleno rechazo de todas las organizaciones representativas del empresariado español. Una desaprobación sostenida en lo que, han defendido de manera pública, argumentan que supone una intromisión inaceptable del Gobierno en la negociación colectiva entre empresas y trabajadores, con la que entran a interferir y a modificar de manera unilateral los textos de los convenios colectivos pactados de manera bilateral entre patronales y sindicatos, al tiempo que además se asienta un golpe a la productividad y a los costes laborales de las empresas españolas, y especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

Un cúmulo de efectos, a ojos de las organizaciones empresariales, que guardan el potencial de afectar muy duramente a la competitividad y a la propia supervivencia de las empresas, sobre los que ya vinieron advirtiendo a medida que fueron avanzando las negociaciones para la aprobación del acuerdo para la reducción de la jornada laboral, y de las que finalmente la parte empresarial terminó por distanciarse al no aceptar ninguna de las propuestas que planteaban desde el Ejecutivo. Una situación que ya llevó al Ministerio de Trabajo a amagar con seguir adelante con la reforma únicamente con el apoyo de los sindicatos, en una amenaza que finalmente se ha llevado a la práctica, después de que los mismos sindicatos acusasen a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la organización que representa los intereses de las empresas españolas, de haber estado “tomando el pelo” durante todo el año a todas las partes involucradas en las negociaciones, y al conjunto de todos los españoles, según señalaba Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, a comienzos del mes de noviembre, convencidos de que “tienen mayoría en el Parlamento que les va a ayudar a que no se apruebe esta reducción de jornada durante la legislatura”. Un extremo que está por ver, y para el que tanto desde UGT como desde CCOO y desde el Ministerio de Trabajo van a trabajar por que no se dé, y por lograr ahora sacar adelante, en un texto lo más cercano posible al acordado entre las partes este pasado 20 de diciembre, la tramitación parlamentaria que permita la aprobación de la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas, por Ley.

Con esta modificación, defendía la misma Yolanda Díaz durante la firma del acuerdo, se permitirá reconocer la tarea de todos aquellos que “han sido el motor de nuestra economía: las mujeres y hombres que han dedicado su esfuerzo y tiempo al desarrollo del país”, pero “sin recibir a cambio una mejora proporcional en su calidad de vida”, y mientras “los padres y madres” siguen teniendo que “hacer malabares para ver a sus hijos después de trabajar”. Por tanto, este “es un debate sobre la vida, sobre cómo queremos vivir en sociedad”, y para el que “da igual lo que vote cada persona”, en la medida que “apoyarlo, por tanto, es estar del lado de la gente trabajadora, de sus familias y de un futuro mejor para todos”, argumentaba. Para sacarlo adelante, “este acuerdo cuenta con el apoyo mayoritario de la ciudadanía y responde a una necesidad social ampliamente reconocida”, sostenía Díaz, al tiempo que subrayaba cómo, tras la firma del acuerdo, “hoy empezamos a recuperar lo más valioso que tenemos: el tiempo”.

“Hoy es un día significativo para las personas trabajadoras porque se cierra una negociación que ha ocupado gran parte de este año y que modifica la jornada máxima legal de trabajo por primera vez desde 1983”, destacaba por su parte Unai Sordo, secretario general de CCOO, a lo largo de unas declaraciones difundidas desde el propio sindicato. La reforma de la reducción de jornada “busca no solo mejorar las condiciones laborales, sino también abordar la complejidad social y económica que rodea la jornada laboral”, al tiempo que se garantiza que “las condiciones de trabajo no se vean comprometidas”. Propósitos que encuentran en este acuerdo un primer punto de partida, para una reforma que guarda por objetivo el de “mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras, redistribuir los beneficios económicos del incremento de la productividad y fomentar la igualdad en las condiciones laborales”, con además un claro “enfoque en la igualdad de género, ya que muchas de las jornadas más largas afectan a sectores feminizados”. No obstante “somos conscientes de que su éxito dependerá de la colaboración y el apoyo de todos los grupos parlamentarios”, a los que invitaba de esta manera Sordo a que contribuyan a que “esta norma se convierta en una realidad que mejore la vida de la clase trabajadora española”.

