El Ministerio de Trabajo se enroca frente a la patronal y seguirá adelante con su propuesta de reducción de la jornada laboral

Madrid – Finalmente el ultimátum lanzado por el Gobierno no se ha culminado, y habrá, como mínimo, una nueva reunión de la Mesa del Diálogo Social desde la que se aborda la reducción de la jornada laboral. Cuestión que no ha sido impedimento para que desde el Ministerio de Trabajo hayan vuelto a salir a defender públicamente sus posiciones, y a mostrarse firmes en su objetivo de culminar la aprobación de la medida, aunque solamente sea con el apoyo de los sindicatos, pero en beneficio de todos los trabajadores: “El Gobierno trabaja para reducir la jornada de las personas trabajadoras de este país, de todas y cada una”.

Siguiendo con las informaciones que adelantábamos desde FashionUnited, este pasado lunes, día 1 de julio, estaba prevista una última reunión en la sede del Ministerio de Trabajo y Economía Social de la Mesa del Diálogo Social para la negociación de la reducción de la jornada laboral. Un encuentro que se mantuvo presidido por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y sobre el que se mantenían puestos todos los focos, a raíz del “ultimátum” con el que se habría tratado de forzar un pacto con la parte empresarial, bajo la “amenaza” de cerrar finalmente la aprobación de la reforma con el apoyo únicamente de los sindicatos, en los términos contemplados en la propuesta planteada por el Gobierno, y que se entraba a negociar con los agentes sociales la pasada semana. Una máxima que finalmente no se llevó a cabo este lunes, pero que podría finalmente darse al cierre de la próxima reunión convocada por el Gobierno, para el próximo lunes día 8 de julio. Periodo de tiempo, desde ahora y hasta para entonces, que desde el Ejecutivo parecen decididos a emplear para tratar de responder a las reservas que siguen mostrando los sindicatos ante el anteproyecto de ley de reducción de la jornada laboral esbozado por el Ministerio de Trabajo. Unas reticencias que habrían sido las que habrían terminado por impedir el que CCOO y UGT no se decidieran a terminar de dar su visto bueno a la norma tal y como está, durante una reunión durante la cual desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), representada por Rosa Santos, se negaran a presentar ninguna contrapropuesta de manera formal, aludiendo a que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, no está dispuesta a pactar con la parte empresarial ninguna modificación del texto, sino más bien todo lo contrario, dispuesta a sacar adelante, sí o sí, el texto únicamente con el apoyo de los sindicatos, y a pesar de las posturas contrarias que ya han mostrado, además de la CEOE, patronales sectoriales como la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), patronal de compañías como El Corte Inglés, Tendam o C&A, o la del calzado, la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE).

Frente a toda esta serie de acusaciones, al cierre de la reunión el mismo Joaquín Pérez Rey comparecía ante los medios desde la sede del Ministerio de Trabajo para defender públicamente el que “el Gobierno trabaja para reducir la jornada de las personas trabajadoras de este país, de todas y cada una”. En contra, trataba de poner en contexto durante su intervención, “el Gobierno no plantea reducir la jornada de los que ya la tienen reducida; no plantea reducir la jornada de los funcionarios, que ya trabajan ese horario”, como tampoco plantea “que esta medida solo se aplique a los trabajadores de Telefónica, o que solo se aplique a los trabajadores de Iberdrola, o que solo se le aplique a los trabajadores de las grandes empresas”. Sino que, proseguía, “el Gobierno trabaja para que las 37,5 horas las puedan disfrutar las camareras, las puedan disfrutar las personas que están en los supermercados atendiendo las cajas”, para que “la jornada la puedan disfrutar aquellas personas que hoy trabajan jornadas de 40 horas”.

Frente a cualquier atisbo de duda que pudiera seguir despertando la norma, a falta de la publicación de su texto final, y principalmente entre los trabajadores, Pérez Rey añadía el que “esta no es una medida elitista, esta es una medida para el conjunto de las personas trabajadoras de este país”; “para las que trabajan en los hoteles, para los camareros, para las que trabajan como camareras de piso, para aquellos que atienden al público, para las personas que trabajan en las agencias de viajes”, para trabajadores frente a los que “quiere ser una medida real”. “¿O es que las personas de la hostelería de este país no tienen derecho a la reducción de jornada? ¿o es que para los camareros cuidar a sus familiares, o cuidar a sus ascendientes, o simplemente disfrutar del tiempo libre no es posible? ¿o es que para las cajeras de los supermercados trabajar debe suponer abandonarlo todo? No, las 37,5 horas son una medida transversal, horizontal que quiere ir destinada al conjunto de la población trabajadora de este país”, defendía. “Algunos trabajadores ya lo han conseguido, pero 12 millones de ellos no. Y esos 12 millones, estén en la hostelería, estén en el comercio, estén en el turismo, estén dónde estén, tienen derecho a horarios razonables, a bienestar, y desde luego el Gobierno también trabaja para que esa jornada se reduzca”.

