Un “roto” de más de 10.000 millones de euros: la Generalitat Valenciana pone cifras a los daños sobre el tejido industrial y económico

Madrid – Continuando con las vertiginosas cifras que está dejando tras de sí este último, y virulento, episodio de gota fría que ha asolado la Comunidad Valenciana, desde el Gobierno regional han empezado ya por empezar a estimar los daños que han generado las riadas sobre el territorio. Unos perjuicios que, en términos económicos, ascenderían hasta más de 10 000 millones de euros, y solamente en lo que afecta a los daños generados por las riadas sobre el tejido industrial y económico de la comunidad autónoma.

Terminando así de puntualizar los primeros datos estimativos que se atrevían a establecer desde la Cámara de Comercio de Valencia, y de los que ya nos hacíamos eco desde FashionUnited a comienzos de esta misma semana, ha sido ahora desde el mismo Gobierno de la Generalitat Valenciana desde donde han empezado a hacer públicas las estimaciones sobre el impacto que la DANA habría terminado por provocar sobre el tejido económico e industrial de la Comunidad Valenciana, a su paso por la región a la que afectó muy particularmente durante el pasado martes 29 de octubre. Unos indicadores desde los que, partiendo de las estimaciones preliminares que manejan desde la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana, en manos de Nuria Montes, se apunta a unos daños por un valor de más de 10 000 millones de euros, los que generaron las riadas sobre el sector industrial y económico de la Comunidad Valenciana.

Desde un reparto desigual, y en el que no se incluyen las valoraciones de las pérdidas que se estarían generando sobre el mismo sector, noqueado completamente tras el paso de la DANA, desde la misma Generalitat apuntan a que los daños estimados se extenderían por unos 65 municipios de la Comunidad Valenciana, incluyendo los barrios afectados por las inundaciones de la Ciudad de Valencia, con al menos 32 de esas localidades habiendo experimentado daños que pueden considerarse como “severos o muy grandes”, atendiendo a factores como el número de pérdidas de vidas humanas, impacto sobre zonas urbanas, daños sobre viviendas, infraestructuras e instalaciones de servicios, y efectos sobre la actividad económica local. Unos indicadores ambos que coinciden con los ya estimados por la Cámara de Comercio, y adelantados por este medio, y que desde la Generalitat ahora terminan de poner en contexto, apuntando a que, en lo que respecta a esos daños de más de 10 000 millones de euros sobre el sector económico e industrial, estos se habrían generado en su mayor parte, y en cerca de su 70 por ciento, en los 123 parques empresariales y polígonos industriales que se han visto afectados por las inundaciones.

Tras esos daños de más de 10 000 millones de euros, generados principalmente en torno a esos 123 parques y polígonos, con lo que nos encontramos no es sino que con las cerca de 62 000 empresas en las que cifran desde la Generalitat las compañías que se habrían terminado por ver afectadas por las riadas; un número muy por encima de ese valor de 54 289 empresas afectadas, sobre las que cifraban el impacto de las riadas sobre el tejido industrial y económico de la Comunidad Valenciana desde la Cámara de Comercio en sus estimaciones iniciales. Empresas tras las que a su vez se encontrarían más de 370 000 trabajadores, cifran desde la Generalitat Valenciana, de entre los cuales cerca de un 18 por ciento, unos 68 000, serían trabajadores autónomos.

Reclamación al Ejecutivo central de medidas de apoyo para la protección y reactivación del tejido económico e industrial

La publicación de estos datos se ha llevado a cabo coincidiendo con la reunión que, este pasado lunes, 4 de noviembre, mantenían los consellers de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira, responsable de la cartera de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, y Nuria Montes, consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, con Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, y Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, en el marco de la comisión de Empleo y Empresa creada por la Generalitat para hacer frente al impacto provocado por la DANA sobre el territorio de la Comunidad Valenciana.

Durante esa misma reunión, ambos consellers se encargaron de trasladar a los ministros del Ejecutivo central, de un lado, los balances de daños estimados sobre cada uno de sus respectivos ámbitos de competencia, y del otro, la lista de necesidades “más urgentes” que se reclaman para poder avanzar en los trabajos de reconstrucción y reactivación de ambos tejidos, del educativo y del industrial y económico. Un punto este para el que, con lo que respecta a este mismo ámbito industrial y económico, entre las medidas que se le han reclamado al Ejecutivo, parte de esa batería de 136 medidas, por un valor estimado de 31 402 millones de euros, trasladadas al Gobierno central desde la Generalitat Valenciana, y que habrá que esperar a ver cómo se van a traducir en el paquete de medidas extraordinarias que se espera que hoy termine de anunciar y de aprobar el Gobierno de España, se encuentran la dotación de 250 millones de euros para la puesta en marcha de un ambicioso “Plan extraordinario de formación y empleo”. Un plan desde el que poder vertebrar las distintas medidas urgentes de apoyo a trabajadores y empresas, para las que se señalan como singularmente relevantes a la activación de ERTEs “por fuerza mayor” para empresas ubicadas en zonas que se han visto afectadas por la DANA; la aprobación de la exención de las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social; o la anticipación del cobro de las prestaciones de desempleo para trabajadores y trabajadores autónomos.

Así pues, y entre las principales reclamaciones trasladadas al Ejecutivo central, se ha solicitado “una moratoria inmediata de sus obligaciones a la Seguridad Social y fiscales para las empresas afectadas por las inundaciones mientras no se pueda reanudar su actividad productiva”. Mientras que para el caso de los ERTEs, se pide que “las declaraciones de ERTE se puedan declarar de oficio en la zona afectada por la DANA”; el que no se consumo el “periodo de desempleo durante ERTE”; “la exoneración de cotización a la Seguridad Social durante el ERTE”; o “la bonificación del 100 por cien de Seguridad Social de trabajadores activos (los no afectados por ERTE) de dichas empresas o el anticipo de la prestación por desempleo a principios de noviembre”.

Junto a estas medidas de carácter urgente, también se han trasladado al Ejecutivo otras “medidas de carácter menos urgente pero igualmente relevantes, como el control de los ERTEs de oficio durante los meses posteriores, la bonificación de cuotas a la Seguridad Social tras la reactivación parcial o total de la actividad, así como las exenciones fiscales y ayudas a empresas afectadas y deducciones fiscales en IRPF por donaciones a afectados”. Mientras que para el caso concreto de los trabajadores autónomos, relatan desde la Generalitat, en lo que respecta a la “prestación por cese de actividad”, se solicita del mismo modo su “activación de oficio”, así como el “aplazamiento de impuestos y cotizaciones sin intereses, suspensión del segundo pago de la renta de 2023 para los afectados”, el “establecimiento de una línea de créditos ICO” y la aprobación de unas “ayudas urgentes y directas de hasta 6 000 euros”. Terminando ya esta lista de reclamaciones con la solicitud también al Gobierno de la “extensión de la cobertura del consorcio de seguros e instalaciones de valorización de materiales que no sean cubiertas o no aceptadas por los seguros privados”.