Huelga de transportistas a las puertas de la campaña de navidad

Dando firme resolución a su palabra dada de que el paro en el transporte se suspendía, a partir del pasado 2 de abril de 2022, de “manera temporal” y que volverían a “reactivarse” las movilizaciones, la Plataforma para la Defensa del Sector del Trasporte de mercancías por Carretera Nacional e Internacional, la misma asociación de transportistas que llegó a paralizar todo el país con un Paro Indefinido que llegó a prolongarse por 20 días, vuelve a llamar a las filas y convoca un nuevo Paro Nacional Indefinido. Huelga a la que están llamados a sumarse todos los transportistas que así lo estimen, tanto autónomos como los que realicen su actividad bajo la bandera de cualquier compañía logística, y que arrancará a partir del próximo lunes 14 de noviembre.

Este nuevo paro, defienden desde la Plataforma como asociación convocante, se presenta a modo de respuesta de las, a su juicio, documentadas faltas de garantías con las que, desde la propia administración, se estaría haciendo el seguimiento de la aplicación de los términos pactados en el contenido de la nueva Ley de Cadena del Transporte, aprobada el pasado mes de agosto, y en cuyos términos se terminaba recogiendo la reivindicación histórica de los transportistas autónomos y de las pequeñas compañías logísticas del transporte, de prohibir la contratación de servicios a pérdidas. Una falta de cumplimiento frente a la que, tras haber tratado nueva y reiteradamente de encontrar una solución pactada y un mayor compromiso en la aplicación de la Ley por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), cartera en manos de la ministra Raquel Sánchez Jiménez, un total de un 86 por ciento de los transportistas adheridos a la Plataforma votaban a favor de la convocatoria de este nuevo Paro Nacional Indefinido, que terminaba viéndose así aprobado tras las reuniones mantenidas por las distintas delegaciones de la asociación durante este pasado fin de semana, y contra solamente un 12 por ciento de votos en contra y un 2 por ciento de abstenciones.

A nadie se le escapa que esta nueva huelga llega en un momento especialmente delicado, para todas las compañías vinculadas a la venta de artículos y de productos de consumo —independientemente de su sector—, arrancando a las mismas puertas de una campaña de navidad que, de manera oficiosa, quedará inaugurada con las celebraciones, el próximo viernes 25 de noviembre, de la jornada especial de compras con descuentos conocida como el “Black Friday”. Una fecha que cada vez cuenta con más adeptos en nuestro país, donde ha venido siendo habitual que los descuentos terminen alargándose por hasta inclusive toda la semana y hasta ceder su testigo, ya al lunes siguiente, a las celebraciones del conocido como “Cyber Monday”, que corren bien ahora el peligro de terminar ensombrecidas, y empobrecidas, por este nuevo paro. Una huelga de transportistas que puede terminar provocando el que no pocos consumidores terminen desechando sus opciones de compra, especialmente desde el canal online, en una acción que puede llegar a prolongarse hasta las mismas jornadas de compras de navidad, terminado así echando por tierra los números de una campaña que de manera tradicional se muestra como vital para no pocos sectores y compañías.

Además de esa caída de las ventas que puede provocar este mero llamamiento al paro, por parte de unos consumidores que no se las verán con todas a la hora de tener la garantía de poder recibir a tiempo sus pedidos, tampoco podemos dejar de pasar por alto los riesgos de desabastecimiento y de interrupción en las redes de suministros de las empresas que vuelven a planear sobre las cadenas de unas compañías que, de repetirse los efectos ocasionados durante el paro del pasado marzo, pueden llegar incluso a verse obligadas, en el peor de los casos, a tener que paralizar su actividad. Un extremo que ha provocado el que no pocas asociaciones, tanto de transportistas como de la gran distribución, no hayan dudado a la hora de posicionarse de manera pública en contra de esta nueva convocatoria de paro nacional.

Una respuesta a la falta de compromiso del Ejecutivo en la aplicación de las nuevas leyes del transporte

Empezando primeramente por las reivindicaciones de los transportistas, estas vuelven a tener su origen en las que ya llevaron a la convocatoria del paro del pasado mes de marzo. Un conflicto que trató de resolverse con la aprobación, primero en marzo de la nueva Ley de Carga y Descarga, en vigor desde comienzos de este mes de septiembre, y posteriormente de la ya citada nueva Ley de Cadena del Transporte, cuyos términos los transportistas aseguran que se están violentando, con la complicidad del propio Gobierno y la de los distintos órganos del estado, en lo que les ha llevado a la necesidad de convocar este nuevo paro, para cuyo levantamiento solicitan una nueva serie de reivindicaciones.