Rechazo a medidas de compensación y al destope de las horas extra

La intervención de este lunes protagonizada por Pérez Rey, con el objetivo de detallar en qué momento se encuentran las negociaciones para la reforma de la jornada laboral, viene a seguir con el tono de la que ya protagonizase el secretario de Estado de Trabajo al cierre de la reunión del pasado lunes día 24 de junio. Una alocución de la que se sirvió ya por entonces para cargar directamente contra la parte empresarial presente en la mesa de negociación, sobre la que censuraba el que no hubieran presentado ninguna propuesta alternativa al texto elaborado por el Ejecutivo, y compartido entre las partes la semana anterior. Una falta de propuestas, por escrito, que desde la CEOE se habrían negado a presentar, una vez conocida la posición del Gobierno, y en la que de hecho se reafirmaba Pérez Rey durante su intervención, de negarse a destapar el máximo de horas extra, actualmente fijado en 80 horas al año, como medida para la que seguir adelante con las negociaciones, y desde la que poder compensar el coste económico y de pérdida de competitividad que, aluden desde la parte empresarial, conllevará la imposición de la reducción de la jornada laboral en los términos que plantea el Ejecutivo. Términos que pasan, en sus líneas generales, por aplicar una primera reducción de 40 horas a 38,5 horas de trabajo a la semana, desde el mismo momento de la entrada en vigor de la nueva norma, según deseos del Ministerio de Trabajo para este mismo 2024; reducción a la que le seguiría una segunda bajada, desde las 38,5 a las 37,5 horas de trabajo a la semana, para a partir del 1 de enero de 2025. Todo ello, censuraban ya durante la pasada semana desde Fice, la patronal del calzado, acompañado de distintas medidas, como un aumento de las contribuciones a la seguridad social.

Tratando de por entonces despejar rastros de dudas, y aclarando la firme negativa del Gobierno a entrar a destapar ese máximo de horas extra, o a contemplar cualquier medida que sirva para “compensar” con horas la reducción de la jornada, como reclamarían desde la parte empresarial, la propuesta presentada, y que ha seguido debatiéndose esta semana, por el Ejecutivo, “aclara algunos problemas aplicativos como qué ocurre con el trabajo a tiempo parcial”, y “descarta” que “estemos ante una reducción de jornada falsa, una reducción de jornada ‘fake’”, detallaba Pérez Rey al cierre de la reunión del pasado lunes 24 de junio. “Esta Mesa de Diálogo Social comenzó el 25 de enero de este año, y hoy, nos encontramos con una patronal que no ha hecho ninguna propuesta alternativa al texto que el Gobierno ha distribuido”, y para el que “nosotros estamos dispuesto a valorar todas esas propuestas”, sostenía el secretario de Estado de Trabajo.

Ante las críticas que venían ya afrontando desde el Ministerio, proseguía, “el Gobierno tiene un compromiso con el Diálogo Social, pero el Gobierno y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, tienen un compromiso con los ciudadanos, y les han dicho a los ciudadanos de este país que la reducción de jornada comenzará en 2024 y se culminará en 2025”; y en respuesta, “lo único que el Gobierno no contempla es una estrategia dilatoria”, así que “pongámonos a trabajar, porque tenemos un compromiso”, enfatizaba Pérez Rey. “Esto lleva paralizado 40 años, y por tanto, o hay impulso legal a la reducción de jornada, o hay control de cómo se lleva a cabo la jornada en este país, o no va a haber reducción de jornada, y vamos a seguir con esta dinámica de jornadas excesivas, de jornadas agotadoras, y de jornadas por cierto que perjudican sobre todo a las empresas españolas, con centenares de personas que no pueden aceptar ofertas de trabajo porque no pueden conciliar con su vida personal”. “Esa disyuntiva de trabajar y dejarlo todo”, concluía, “es una disyuntiva que el Gobierno de coalición no puede permitir más”.

Frente a la posición mostrada entonces desde el Ministerio de Trabajo, y frente a la exhibida ahora al cierre de la reunión de este lunes 1 de julio, se vislumbran claramente las intenciones del Gobierno de seguir adelante con la aprobación de la reducción de la jornada laboral en los términos recogidos en su propuesta, y claramente más en sintonía con la parte sindical y trabajadora que con la de la patronal empresarial y con la de una CEOE que, según adelantan desde el medio generalista El Mundo, se dispone a interponer una queja contra el Ejecutivo ante la Organización Internacional del Trabajo por interferir en las negociaciones del diálogo social entre trabajadores y empresarios. Una medida que no parece que vaya a interferir en los planes del Ejecutivo, y en los de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de acelerar sobre la aprobación de la reducción de la jornada laboral, más aún ante el temor de un adelanto electoral como el que podría terminar de provocar a la vuelta del verano la negativa mostrada por el Tribunal Supremo a culminar la aplicación de la Ley de Amnistía, haciéndola extensible a los delitos de malversación que pesan contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. Un contexto ante el que la aprobación de la reducción de la jornada laboral entraría a jugar una clara baza electoral para los partidos del gobierno de coalición, y en lo que justificaría en gran medida la firmeza, en fondo y en plazos, exhibida por el Ministerio y por Yolanda Díaz, quien, durante la mañana ya del lunes, y antes de que tuviera lugar la última reunión de la mesa de negociación, a través de su cuenta oficial en la red social “X” declaraba que “los mismos que hace unos años decían que la reforma laboral y las subidas del SMI destruirían empleo, hoy dicen que la reducción de la jornada laboral hundirá la economía”; pero, apostillaba, “la vamos a reducir y nos van a volver a dar la razón”.