El conflicto de Inditex con sus dependientas salta al Parlamento gallego

Madrid – Como penúltimo capítulo del enfrentamiento que vienen protagonizando las dependientas de Inditex en la provincia de La Coruña con la dirección de la multinacional de la moda española, este terminó por saltar a la arena política este pasado viernes, 5 de julio de 2024, a razón de una Proposición no de Ley presentada sobre la cuestión por el Bloque Nacionalista Galego (BNG) ante el Parlamento de Galicia. Proposición que, ya adelantamos, terminó siendo rechazada con la abstención del PSO-G y los votos en contra del PP de Galicia.

Como fondo de toda la cuestión, y para tratar en primer lugar de ponernos en situación, se encuentra el vivo enfrentamiento, recrudecido durante estas últimas semanas, que vienen protagonizando frente a la dirección de la multinacional española las dependientas de las distintas cadenas del Grupo Inditex en la provincia de La Coruña, bajo la representación de la organización sindical de la Confederación Sindical Galega (CIG). Una lucha que enarbolan bajo las reclamaciones tanto de mantener una negociación colectiva en un marco provincial, en el que la CIG se posiciona como organización sindical mayoritaria dentro de la provincia de La Coruña, como de una mayor y más justa equiparación de sus condiciones laborales, en materia tanto de salarios como de beneficios, frente a las que ya disfrutan, alegan, los trabajadores de otras áreas del Grupo, como la de logística, en la misma provincia de La Coruña. Unas exigencias para las que desde la CIG sostienen el haber recibido, a fecha del pasado mes de diciembre de 2023, un compromiso por escrito por parte de la dirección de Inditex para tanto reabrir el marco de la negociación provincial, como para avanzar en sus reclamaciones de equiparación de las condiciones laborales, pero compromiso desde el que no obstante se les abría realmente invitado a defender sus posiciones desde las mesas de negociación estatales, al entender que son cuestiones que afectan al conjunto de las dependientas de Inditex de todo el país.

Se trata esta de una tesis que rechazan desde una CIG que, con presencia en esas mismas mesas de negociación estatales, alegan de un lado que solamente tratan de abordar cuestiones que afectan al colectivo de las dependientas de la provincia de La Coruña, y del otro que lo que se pretende desde esas mesas nacionales es alejar la negociación del ámbito provincial, donde cuentan con mayoría, para acercarlas a un ámbito estatal con la intención de dejarlas en manos de unos sindicatos mayoritarios nacionales que, siendo claros, acusan de manera velada de sostener una mayor “flexibilidad” ante las posturas de la dirección. Y desde esas posiciones, es como desde la CIG abrían el pasado mes de abril un decidido calendario de actos reivindicativos, que tras una sonada manifestación por las calles de La Coruña, terminaba por derivar, llegados ya al mes de junio, en un encierro de 72 horas de las delegadas de la CIG en la sede central de Inditex en Arteixo, y en una huelga “masiva”, según sus convocantes, en la provincia de La Coruña este pasado 27 de junio, primer día de rebajas.

Una Proposición no de Ley desde la que forzar la resolución del conflicto

Recogiendo todo este clima de conflictividad entre dependientas y empresa, y no pocas de las tesis sostenidas por la CIG, es como finalmente llegamos a la jornada de este pasado viernes 5 de julio de 2024. Día para el que el partido nacionalista solicitó, en el marco de la Comisión 3ª de Economía, Finanzas y Presupuestos del Parlamento de Galicia, bajo la presidencia precisamente de la diputada autónomica del BNG Noa Olalla Presas Bergantiños, la tramitación por la vía de urgencia de una Proposición no de Ley desde la que se pretendía que el Parlamento de Galicia instase al Gobierno autonómico a, en primer lugar, convocar una reunión entre el consejero de Empleo y la representación legal de las trabajadores de las tiendas del Grupo Inditex en la provincia de La Coruña; y en segundo lugar, el invitar a las partes a que tratasen de encontrar un punto de acuerdo en común a sus posturas enfrentadas, en el marco del Consejo Gallego de Relaciones Laborales.

Para sostener esta pretendida institucionalización del conflicto, politizado ya desde el mismo momento en el que desde el BNG han querido salir a mediar y a apuntar medidas desde las que tratar de darle solución, el partido nacionalista gallego arranca precisamente su exposición de motivo para la presentación de la Proposición no de Ley, haciendo justamente referencia al encierro de 4 días que llevaron a cabo las representantes de la CIG en la sede de Inditex, antes de terminar siendo desalojadas por la Guardia Civil. Un encierro que, apuntan, se dio “en el marco de un conflicto social ya de por sí prolongado, y que cuenta como antecedentes con la constitución y defensa de un marco de negociación propio en la provincia de La Coruña entre la empresa y la representación legal de las trabajadoras”. “Este foro de negociación nace en el año 2016 con la firma de un acuerdo denominado ‘plus sede’, con el objetivo de compensar al personal de las cadenas comerciales del grupo Inditex en la provincia de La Coruña”, y se “constituye”, sostienen desde el BNG, “de manera paralela a la del propio convenio de aplicación, que es el provincial para el sector del comercio”.

