Moda España carga contra Yolanda Díaz por la polémica del “bolso falsificado” y reclama al Gobierno “acciones contundentes”

Madrid – Un bolso de Marc Jacobs, o un “pretendido” bolso de Marc Jacobs. Ahí es donde encontramos el origen de la polémica que viene alimentándose desde finales del pasado mes de octubre, y desde la cual se ha pasado de atacar a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por disfrutar de un estilo de vida familiar “de lujo” y alejado del de la clase media, a hacerlo por validar la permisividad que existe en el país hacia las falsificaciones de artículos de moda.

Tratando en primer lugar de ponernos brevemente en contexto, era hacia finales de este ya pasado mes de octubre cuando salían a la luz, y rápidamente no tardaron en viralizarse a través de las redes sociales, unas fotografías desde las que podían verse a Yolanda Díaz junto a su hija, menor de edad, durante su asistencia a una función del Ballet Nacional. Unas instantáneas de las que llamó especialmente la atención el bolso que portaba en sus manos la adolescente de 13 años, y que no tardó en identificarse con un bolso modelo “Tote Bag” de la firma de lujo estadounidense, en manos del holding internacional francés LVMH, Marc Jacobs, valorado en de unos 200 a unos 500 euros, según la edición, materialidades y tamaños. Una pieza por la que empezó a recibir ya entonces las primeras críticas la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, por parte de una parte de la población que entendían que resultaba censurable con el discurso político que sostiene Díaz, el que en su casa hubiera cabida a piezas de firmas de lujo como Marc Jacobs.

Saliendo al paso de estos reproches, era la misma Díaz quien terminaba por pronunciarse de viva voz sobre la misma polémica durante una entrevista concedida al programa Espejo Público el pasado 5 de noviembre. Un encuentro con la periodista Susanna Griso durante el que, entre otros asuntos, salía a censurar unos comentarios que, a su parecer, no hacían más que ahondar en la cultura de la cosificación de la mujer, y eso al tiempo en el que reconocía, primero, que era una polémica que “me molesta bastante”, en tanto que afectaba a su hija de 13 años; y segundo, confirmaba el que el bolso en cuestión, un regalo hecho por unas primas, era una falsificación con un precio de 25 euros, adquirida en la localidad portuguesa de Vila Nova de Cerveira. Unas aclaraciones que lejos de llegar para frenar la controversia, no han hecho más que terminar de acrecentarla, con nuevas acusaciones contra la vicepresidenta segunda del Gobierno por mostrar tan clara permisividad y tolerancia con la lacra de las falsificaciones que tanto afectan a la industria de la moda, incluida naturalmente la industria de la moda española.

“La falsificación no es un problema menor ni anecdótico, es una práctica que destruye empleo, erosiona el valor de las marcas, fomenta la economía sumergida y, en muchos casos, sostienen redes que operan al margen de la legalidad con condiciones laborales precarias e injustas”, señala al respecto Ángel Asensio, presidente de la Confederación Moda España. Partiendo de ese análisis, se trata por tanto de una lacra que “no solo perjudican a las grandes firmas, sino a toda la cadena de valor, desde los talleres artesanos y diseñadores hasta el comercio local y los distribuidores legales”, y es que “cada copia que se comercializa es una venta menos para quien trabaja cumpliendo la ley, pagando impuestos y apostando por la calidad, la sostenibilidad y la innovación”.

Permisividad y aumento del fraude

Cargando en primer lugar contra la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, tildando sus declaraciones como de completamente “irresponsables”, desde la misma patronal de la industria española censuran que son precisamente mensajes y comportamientos como el asumido con completa naturalidad por Díaz los que contribuyen a arraigar la actual permisividad frente a las falsificaciones que reina en España. Una comercialización ilícita de artículos falsificados que, según los datos facilitados del informe “Situación del comercio ilícito y fraude en España, Europa y el mundo 2024” elaborado por la compañía suiza Sicpa, se tradujo en el país, y solamente en 2024, en unas pérdidas estimadas de 5 700 millones de euros anuales, y en la destrucción de cerca de 44 700 puestos de trabajo, contribuyendo además a hacer florecer el fraude relacionado con la moda en España; país al que se sitúa como el segundo de la Unión Europea con mayor volumen de compras de artículos falsificados ilegales.

Ante comportamientos como el de la vicepresidenta segunda del Gobierno, “ModaEspaña denuncia la falta de control real sobre la venta de imitaciones y la creciente permisividad social hacia estas actividades, tanto en mercadillos y ventas ambulantes como en el entorno digital”, censurando públicamente “la tolerancia ante la imitación” de los poderes públicos y de la sociedad, en lo que no deja de ser “una forma de renunciar al esfuerzo, la calidad y la creatividad que caracterizan a la moda española”. Una tolerancia que contribuye a arraigar un fraude en la comercialización de artículos de moda, sobre el que además se advierte “del creciente número de estafas digitales en las que empresas o páginas web suplantan la identidad de marcas registradas o firmas reconocidas para comercializar falsificaciones o productos inexistentes”. Un fenómeno “cada vez más extendido en redes sociales y plataformas de venta online”, advierten desde Confederación Moda España, que “afecta directamente a la confianza del consumidor y pone en riesgo la seguridad de las transacciones digitales, además de dañar gravemente la reputación de las marcas legítimas”.

Reclamación al Gobierno de “acciones contundentes”

Frente a todo este contexto, y a modo a demás de respuesta a la postura de permisividad que, censuran desde Confederación Moda España, ha mostrado Yolanda Díaz hacia la cultura de las falsificaciones, desde la patronal de la moda española reclaman al Ejecutivo que adopte “acciones contundentes contra las falsificaciones y fraudes”. Medidas para las que plantean desde que se refuercen las inspecciones y las sanciones, hasta que se impulsen campañas de concienciación y sensibilización ciudadana sobre las consecuencias del consumo de artículos falsificados, o el que se mejore la coordinación entre las administraciones públicas para frenar, tanto desde el ámbito físico como el digital, la venta y distribución de unas falsificaciones que contribuyen “a sostener redes que perjudican a los trabajadores, a las empresas legales y al conjunto de la economía”.

Con estas demandas, “la Confederación reafirma su compromiso con una industria basada en la legalidad, la innovación y la sostenibilidad, y subraya la necesidad de implantar medidas que protejan a las marcas, los trabajadores y los consumidores”. “Preservar la autenticidad significa defender un modelo productivo que valore el talento, la creatividad, la sostenibilidad y la economía real, pilares del desarrollo y la competitividad del sector moda en España”, y “en esta línea, Moda España mantiene su voluntad de colaboración con las administraciones públicas y el conjunto del sector para erradicar la falsificación, proteger el diseño español y asegurar un mercado justo y transparente”.