La Comisión Europea intensifica su lucha contra el “greenwashing” y pone freno a las etiquetas “verdes”

Madrid – Prácticamente un año después de aquella declaración de “guerra” que, el pasado marzo de 2022, terminaba por decretarles el órgano ejecutivo de la Unión Europea al “fast-fashion” y al “greenwashing” mediante la presentación de su primer paquete de medidas para fomentar la economía circular en Europa, la Comisión Europea presenta ahora una nueva propuesta normativa para tratar de acabar con las declaraciones medioambientales “engañosas”. Una propuesta desde la que, entre otras medidas, se pasa a poner coto a la proliferación de nuevas etiquetas “verdes”, tanto públicas como privadas, y que quedará ahora a la espera de someterse a su correspondiente aprobación por parte del Parlamento y del Consejo Europeo.

Llegando de este modo para completar precisamente a esa propuesta presentada por la misma Comisión en marzo de 2022, el nuevo paquete de medidas guarda como propósito asentar unos criterios comunes para toda Europa contra el “greenwashing”, o blanqueo ecológico, y las “declaraciones medioambientales engañosas”. Un objetivo con el que desde la Comisión pretenden el poder garantizar al conjunto de los consumidores el que puedan disfrutar de una mayor claridad y garantías llegado el momento de, por ejemplo, enfrentarse a la compra de cualquier prenda de moda, pudiendo, gracias igualmente a esta nueva normativa, discernir y comparar de una manera mucho más clara entre una misma categoría de propuestas, optando entre ellas a escoger aquella opción que realmente suponga la más respetuosa con el medioambiente. Unas garantías de transparencia y de veracidad, que, justifican desde la misma comisión, repercutirán de manera positiva sobre las empresas, en la medida de que los consumidores podrán libremente reconocer y premiar a aquellas que estén realmente implicándose por promover un modelo de negocio más sostenible y comprometido con el entorno. Empresas que de este modo, esgrimen desde la Comisión, podrán asegurarse de disfrutar de unas condiciones de competencia en igualdad de oportunidades, sin necesidad de hacer frente a la competencia desleal que les supone a día de hoy el tener que poner a competir sus artículos sostenibles con aquellos que solamente lo son en apariencia, debido a prácticas de “greenwashing”.

“Todos queremos hacer todo lo posible por limitar el impacto de nuestras decisiones de consumo en el medio ambiente, pero no es fácil ser ecológico”, entre otros motivos por que es que “la información nos abruma”, reconoce el propio Virginijus Sinkevičius, comisario responsable de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, a lo largo de unas declaraciones difundidas por parte de la misma Comisión. “Existen 230 etiquetas ecológicas diferentes en el mercado de la UE”, resultando imperativo el “poder confiar en las declaraciones y etiquetas ecológicas de los productos”, apunta. En este contexto, añade Sinkevičius, “las propuestas presentadas hoy por la Comisión protegerán a las empresas y a los consumidores frente a las prácticas de blanqueo ecológico perjudiciales y harán frente a la proliferación de etiquetas”. “Queremos ayudar a los consumidores a confiar más en sus decisiones y velar por que sean recompensadas las empresas que se esfuercen realmente por reducir su impacto en la naturaleza, el uso de los recursos, las emisiones climáticas o la contaminación”, en una lucha para la que, igualmente y de manera paralela, “también debemos avanzar en el uso de etiquetas comunes fidedignas, tales como la etiqueta ecológica de la UE, que es una marca de excelencia medioambiental en nuestro mercado único”.

“Las declaraciones ecológicas se encuentran por todas partes”, desde en “camisetas respetuosas con los océanos, plátanos neutros en carbono, zumos respetuosos con las abejas, entregas con CO2 compensado al 100 por cien, etc”, pero “por desgracias, tales declaraciones carecen demasiado a menudo de fundamento o pruebas de cualquier clase”, apunta por su parte Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo responsable del Pacto Verde Europeo. Estas prácticas son las que están abriendo “la puerta al blanqueo ecológico”, y colocando “a las empresas que fabrican productos verdaderamente sostenibles en una situación de desventaja”. “Muchos europeos quieren contribuir a un mundo más sostenible mediante sus compras y deben poder confiar en las declaraciones formuladas”, y “mediante esta propuesta”, subraya Timmermans, “ofrecemos a los consumidores la seguridad de que, cuando algo se venda como ecológico, lo sea de verdad”.