Un punto de partida, hacia las 32 horas y la semana laboral de cuatro días

Completando las declaraciones de los firmantes del acuerdo, en un punto y aparte cabe valorar las que ofreció Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, tras la firma de este acuerdo para la reducción de la jornada laboral. Unas palabras desde las que de si un lado reconocía la falta de apoyos de la parte empresarial con la que finalmente va a iniciar su tramitación parlamentaria la reforma, y que hubiera sido positivo que se dieran, y se abría a seguir tratando de encontrar puntos de entendimiento en común entre aquellos que rechazan la reducción de la jornada laboral; del otro lado amenazaba con la imposición de la reducción de la jornada laboral al margen del Congreso, advirtiendo además de que la reducción de 40 a 37,5 horas no es más que un primer punto de partida al objetivo de último, por ahora, de lograr una semana laboral de 32 horas y cuatro días de trabajo.

“Con CEOE y Cepyme, este acuerdo tendría más valor”, pero no obstante, y a pesar de su firma, “CEOE tiene la oportunidad de continuar hablando, porque hoy no cerramos nada, sino que abrimos un proceso” para el que además “somos conscientes de que el trámite parlamentario será complejo, pero nos gustaría ir sumando”, indicaba Álvarez. A medida que vaya dándose así paso a su tramitación parlamentaria, “podemos y debemos hablar para ir configurando una amplia mayoría en el Congreso de los Diputados, y si es posible, que la Cámara refleje lo que opina la sociedad”, y que es “el hecho de que dos de cada tres ciudadanos abogan por la reducción del tiempo de trabajo”. “Estamos convencidos de que 41 años después de la última reducción legal de jornada que se ha hecho en nuestro país, nadie debería de perderse la ‘fiesta’ que va a representar para las trabajadoras y los trabajadores un acuerdo de estas características y por eso, invito a los Grupos Parlamentarios —si realmente quieren que la ciudadanía se vea representada en ellos— a que entren en este proceso y sean claros a la hora de manifestar sus posiciones”.

Sobre estas negociaciones y conversaciones, en el marco ya de la tramitación parlamentaria de la reforma de la jornada laboral, Álvarez aboga por mantener unos encuentros con los grupos parlamentarios “que nos permita explicarnos y que les permita a ellos explicar a la ciudadanía qué es lo que opinan y cuáles son sus posiciones, pero a partir de ahora vamos a ser muy exigentes en las argumentaciones y esperamos argumentaciones rigurosas, porque estamos escuchando tal cantidad de argumentos sin rigor que, o hay una ignorancia importante en relación con el sistema de relaciones laborales, o hay muy mala fe y un intento de confundir a la ciudadanía”. No obstante, advertía el secretario general de la UGT, “si esto no se consigue en la negociación”, y “si hay una mayoría parlamentaria diferente en el Congreso” de la que, a su parecer, hay en la calle, “los sindicatos no cejaremos en el empeño” y “por tanto, llegaremos a las 37 horas y media sí o sí”, y “lo haremos para todos los trabajadores y trabajadoras a través del Boletín Oficial del Estado y el Estatuto de los Trabajadores para que nadie se quede atrás”. “Se trata de un acuerdo que tiene una gran trascendencia porque nos va a llevar a tener una jornada más europea, pero no es el final”, indicaba, puesto que “para nosotros las 37 horas y media es una parada más”, desde la que “vamos a seguir trabajando para llegar a una jornada de 32 horas semanales, cuatro días a la semana”.

