La ONU solicita entrar en China “sin restricciones” para investigar los abusos contra los derechos humanos de los uigures

Madrid – Un equipo de expertos independientes al servicio de las Naciones Unidas ha solicitado abiertamente esta misma semana poder viajar hasta China y gozar de un acceso “sin restricciones” al país, con el fin de poder llevar a cabo una misión de investigación sobre la presunta violación que de manera sistemática se estaría realizando por parte de las autoridades chinas de los derechos humanos de la minoría de los uigures.

Unas presuntas violaciones que se encuentran en la raíz misma del presente boicot al que está haciendo frente en el país asiático el Grupo de moda sueco H&M, y que ya ha salpicado a un buen número de compañías internacionales, entre ellas la española Inditex, que ahora los equipos de la ONU buscan poder investigar de manera directa, tras haber recibido la información de que cerca de más de 150 empresas, domiciliadas tanto en China como en el extranjero, estarían participando de estas prácticas abusivas sobre la minoría étnica de los uigures. Un acto que, de confirmarse, supondría una grave violación de los derechos humanos.

“Estamos profundamente preocupados ante estas acusaciones que, de probarse, constituirían un grave abuso contra los derechos humanos”, declaran en este sentido, a través de un comunicado, desde el Grupo de Trabajo sobre cuestiones de las empresas y los derechos humanos de la ONU. Uno de los ocho mandatos en relación a los derechos humanos sobre los que desde la Organización de las Naciones Unidas trabajan de manera independiente, y desde el que ahora plantean sus serias preocupaciones sobre el trato que en China se estaría dando a la minoría de los uigures.

Propuesta para llevar a cabo una “visita oficial” de trabajo a China

Con el fin de poder esclarecer esta grave serie de denuncias, desde la ONU han decidido solicitar formalmente la entrada de este equipo de expertos independientes en China. Invitando al Gobierno de Pekín a que responda de manera positiva ante esta solicitud, al igual que con respecto al resto que han presentado otro buen número de grupos de trabajo sobre los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Equipos todos ellos que piden poder entrar en el país para realizar investigaciones de largo recorrido sobre diferentes posibles violaciones de los derechos humanos.

“Estamos abiertos a poder afianzar nuestro diálogo con el Gobierno de China lo antes posible, y acogeremos con beneplácito una pronta respuesta del Gobierno a estas acusaciones, así como su voluntad de continuar manteniendo un compromiso constructivo con nosotros”, añaden desde el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU. “Como expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos, del cual China es estado miembro”, añaden, “consideramos que una visita oficial a China, incluida la región de Xinjiang, presentaría la perfecta oportunidad para reforzar ese diálogo, así como para poder evaluar la situación por nosotros mismos”, eso sí sobre el principio de que además esta se lleve a cabo con un “acceso libre y sin obstáculos”.

Firmes sospechas de esclavitud

Según las informaciones que habrían llegado hasta los miembros independientes de este Grupo de Trabajo, y en línea con las informaciones que ya vienen recogiendo desde hace largo tiempo distintas organizaciones internacionales, las sospechas apuntan a que cientos de miles de personas de la minoría de los uigures habrían sido recluidas en instalaciones de “reeducación”. Al tiempo que muchos de ellos habrían sido trasladados, a la fuerza, para trabajar en fábricas ubicadas tanto en la Región Autónomo uigur de Xinjiang como de otras provincias de China. Hechos que, de confirmarse, constituirían una violación de los derechos humanos por delitos de detención ilegal, tráfico de personas, trabajos forzosos y esclavitud.

“Al parecer, los trabajadores uigures habrían sido usados a la fuerza como mano de obra en industrias de baja calificación e intensivas vinculadas a sectores como los de la industria agroindustrial, la del textil y la confección, el de la automotriz y el tecnológico”, explica Dante Pesce, presidente de este Grupo de Trabajo de la ONU. “Si bien el Gobierno Chino justifica sus actuaciones con respecto al trato que da a los uigures a una supuesta lucha contra el terrorismo, contra el extremismo violento, con un alivio de la pobreza o con fines para el desarrollo”, añade Pesce, “instamos respetuosamente al Gobierno a que cese de inmediato cualquier medida de este tipo que no se ajuste plenamente al derechos, las normas y los estándares internacionales relacionados con los derechos humanos, incluidos los derechos hacia las minorías”.

Papel activo el de las empresas y las firmas internacionales

Más allá de las conclusiones a las que se puedan llegar en el caso de que el régimen de Pekín acceda finalmente a la visita oficial de este Grupo de Trabajo al país, desde el propio equipo y la misma Organización de las Naciones Unidas invitan a las empresas a que realicen una minuciosa investigación sobre sus cadenas de suministros, con el fin de garantizar que a lo largo de ella no se está llevando a cabo ninguna vulneración de los derechos humanos. Pues en los informes que han llegado a esta sus manos, se señala que buena parte de las compañías bajo sospecha que estarían implicadas en esta serie de acusaciones de prácticas abusivas, se encontrarían operando como parte de las cadenas de suministros de numerosas marcas internacionales bien conocidas. Unas denuncias que los propios expertos se han encargado ya de trasladar al Gobierno chino y a las empresas bajo sospecha, cuyas sedes se encontrarían ubicadas tanto en China como terceros países. Caso este último por el que además se han puesto en contacto con los representantes de los gobiernos de otros 13 países, en los que dichas compañías tendrían su sede o estarían domiciliadas, para recordarles las obligaciones de los Estados de origen de garantizar que las empresas bajo su jurisdicción respetan los derechos humanos en todas sus operaciones.

“Muchas empresas están también implicadas en esta serie de acusaciones, ya sea directamente o a través de sus cadenas de suministros”, apunta en este sentido Surya Deva, vicepresidente del Grupo de Trabajo de la ONU. “Las empresas no deben hacer la vista gorda ante esto y deben llevar a cabo una correcta diligencia debida en materia de derechos humanos, en línea con los Principios Rectores de la ONU, e identificar, prevenir, mitigar y responder ante cualquier abuso contra los derechos humanos, vinculado directa o indirectamente a sus operaciones, productos o servicios, causado en Xinjiang o en otras provincias de China”.

“El Gobierno chino debe ser capaz de crear un entorno adecuado para que todas las empresas que operan en China puedan llevar a cabo una correcta estrategia de diligencia debida en materia de derechos humanos y en conformidad con las normas internacionales”, apostilla Deva; remarcando en este sentido la importancia de los estados como organismos garantes de la seguridad de sus ciudadanos, incluidos los de sus minorías. Unas garantías que deben ser capaces de asegurar, para a partir de ahí desarrollar marcos regulatorios que obliguen a sus empresas a regirse por esos mismos principios, tal y como ha comenzado a hacerse desde Europa. Donde a finales del pasado mes de marzo se ponía la primera piedra de lo que resultará en un marco regulatorio para que todas las empresas presentes en el mercado comunitario tengan la obligatoriedad de “velar” por la integridad de sus cadenas de suministros en materia tanto de derechos humanos como medioambientales.

Photo Credits: Jean-Marc Ferré. ONU, fotografía de archivo.