Humana denuncia al Ayuntamiento de Gijón y señala a su alcaldesa por favorecer a Cáritas en las licitaciones

Madrid – La entidad de economía social Humana Fundación Pueblo para Pueblo, más conocida simplemente como Humana, ha denunciado al Ayuntamiento de Gijón por anular, de manera unilateral e ilegal, el contrato público que se le había adjudicado para gestionar la recogida de parte de los residuos textiles y de ropa usada de la localidad. Una rescisión que, añaden, se habría dado promovida por su propia alcaldesa, y presidenta del partido Foro Asturias, Carmen Moriyón, con el único propósito de favorecer a Cáritas.

Cuando con motivo de la colocación de la “primera piedra” de la nueva planta de residuos textiles que Cáritas, a través de su iniciativa Moda Re-, ha comenzado a levantar en Galicia, desde FashionUnited de manera ya intencionada señalábamos a cómo con su construcción la empresa de inserción social estaba saliendo a “ocupar” el espacio de Humana, lo que se buscaba era poner el foco de atención en las cada vez más crecientes tensiones que se han empezado a generar entre las asociaciones y agentes especializados en la revalorización y el tratamiento de los residuos textiles. Roces sobre los que justamente Humana ya se había encargado de empezar a arrojar luz con motivo del anuncio, el pasado mes de noviembre, del cierre de sus instalaciones en Galicia, ubicadas a escasamente unas decenas de pasos de donde se ha empezado a levantar esa nueva planta de Moda Re-, y cuyos orígenes se encuentran en los supuestos abusos que están practicando las diferentes administraciones públicas, a la hora de aplicar la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. Norma desde la que, como bien detallábamos entonces, se establece una reserva del 50 por ciento de las adjudicaciones de los contratos públicos para la gestión de residuos textiles para entidades de inserción social, como Moda Re-, pero que desde Humana ya denunciaban entonces que se estaba vulnerando por exceso, reservando directamente hasta el 100 por cien de las licitaciones para este tipo de entidades. Un abuso de los términos de la Ley, que sitúan precisamente como el origen del nuevo episodio de discriminación contractual del que denuncian haber sido objeto por parte del Ayuntamiento de Gijón.

De este modo la Ley “ya establece reservas de mercado para determinadas entidades de inserción, lo que limita legítimamente la competencia en ciertos lotes”, pero “ese marco normativo debe aplicarse con rigor y equilibrio”, porque “lo que resulta inaceptable es que, además de esas limitaciones legales, se produzcan dinámicas de presión y decisiones políticas que estrechan todavía más el espacio competitivo, hasta el extremo de anular una adjudicación legal”, censuran desde la entidad de economía social. Una Humana que, reivindican, “defiende un sector textil plenamente competitivo, transparente y profesionalizado, alineado con los objetivos europeos de economía circular y recogida separada obligatoria de residuos textiles”. Pero “la transición” hacia ese “modelo más sostenible exige reglas claras y estabilidad institucional”, demandan, porque si, como denuncian que es el caso, “las adjudicaciones pueden revertirse por presión y decisiones políticas sobrevenidas, se genera inseguridad jurídica y se disuade la participación en concursos públicos”.

Una rescisión unilateral, impulsada por la propia alcaldesa de Gijón

De manera más detallada, según denuncian desde Humana, en público y ante los tribunales, como demuestran los dos recursos que anuncian haber ya interpuesto ante la justicia contra el Ayuntamiento de Gijón, todo tuvo su origen el pasado 12 de mayo de 2025, cuando desde el consistorio asturiano se hizo pública la convocatoria para la licitación del servicio de recogida de ropa usada de Gijón. Unas tareas que desde 2014 se ha estado encargando de gestionar Cáritas a través de su entidad de inserción laboral Cáritas Kopera Astur, y para las que el Ayuntamiento gijonés pretendía acordar las debidas licitaciones para la instalación de contenedores de recogida de ropa, para la recogida de ropa, para la preparación de los residuos textiles, de calzado y complementos para su reutilización, reciclado y revalorización, por un periodo de cinco años.