Reducción de jornada, sin reducción de salarios

Entrando ya a subrayar los principales aspectos sobre los que se sustenta este acuerdo para la reducción de la jornada laboral, y que será el que va a servir de base para la tramitación parlamentaria de la medida, con todo lo que ello implica de modificaciones y enmiendas que puedan terminar por presentar al texto los distintos partidos políticos, en primer lugar, claro está, se encuentra la modificación del apartado 1 del Artículo 34 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Texto en el que actualmente se recoge que la “duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual”, y para el que el acuerdo alcanzando entre el Gobierno y los sindicatos plantea en contra que “la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual”. Modificación “sin reducción de salario”, destacan desde el Ministerio, que llevará al tiempo a reconvertir a tiempo completo los contratos a tiempo parcial que se sitúen por entonces encima de ese cómputo de horas.

Como plazo para la modificación de la reducción de las jornadas de trabajo en los diferentes convenios colectivos, el acuerdo establece que la adaptación de todos los convenios colectivos vigentes deberá llevarse a cabo antes del 31 de diciembre de 2025. Punto del que de este modo se desprende que está en el ánimo del Gobierno el que la reducción de la jornada laboral pase a entrar en vigor, en todo el territorio nacional, para a partir del próximo 1 de enero de 2026, aunque se tratan estos de unos tiempos que podrían terminar de modificarse a medida que avance la tramitación parlamentaria de la reforma.

Además de esta cuestión principal, el acuerdo alcanzado entre Gobierno y sindicatos también establece que las empresas deberán de contar con un registro diario de la actividad de la jornada laboral, digital, fiable y accesible de manera remota para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los representantes sindicales de las personas trabajadoras. Un registro con el que se buscará garantizar el buen cumplimiento de la modificación de la jornada laboral, y que los trabajadores no se están viendo forzados a trabajar más horas de las que les corresponden, contemplando para ello multas de 1 000 a 10 000 euros por cada trabajador afectado por la mera ausencia de registro o por el falseamiento de los datos.

Como último punto también capital, el acuerdo recoge el “derecho irrenunciable a la desconexión digital”. Punto para el que se establece que en ningún caso un trabajador podrá sufrir consecuencia alguna por el hecho de no haber atendido algún requerimiento o solicitud a través de cualquier dispositivo digital cuando esta se haya realizado fuera de su horario laboral, permitiendo así preservar el “derecho a la intimidad” de los trabajadores fuera del horario de trabajo.

Con el rechazo de la CEO y de Cepyme

Si ya hemos visto la valoración de la propuesta para la reducción de la jornada laboral que han hecho los firmantes del acuerdo, Gobierno y sindicatos, y también las principales directrices que contempla su acuerdo, frente a todas estas posturas se encontrarían las de los representantes del empresariado español. Un grupo representado tanto por una CEOE como por una Cepyme (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa), que de manera conjunta ya manifestaron su rechazo a comienzos del mes de noviembre a la propuesta del Ministerio de Trabajo de reducción legal de la jornada laboral. Un rechazo que el mismo pasado 20 de diciembre, día en el que tuvo lugar la firma del acuerdo entre Gobierno, CCOO y UGT, volvieron a salir a hacer público desde Cepyme, con la presentación y valoración de su informe “Impact de la reducción de la jornada laboral en la pyme” y del “Indicador CEPYME sobre la situación de la pyme” del tercer trimestre de 2024.

Según a este respecto defienden desde la asociación empresarial de la pequeña y mediana empresa, el 75 por ciento del mercado laboral, tres de cada cuatro trabajadores, se verá afectado por la imposición de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, siendo no obstantes las pymes las que se verán más afectadas, debido a “su menor productividad, rentabilidad y sus inferiores recursos organizativos, a su mayor dificultad para adaptarse a cambios en el corto plazo, así como a la menor presencia del convenio de empresa en este segmento”. Una circunstancia esta última que de hecho hace que en la práctica la jornada laboral se encuentre situada en las 37,2 horas, y por tanto por debajo de lo que va a tratar de imponer la nueva reforma impulsada por el Gobierno, entre aquellas grandes empresas que en su mayor parte sí cuentan con un convenio de empresa suscrito con sus trabajadores.