Tal y como explican desde la propia Plataforma, lo que ahora se requiere del Ejecutivo es, primero, el que el Gobierno garantice, “bajo acuerdo firmado”, la colaboración de las correspondientes autoridades para la correcta aplicación de ambas leyes, apuntando aquí a la colaboración de la Guardia Civil en carretera, a una correcta inspección de transporte en las empresas, y una exhaustiva revisión de las cuentas de las compañías transportistas por parte de los inspectores de Hacienda. Punto al que suman la instancia ante el Ejecutivo para que el Gobierno aplique los correspondientes cambios en la Ley de Costes para que estos terminen dando cobertura a, no solamente los camiones, sino a todo tipo de transportes, desde furgonetas a transporte ligero, pasando por transporte de áridos y el transporte pesado. Dejando como tercera reivindicación el que se asegure un cálculo de costes con las mismas partidas para todos los tipos de transporte, con el fin de asegurar así que ningún transportista pueda terminar viéndose empujado a trabajar a pérdidas.

Como último añadido, además de lo señalado, desde Plataforma ponen el foco en el deber de asegurar la correcta aplicación de la Ley, vía la imposición de sanciones para todos aquellos que la infrinjan. Un capítulo desde el que demandan dar condición de veracidad a las denuncias que presenten organizaciones de transporte y cualquier afectado por el incumplimiento de la Ley; la imposición de multas para el cargador principal, el cargador contractual y el transportista por su incumplimiento; y la eliminación de las exenciones para no poder ser multado, para unas sanciones que estiman que deben oscilar entre los 70 y los 90 mil euros.

“Desde el Ministerio de Transporte no se están llevando a cabo las debidas actuaciones para comprobar y sancionar en su caso, las irregularidades que desde Plataforma hemos documentado para demostrar el incumplimiento de los cargadores sobre la Ley de costes”, explicaban desde la propia Plataforma en uno de sus últimos comunicados emitidos previamente a este nuevo llamamiento a la huelga. “En contra de lo debido”, añaden, “estamos viendo como desde la Dirección de la Inspección de Transporte se pretende aliviar de cualquier presión a los infracciones, desautorizando a las autoridades que fundamentalmente deben de ser los primeros controladores del cumplimiento de la Ley”.

Y mientras eso ocurre en relación a la Ley de Cadena del Transporte, sobre la de Carga y Descarga, “a los dos meses de entrar en vigor la Ley que prohíbe hacer estas labores a los conductores, ya se están empezando a dar casos de represalias hacia los conductores que no aceptan la coacción para seguir descargando sus camiones”, denunciaban públicamente desde Plataforma, sobre una actuación contraria a la Ley para la que “también desde la Inspección de Transporte se ha desautorizado a cualquier cuerpo de seguridad del Estado a intervenir”. Una acción que habrían tratado de justificar desde el Ministerio de Transporte apuntando a que “son ellos en exclusiva los que deben de controlar estas Leyes”, pero a su vez “nos advierten de que con la falta de inspectores es imposible”.

Con esta suma de acontecimientos, desde Plataforma aseguran contar con “muestras y datos más que suficientes como para calificar esta situación de engaño y burla hacia los transportistas”. Un engaño al que, defienden, se estaría en vistas de sumar una aprobación por parte del Ministerio para “que en los actuales camiones se carguen 4 toneladas más para contentar a los cargadores, con el grado de inseguridad que para los conductores y resto de usuarios de la carretera supone ese sobrepeso en los vehículos (pero para los cargadores sería el ahorro de 1 camión cada 6 camiones)”. “Al final nos están conduciendo a la desaparición para culminar con un gran monopolio que orquesten 4 grandes empresas reclutando autónomos arruinados”, denuncian desde la Junta Directiva Nacional de la Plataforma. Por todo ello “decimos que en estos momentos no podemos consentir que todos estos acontecimientos continúen”, y de ahí “el decidir por unanimidad los Delegados, la convocatoria de Paro Nacional Indefinido”.

