El tacticismo político empaña el plan de recuperación del Gobierno para los afectados por la DANA

Madrid – Este martes, 5 de noviembre, exactamente una semana después de que tuviera lugar la riada que asoló toda la zona sur del área metropolitana de Valencia, el presidente del Gobierno, Pedo Sánchez, comparecía ante los medios de comunicación para anunciar la activación de un plan nacional de recuperación para las zonas afectadas por la DANA. Una ambiciosa hoja de ruta, con medidas para el corto, medio y largo plazo, cuya presentación y puesta en marcha, con unas primeras e igualmente ambiciosas medidas por más de 10 600 millones de euros, quedó empañada por el tacticismo político con el que nuevamente se está tratando de aprovechar esta desgracia.

Antes de entrar a desgranar ese grueso de grandes y primeras medidas, para ciudadanos, empresas, trabajadores, trabajadores autónomos y ayuntamientos afectados por la DANA que arrasó, entre los días 28, 29 y 30 de octubre de 2024, distintas localidades de Valencia, Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares, Cataluña y Aragón, golpeando muy especialmente al cinturón industrial del área metropolitana de Valencia, y que se han encargado ya de presentar desde la Presidencia del Gobierno de España, cabe remarcar, siguiendo con lo ya señalado al comienzo de estas líneas, cómo tras la promesa de la implementación de unas medidas de apoyo y de unas ayudas sin precedentes conocidos en toda la historia de España, tristemente se vuelve a descubrir un juego de intereses espurios entre aquellos que han prometido trabajar por el interés general de todos los españoles. Un juego en forma de tacticismo político, entre unos que, y no sin razón, siguen acusando al Ejecutivo central de dejación de funciones y de haberse recreado en su inoperancia mientras dejaba a la población afectada por las inundaciones sumida en el lodo a pesar de que, como aseguraba el presidente del Gobierno en su comparecencia de este martes, “el Gobierno estuvo desde el primer minuto, desde el primer segundo, e incluso antes, preparado para dar una respuesta proporcionada a la magnitud de esta DANA”; y un Ejecutivo que ha salido ahora, a través de la aprobación de este plan, a terminar justamente de apuntalar esos recelos, que parten de la sensación de que el retraso en la movilización de los efectivos necesarios para lograr hacer frente a esta crisis nacional se debió a un desalmado interés por su parte, para tratar de aprovecharla para, eso sí desde “el primer minuto”, sacar un rédito político acusando de inoperancia e incapacidad a un Gobierno autonómico que nunca ha contado con la capacidad para asumir los trabajos de reconstrucción, como así se ha visto con la necesaria aprobación de este plan nacional para la reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA. Un propósito que quizás si se hubiera logrado para el caso en el que la catástrofe no hubiera terminado siendo de, trágicamente, la magnitud de la que finalmente ha sido.

Tratando de ahondar en cómo con su aprobación desde el Gobierno central han vuelto a dar muestras de ese mismo tacticismo, anteponiendo sus propios intereses por encima de la necesidad de las ayudas que van a necesitar las zonas y la población afectada, basta con mirar a cómo desde el Ejecutivo se apunta a que, para la completa implementación de esta “ambiciosa herramienta” de reconstrucción, será necesario que el Congreso de los Diputados apruebe unos presupuestos capaces de desarrollar todas las medidas que se van a plantear desde el Ejecutivo, para incluso a lo largo de distintas legislaturas. Un extremo que rechazan desde los partidos de la oposición, desde donde por su parte igualmente tratan, y van a tratar, de que esa inoperancia del Gobierno, que es la que llevó a que los núcleos de población más afectados por las riadas siguieran sin ayuda ni asistencia hasta prácticamente una semana después de las inundaciones, termine provocando la caída del Ejecutivo; caída que sería mucho más difícil de forzar para el caso de contar con unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de los que pudieran servirse para seguir adelante con su programa político, motivo por el que justamente desde el Gobierno están tratando de servirse de este plan de reconstrucción para vincular su desarrollo a la aprobación de unos nuevos PGE. Y entre medias de todo esto, tristemente y una vez más, los afectos, y también el conjunto de todos los ciudadanos, quienes vuelven, volvemos, a soliviantarnos ante muestras de las mismas prácticas y tácticas mezquinas que ya condujeron a incendiar los ánimos hasta el extremo durante aquella visita que realizaron las principales autoridades del Estado, central y autonómico, a la localidad valenciana de Paiporta, presidida por los Reyes de España, el pasado domingo, 3 de noviembre.

Un ambicioso plan de reconstrucción, estructurado en tres fases

Dejando ya de lado ese lado más viciado que ha empañado el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, para, al margen de toda la pelea política, poner el foco de atención en las medidas de ayuda a las que van a poder empezar, desde ya, a acceder todos los afectados por las inundaciones, siguiendo con lo ya señalado, estas se van a desarrollar y a ir aprobando bajo el paraguas de lo que el presidente presentó como “Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento” para las zonas afectadas por la DANA. Un plan de reconstrucción que se dará en tres fases, contando como ámbito de aplicación la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares, Cataluña y Aragón.