“La jornada laboral en España ha bajado de las 40 horas semanales en que se situaba en 1983 a las 38,3 horas actualmente, una reducción del horario que ha sido fruto de la negociación colectiva y de la capacidad de ésta para adaptar las condiciones del trabajo”, defienden desde Cepyme. “En el caso de los convenios de ámbito de empresa, típicos de compañías de mayor tamaño, la reducción progresiva de la jornada laboral ha sido más marcada, hasta las 37,2 horas semanales”, pero no obstante “hay empresas que por su propia naturaleza no han podido reducir su jornada, de modo que el 7,9 por ciento de los asalariados trabaja más de 39,5 horas, unas 925 000 personas, principalmente concentradas en las ramas de información y telecomunicaciones, transporte y almacenamiento, comercio, hostelería e industrias extractivas”, según el informe elaborado por la misma organización empresarial.

A partir de estos datos, “la negociación colectiva ha demostrado su buen funcionamiento al haber sido la herramienta que ha logrado una reducción paulatina de la jornada laboral en los sectores, empresas y territorios en que su productividad ha permitido materializarla”, defienden desde Cepyme. Pero “una reducción no negociada del tiempo de trabajo manteniendo los salarios conllevaría un coste directo de 11 800 millones de euros”, debido “a las horas que se dejarían de trabajar”, como coste directo, y al que “hay que añadir los indirectos en términos de afectación a la producción, nuevas contrataciones y pago de horas extra, entre otros”. Como resultados, “los sectores más afectados en términos de asalariados concernidos serían actividades inmobiliarias, hostelería y agroganadería”, y “en términos de coste total, directo más indirecto, sería el comercio, la hostelería y las manufacturas”, abarcando tanto al comercio como a la producción textil y de moda, todo ello como resultado de una “reducción de la jornada laboral” que “supone, de facto, una subida salarial y, por tanto, un aumento de los costes laborales”.

Frente a esa advertida realidad, desde Cepyme inciden en que “a esta nueva subida de los costes laborales se une el mayor riesgo de conflictividad en las plantillas, las dificultades para reasignar recursos y un nuevo factor de incertidumbre si la reorganización del trabajo ha de hacerse inmediatamente, algo complicado en una economía como la española aquejada de problemas de vacantes y escasez de mano de obra. Un complicado contexto frente al que vienen de este modo a señalar que las compañías españolas, sobre todo pequeñas y medianas, tendrán muy difícil el poder hacer frente, ligando igualmente la reducción de la jornada a una caída de la productividad en las empresas, y que “debería ser un factor clave a la hora de plantearse cualquier modificación en las condiciones de trabajo”. A este respecto, y según los indicadores recogidos durante el tercer trimestre de 2024, “la productividad encadena siete trimestres de caídas interanuales y se sitúa lejos todavía de recuperar niveles prepandemia, amplificando el efecto de las fuertes alzas de costes laborales soportadas por las pymes, del 18,1 por ciento desde 2019”, y “a las que se acumularán en 2025 nuevos aumentos del salario mínimo interprofesional (SMI) y las cotizaciones sociales”, como adelanto de esos todavía más elevados costes con el que esta reforma, sostienen desde Cepyme, lastrará todavía más las operativas y oportunidades de las pymes españolas. Una cuestión que rechazan de pleno desde UGT.

“Esta no es una cuestión entre la pequeña y la mediana o la gran empresa porque la jornada laboral está regulada por los convenios colectivos y éstos afectan a todos los trabajadores independientemente del tamaño de la empresa”, señalaba Pepe Álvarez durante la firma del acuerdo. Además, defendía el secretario general de la UGT, habría que tener en cuenta que “los países que trabajan más no son los más productivos”, para lo que bastaría, planteaba, con mirar a “los países del centro y el norte de Europa”, que “son los que tienen mayor productividad y las jornadas de trabajo más cortas”, advertía, antes de incidir en que la reducción de la jornada laboral, una vez que logre aprobarse en sede parlamentaria, “va a tener efectos muy positivos sobre la productividad y la economía de nuestro país”.