Un paro tildado de “irresponsable” por las patronales empresariales y del transporte

De manera contraria a la acción anunciada por la Plataforma para la Defensa del Sector del Trasporte de mercancías por Carretera Nacional e Internacional, en línea con lo ya expuesta han sido distintas las organizaciones empresariales, tanto de transportistas como de la gran distribución, las que han salido en respuesta a este llamamiento al paro para, primero, tacharlo de “irresponsable”, y segundo solicitar al Gobierno que se garantice tanto la seguridad y el derecho a trabajar de todos aquellos que no decidan secundar el paro, como el abastecimiento de productos y materias primas.

Empezando por este último punto, una suma de distintas asociaciones, desde las organizaciones agrarias COAG y UPA, hasta las empresariales AECOC, ACES, ASEDA, Cooperativas Agro-Alimentarias de España, FIAB, Hostelería de España y Marcas de Restautración y Anged, patronal de la gran distribución a la que se encuentran asociadas grandes multinacionales como C&A, Carrefour, El Corte Inglés, la Fnac o Tendam, han emitido un comunicado conjunto desde el que reclaman “seguridad y garantías para el abastecimiento de productos y materias primas ante los nuevos paros convocados por la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías”. “Toda la cadena alimentaria ya está gravemente tensionada por el complejo escenario internacional y destacan los daños que este nuevo paro puede ocasionar especialmente a miles de pymes que ya atraviesan un momento delicadísimo, fruto de la actual coyuntura”, del mismo modo que también “el grave perjuicio que esta situación podría llegar a suponer para los consumidores, en caso de prolongarse”, esgrimen. “Somos un sector esencial y estratégico, como ha quedado demostrado en las recientes crisis que hemos padecido, y creemos que ha llegado el momento de que el Gobierno adopte medidas que garanticen el buen funcionamiento de la cadena alimentaria y el abastecimiento de alimentos y bebidas al conjunto de la población en cualquier situación, por muy excepcional que esta sea”.

Mientras tanto, desde el Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), órgano reconocido como el interlocutor del sector con los agentes del Gobierno y del que no forma parte la Plataforma, y sí asociaciones como Fenadisemer y CETM, se sigue defendiendo “la negociación con el Gobierno como el único camino válido para lograr avances estructurales para nuestra actividad”. “Acuerdos tan relevantes como los alcanzados hasta la fecha”, destacan, “no pueden menospreciarse y dejar de estimarse en su justa medida”. “El CNTC es consciente de que aún queda mucho por hacer y mantenemos reuniones periódicas” con el Ministerio, pero “un paro indefinido no es la solución a estos problemas”. Así pues, zanjan su posición, “las asociaciones que forman parte del Comité Nacional del Transporte por Carretera, no están a favor del paro y  apuestan por trabajar con la Administración en la búsqueda de soluciones”, mientras “confían en que las empresas y autónomos puedan ejercer su derecho a trabajar con total libertad y que, en esta ocasión, no tengan que verse obligados a parar su actividad debido a episodios como los que se vivieron en el mes de marzo”. Añadiendo como remate a su comunicado, el que “no es aceptable que el derecho a trabajar de una mayoría, cuya representatividad está debidamente acreditada en los órganos institucionales del sector, pueda ponerse en cuestión por una respuesta inadecuada al comportamiento violento de unos pocos, quienes deambulan al margen de aquellos órganos por su irrelevancia representativa”.

En esta misma dirección, desde UNO, la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España, se han terminado igualmente posicionando de manera “absolutamente contraria” a la nueva convocatoria. Expresando, de boca de su presidente Francisco Aranda, el que resulta “irresponsable convocar una movilización de estas características, pues pone en peligro la cadena de suministro en un momento estratégico del año para miles de empresas que se juegan ahora su cuenta de resultados”. Por ello, “desde UNO exigimos que se garantice la seguridad y el derecho al trabajo de todos aquellos transportistas que no quieran secundar el paro”, y “pedimos que se impida la repetición de episodios violentos que afectaron al buen funcionamiento de la cadena alimentaria con motivo del último paro”. “La nueva normativa ofrece herramientas para denunciar aquellos casos en los que no se esté actuando acorde al marco jurídico”, añade Aranda a través de unas declaraciones difundidas por la propia organización empresarial. “Por eso, nos parece injusto descalificar a todo un sector que está muy profesionalizado y que ha dado muestras de su compromiso con la sociedad”.