Ahondando en su misma naturaleza, como principal motivo que propició aquella firma, está “la proximidad física de las personas que trabajan en las tiendas de la provincia de La Coruña, donde se encuentra la sede de Inditex, lo que hace que sea el territorio donde se realizan todo tipo de pruebas a nivel comercial, de atención al cliente, de conocimiento del producto, de tejidos, de sostenibilidad, así como pruebas pilotos de merchandising, iniciativas de colaboración con otras marcas, pruebas de tecnología y automatización de procesos en tienda”. Un sobreesfuerzo al que tendría que responder las dependientas de La Coruña frente a los habituales de las de otras provincias, que, “a pesar de la importancia de este trabajo y de ser la ‘cara’ del Grupo Inditex ante todos sus clientes”, no se estarían viendo justamente reconocido, siendo precisamente “las dependientas de las tiendas” las “que reciben los salarios más bajos dentro del grupo textil, en lo que supone un agravio comparativo con el resto del personal que, con idénticas categorías, presta servicios para el Grupo Inditex en la provincia de La Coruña”.

“Estos hechos”, argumentan desde el BNG desde su proposición, “hacen que la constitución de este foro provincial en el que negociar unas condiciones propias, tanto salariales como sociales, sea considerado un gran avance por la parte social”, es decir la sindical, “pero la dirección del Grupo lleva varios años intentando extinguirlo, y para ello uno de los mecanismos que utiliza es el traslado de las negociaciones a una mesa estatal en la que la presentación legal de las trabajadoras de la provincia de La Coruña queda diluida y minorizada”, censuran desde el BNG, en línea con las tesis que defienden desde la CIG. “Los capítulos de este conflicto entre empresa y la representación legal de las trabajadoras de la provincia de La Coruña han sido numerosos en los últimos años, y finalizaron con la firma en el mes de diciembre de 2023 de un compromiso por parte de la empresa” para retomar las negociaciones desde un “marco de negociación provincial”, un “marcho que aún a día de hoy no se ha constituido a pesar de los continuas reclamaciones de la parte social, que terminaron con el encierro de los representantes de las dependientas y con una convocatoria de huelga para el jueves 27 de junio”.

Unos últimos acontecimientos que, igualmente en línea con lo sostenido por la CIG, argumentan desde el BNG que vuelven a trazar unas claras “diferencias entre este colectivo y el de almacén, tanto en lo que respecta a sus condiciones de trabajo en materia tanto salarial como social, y que provienen, o mejor dicho parten, de la diferente consideración que la empresa muestra hacia cada uno de ellos, hasta el punto de que el último conflicto social con la representación del personal de almacén, que también decidió encerrarse en la sede de la empresa, se remató en menos de 24 horas con la firma de varios acuerdos mutuamente satisfactorios”, a diferencia de lo que ocurrió con el encierro de las dependientas. Cuestión que saca a relucir, argumentan desde la BNG, el que este “conflicto de las dependientas tiene, por lo tanto, un trasfondo de género más que evidente”. De ahí el que, por todo lo anterior, el BNG haya presentado esta Proposición no de Ley, desde la que se perseguía instar al Gobierno de la Xunta de Galicia a que terminase tomando medidas para forzar un acuerdo entre las partes.

Rechazo con la abstención del PSO-G y los votos en contra del PP

Frente a las reclamaciones del BNG, desde el Grupo Parlamentario de los Socialistas de Galicia, presentaron una enmienda a la Proposición no de Ley planteada frente a la Comisión por el partido nacionalista, desde la que proponían, en primer lugar, la supresión del primero de los dos puntos de la Proposición, desde el que se instaba al Gobierno de la Xunta a mantener un encuentro con la representación legal de las dependientas de Inditex en La Coruña; y en segundo lugar, a que se modificase el segundo de los dos puntos, para hacer mención, no solo a las dependientas de la provincia, sino a “todas las trabajadoras de las tiendas del Grupo Inditex en toda Galicia”. De manera que el objeto de la Proposición pasaría a ser, pretendían los socialistas gallegos, la de, “en el caso de que no se alcance un acuerdo de la negociación colectiva entre los sindicatos y la representación empresarial de Inditex, ofrecer el marco del Consejo Gallego de Relaciones Laborales como foro idóneo para resolver el conflicto y alcanzar un acuerdo entre ambas partes, para todas las trabajadoras de las tiendas del Grupo Inditex en toda Galicia”.

Como resultado de las posturas que terminaron mostrando los distintos representantes de los diferentes grupos políticos en la comisión, en primer lugar, la enmienda presentada por los socialistas fue rechazada, por lo que estos terminaron absteniéndose durante la votación de la Proposición no de Ley, que terminó siendo igualmente rechazada gracias a los votos en contra del PP de Galicia. Partido que, de boca de la diputada Patricia García, acusó al BNG, tal y como se encargaron de recoger desde la agencia de noticias Europa Press, de utilizar la Cámara autonómica para los fines sindicales de la CIG, y de trabajar en contra de una multinacional con “ADN gallego”, que es “un orgullo y un ejemplo a seguir” por empresas tanto del mismo como de otros sectores que se sitúan más allá de los universos de la moda y del textil.