Para ese fin, el consistorio delimitó, en base a esa Ley 7/2022, dos lotes, con uno primero integrado por 79 contenedores, y a sus tareas asociadas, reservado a únicamente empresas de inserción social, y un segundo lote para la instalación de 40 contenedores, abierto ya a cualquier empresa que cumpliera con los requisitos para su licitación. Dando como adjudicatarias de uno y otro, tras la valoración de las propuestas presentadas, a la empresa de inserción Insertega, y a la entidad de economía social Humana. La única empresa esta que había presentado candidatura para la adjudicación de ese segundo lote que no era una empresa o centro de inserción, como sí lo eran Insertega, Air Servicios Ambientales y Cáritas Koopera Astur, que presentaron candidaturas tanto a uno como a otro lote.

Resueltas las adjudicaciones, tras la publicación de la resolución de los contratos públicos a fecha del 1 de agosto, el 14 del mismo mes Cáritas interponía recurso de alzada contra ambas resoluciones, solicitando la exclusión de las ofertas de Insertega y de Humana alegando “supuestos incumplimientos de los pliegos”. Un recurso que fue analizado por los servicios técnicos de Emulsa —la empresa municipal de servicios de medioambiente urbano de Gijón— y por un equipo jurídico de asesores externos, dando como conclusión el dictamen de un informe desde el que se señalaba la no existencia de irregularidades. Una resolución frente a la que no obstante denuncian desde Humana que la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, maniobró, impulsando la elaboración de un nuevo informe, en este caso por parte de la asesoría jurídica del Ayuntamiento. Departamento desde el que, a fecha del pasado 8 de enero, emitían ese segundo informe; un texto desde el que no obstante se señalaba que el recurso presentado por Cáritas debía de ser desestimado, aún a pesar de que se advertía de la existencia de una serie de “supuestos errores” en la oferta presentada por Humana. Unas irregularidades sobre las que desde la entidad de economía social inciden en que “carecen de fundamento”, como demuestra el que no se presenten junto a “una argumentación razonada”.

Se trata esta de una justificación que ni tan siquiera merecería mayor consideración, puesto que aún así se dictaminaba que el recurso de alzada de Cáritas debía de ser desestimado, sino fuera porque, con ese informe en la mano, y a pesar de su conclusión, la alcaldesa de Gijón, denuncian desde Humana que instó a Emulsa a que desistiera de la adjudicación; resolución que acordaban a fecha del pasado 15 de enero, tras unos hechos que solo ahora han salido a denunciar públicamente desde la entidad de economía social. Denuncia que acompañan de la acusación que vierten contra Cáritas, por “presionar” para continuar manteniendo el control sobre la gestión de los residuos textiles de Gijón, y de otra más contra el Ayuntamiento de Gijón, desde donde, a pesar de esos dos informes, no han emitido resolución expresa sobre el recurso de Cáritas, que seguirá controlando la gestión de los recursos textiles del municipio, tal y como había estado haciendo hasta ahora, hasta que desde Emulsa se decidan a lanzar una nueva licitación.

Con dos recursos interpuestos ante los tribunales

Pese al “respaldo técnico y jurídico, la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, impulsó fuera de plazo un nuevo informe de la asesoría jurídica municipal”, con el que “instó a Emulsa a desistir del proceso, anulando una adjudicación ya realizada”, denuncian desde la entidad de economía social. “Para Humana, esta decisión no puede entenderse al margen de la presión ejercida por Cáritas y su entorno”, y desde el entendimiento de que “la gestión del residuo textil es un ámbito estratégico con fuerte implantación histórica de determinados operadores”, pero “el apoyo institucional sostenido hacia uno de ellos genera un entorno de favoritismo incompatible con la libre competencia”, censuran. Porque “no todo vale”, y “la contratación pública no puede convertirse en un mecanismo para preservar posiciones históricas o favorecer a operadores concretos frente a propuestas más eficientes”.

A la vista de todos estos hechos, “Humana ha interpuesto dos recursos frente a estas decisiones en Gijón”, y “la Fundación confía en que la justicia restablezca la legalidad y marque límites claros frente a actuaciones que comprometen la neutralidad institucional”. Porque “lo ocurrido en Gijón no es solo un conflicto local”, sino “una cuestión que afecta al conjunto del sector textil y a la credibilidad de la contratación pública en España”; y es que “convertir este tipo de prácticas en precedente sería un descalabro institucional con consecuencias duraderas para la competencia y la confianza ciudadana”.