Afirmaciones apoyadas sobre análisis científicos

Además de sobre ese primer paquete de medidas para la economía circular, adoptado en marzo de 2022, con medidas contra el “Fast Fashion” y al “Greenwashing”, y al que siguió un segundo paquete, ya en el mes de noviembre del mismo año, con la presentación de las propuestas para los envases de plástico y la eliminación del carbono, como base sobre la que se sustenta esta nueva propuesta, nos encontramos con el estudio realizado por la Comisión en el año 2020, desde el que se establecía que el 53,3 por ciento de las afirmaciones medioambientales de la UE eran vagas, engaños o infundadas, y que el 40 por ciento directamente carecían completamente de ningún fundamento. Una completa falta de garantías que se alimentaba de la ausencia de normas comunitarias aplicables para las empresas que realizaban declaraciones ecológicas de esa naturaleza, ausencia que es precisamente la que guarda como principal objetivo venir a corregir esta nueva propuesta.

En virtud así pues de lo establecido en la iniciativa presentada ahora por la Comisión, a partir de su aprobación, todas las empresas deberán fundamentar y comunicar cualquier declaración ecológica que deseen realizar sobre sus productos o servicios, en base a unas normas mínimas que implicarán, entre otras acciones, el deber de contar con una verificación independiente y con pruebas científicas. Quedando únicamente como casos excluidos los de aquellas declaraciones realizadas en base a normas ya vigentes dentro de la Unión Europea, como las que permiten optar a la etiqueta ecológica de la UE o al logotipo de alimento ecológico, puesto que ya dependen de unos análisis regulados.

“Como parte de este análisis científico, las empresas determinarán los impactos medioambientales que realmente sean pertinentes para su producto y definirán cualquier compensación, a fin de ofrecer una imagen completa y precisa” de los valores sostenibles de sus productos, apuntan desde la Comisión; en relación a una medida que se ha terminado por adoptar teniendo en el punto de mira casos bien concretos, como los de las declaraciones que expresan, por ejemplo, “camiseta fabricada con botellas de plástico reciclado”, “entrega con emisiones de CO2 compensadas”, “envases fabricados con un 30 por ciento de plástico reciclado” o “protección solar respetuosa con los océanos”.

Freno a la proliferación de etiquetas “verdes”, públicas y privadas

En cuanto a la polémica cuestión del “etiquetado verde”, la nueva propuesta pasa a poner freno a la aparición de nuevas etiquetas medioambientales, tanto públicas como privadas y promovidas por las propias empresas. Estipulando para ello una prohibición para la aparición de nuevas etiquetas, guardando como excepción para el caso del etiquetado público el que este se formule a escala de toda la Unión Europea, y para el caso del privado, el tener que demostrar unas exigencias mayores a las de cualquier etiquetado actual, así como la necesidad de obtener una autorización previa.

De este modo, la propuesta “también tiene por objeto evitar la proliferación de etiquetas y de nuevas etiquetas medioambientales públicas y privadas”, resumen desde la Comisión. “En la actualidad existen al menos 230 etiquetas diferentes y hay indicios de que esto genera confusión y desconfianza entre los consumidores”, y en respuesta, “para controlar la proliferación de tales etiquetas, no se permitirán nuevos sistemas de etiquetado público, a menos que se formulen a escala de la UE”, mientras que “cualquier nuevo sistema privado tendrá que demostrar una ambición medioambiental mayor que los existentes” y deberá “obtener una aprobación previa para poder ser autorizado”.

Completando del mismo modo a esas estrategias destinadas a facilitar de una mayor y más clara información a los consumidores, “existen normas detalladas sobre las etiquetas ecológicas en general”, que “también deben ser fidedignas y transparentes, y deben verificarse de forma independiente y revisarse periódicamente”, subrayan desde la Comisión. Unas garantías de fiabilidad que ahora deberán igualmente de adaptarse a esta futura nueva normativa, mediante la cual también “se prohibirán las declaraciones o las etiquetas que empleen puntuación agregada del impacto medioambiental global del producto, salvo que se contemplen en la normativa de la UE”, estableciéndose a su vez el que “si se comparan productos u organizaciones con otros, tales comparaciones deben fundarse en información y datos equivalentes”.