Según al mismo respecto se encargaba de detallar el presidente del Gobierno durante su comparecencia, para su desarrollo e implementación, el plan cuenta de una primera fase, la de “Respuesta Inmediata”, a la que se la va a dar forma con una ambiciosa batería de medidas apoyo e iniciativas para el corto plazo, entre ellas las del primer paquete de ayudas a hogares, empresas y ayuntamientos de los 78 municipios identificados como más gravemente afectados por la DANA de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y de Andalucía. Medidas a las que Sánchez ya adelantó que se irán sumando nuevas ayudas, de naturaleza más sectorial, a lo largo de estos próximos meses, y a medida que se sigan valorando, como primera parte de ese ambicioso plan, que, desde un medio y más largo plazo, continuará desarrollándose con una fase posterior de “Reconstrucción” y otra de “Relanzamiento”, con iniciativas en sus casos destinadas a ya no solamente superar los efectos de las inundaciones, sino, en línea con las demandas realizadas desde la Generalitat Valenciana, preparar el territorio de manera efectiva para limitar los efectos de otras y nuevas y posibles riadas.

Este primer paquete de medidas es “solo el comienzo”, señalaba el presidente del Gobierno durante su intervención. “Es un primer paso, un paso ágil y ambicioso, con medidas concretas y realistas que entran en vigor ya y que van a ayudar a la gente y las empresas en los próximos días y semanas”, añadía, después de haber indicado cómo desde el Ejecutivo se va a “seguir trabajando sin distracciones, con más medios, más coordinación y mayor esfuerzo hasta que la normalidad haya vuelto a todos los municipios y a todos los hogares golpeados por esta tragedia”. “Todos somos Estado, desde el Gobierno de España al último de los ayuntamientos, y por eso tenemos que trabajar codo con codo para acelerar el auxilio y la recuperación”, incidía, a través de estas primeras medidas, que se terminarán de completar con otras de igualmente hondo calado, así como con unas posteriores fases, la de “Reconstrucción” y la de “Relanzamiento”, para las que, adelantaba Sánchez, “abriremos espacios de interlocución con la ciudadanía, con los ayuntamientos, con las administraciones provinciales y territoriales afectadas”. “Vamos a estar con nuestra gente hasta el final, con todos los medios, todo el tiempo que sea necesario”, concluía el presidente del Gobierno, y tal y “como hemos hecho durante otras situaciones extremas que nos han tocado vivir como sociedad en estos últimos años”.

Primer paquete de medidas, por 10 600 millones de euros

Centrándonos ya en destacar y presentar el grueso principal de esas primeras medidas a las que, y desde ya, pueden empezar a acceder todos los afectados por las inundaciones, aprobadas por el Consejo de Ministros celebrado este 5 de noviembre de 2024, sobre las mismas desde la misma Presidencia del Gobierno señalan que, en sus líneas generales, componen un primer paquete de medidas destinadas a ayudar a los hogares, empresas y a los ayuntamientos de los 78 municipios más afectados por la DANA de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. Un primer paquete de medidas de respuesta que estiman en un valor de más de 10 600 millones de euros, en el que se contemplan medidas de ayudas directas y de beneficios fiscales para los afectados, así como ayudas a las Administraciones locales, todas ellas posibles gracias a la aprobación previa por parte del Ejecutivo como “Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil”, lo popularmente conocido como declaración como zona catastrófica, en su caso de las zonas de Valencia, Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares, Cataluña y Aragón afectadas por el temporal.

Sobre las mismas, y al margen de las ayudas aprobadas para los ayuntamientos afectados, para las que el Ejecutivo ha aprobado, entre otras, la financiación del 100 por cien de todos los gastos por los trabajos de emergencia en los que hayan y vayan a incurrir, así como el correr a cargo con el 50 por ciento de todas las obras de reparación de instalaciones e infraestructuras que lleven a cabo durante los próximos meses, no enfocamos ahora en enumerar las distintas ayudas que ha aprobado ya el Gobierno central, para hogares, empresas y trabajadores autónomos. Medidas entre las que se encuentran desde el pago de ayudas, cuatro veces más de los importes previstos en la Ley, por fallecimiento, incapacidad y daños en enseres y en vivienda; hasta la creación de una nueva figura de “incapacidad temporal extraordinaria”, que va a permitir que todos los trabajadores afectados, física o psicológicamente, cobren hasta el 75 por ciento de todo su salario desde el primer día; o la aprobación para que todos los trabajadores autónomos afectados puedan solicitar una prestación por cese de actividad, recibiendo el 70 por ciento de su base de cotización, y aunque no hayan cumplido el periodo mínimo de 12 meses que exige la Ley. Mientras que para aquellos ciudadanos en régimen de vulnerabilidad que hayan venido recibiendo la compensación del Ingreso Mínimo Vital, o alguna otra no contributiva, y que se hayan visto afectados por la DANA, a estos se les compensará con un complemento adición de un +15 por ciento, por una duración de al menos tres meses.