Cepyme advierte sobre el Proyecto del Real Decreto de Residuos Textiles: “Hasta 38.000 empleos podrían desaparecer”

Madrid – La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) ha publicado el informe “Impacto del proyecto de Real Decreto de Gestión de residuos textiles”, desde el que analiza el impacto económico, social y ambiental que dibujaría el nuevo marco regulatorio para la gestión de los residuos textiles que plantea el Ejecutivo, tal y como actualmente está redactado. Un proyecto de norma elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualmente y hasta el 4 de septiembre en fase de presentación de alegaciones, contra el que carga muy duramente la organización empresarial, tanto por su potencial impacto económico como por sus bajas contribuciones al impulso de la circularidad en España.

Poniéndonos primeramente en situación, tras la aprobación de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, la misma norma contemplaba el que ya de manera posterior, mediante Real Decreto se terminasen de acordar las disposiciones adicionales sobre la regulación de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) vinculado a la industria de la moda, del calzado y del textil. Una medida indispensable para el completo desarrollo de la Ley, tal y como finalmente fue redactada y aprobada, para la que desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han terminado por elaborar el Proyecto de Real Decreto sobre residuos textiles y de calzado, sobre el que Humana se pronunció a comienzos de esta pasado mes de agosto, y ahora lo han hecho desde CEPYME. Para el caso de la patronal española que representa a las pequeñas y medianas empresas del país, a través de la redacción del informe “Impacto del proyecto de Real Decreto de Gestión de residuos textiles”, y de una nota aclaratoria desde la que han terminado por recoger las principales conclusiones que se pueden extraer de los datos recopilados en ese informe. Unas inferencias que resultan demoledoras para tanto el sentido como el propósito que persigue la norma elaborada por el Ministerio de Sara Aagesen Muñoz, y que desde la organización empresarial censuran, por su potencial ineficacia, impacto económico y burocrático, y por suponer una oportunidad perdida para dotar al sector de una herramienta capaz de generar inversiones y de situar al país a la vanguardia de la gestión de los residuos textiles. Todo ello además al tiempo en el que se carga muy particularmente contra un sector muy concreto de la cadena de valor de la industria del textil, de la moda y del calzado: la pequeña y la mediana empresa.

El informe “concluye que, en su redacción actual, la norma no constituye una herramienta eficaz de economía circular, sino un marco que transfiere costes económicos y administrativos al sector sin generar beneficios ambientales reales”, sentencian de manera incisiva desde la dirección de CEPYME. Patronal de la pequeña y mediana empresa desde la que quieren dejar claro el que en cualquier caso en el ánimo para tanto la redacción del informe, como la de sus conclusiones, no ha pesado sino el objetivo de la organización de “contribuir a un diálogo constructivo que permita alcanzar un sistema eficaz, alineado con los objetivos europeos, pero también viable para los miles de pymes que forman parte de esta cadena de valor, que impulse de forma decisiva la circularidad, la innovación y el empleo locales”.

Destrucción de empleo y riesgos para la competitividad

Desgranando, uno a uno, cada uno de los tres principales capítulos —economía, regulación e impulso a la circularidad— en torno a los que desde CEPYME han terminado por reunir las principales conclusiones deducidas de la elaboración de su informe, elaborado a partir de una combinación de los últimos datos disponibles sobre el sector, de proyecciones trazadas hasta el año 2030, y de un análisis comparativo realizado a partir de las iniciativas similares impulsadas en otros países europeos, empezando por la primera, la organización empresarial advierte de manera muy particular sobre los riesgos económicos que entraña la norma; tal y como se encuentra redactada actualmente.

En este sentido, y a falta de las modificaciones que puedan terminar por introducirse una vez superada la fase de presentación de alegaciones, desde CEPYME advierten de que el coste del Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) para el sector textil podría multiplicarse por tres y pasar de los 48,5 a más de unos 134 millones de euros, para el año 2030. Un aumento que sería consecuencia directa del aumento de la tarifa de referencia para la gestión y el tratamiento de los residuos textiles, de los 250 euros por toneladas actual, a los 400 euros por tonelada que se prevé que llegue a alcanzar debido a la aplicación de la norma.

El aumento de esos costes, según CEPYME terminaría por impactar de manera directa sobre el tejido empresarial del sector, provocando el cierre estimado de más de 11 000 pequeñas empresas, y el que “hasta 38 000 empleos podrían desaparecer”, entre empleos directos (hasta 21 000, un 15 por ciento del total del sector) e indirectos (hasta unos 17 000 empleos). Un impacto que se sentiría especialmente en el comercio minorista, como resultado de la pérdida de competitividad a la que se enfrentarían especialmente microempresas y pequeñas empresas, como consecuencia de ese aumento de los costes, y de la aplicación de una norma que, según la organización empresarial, contempla medidas mucho más restrictivas que las que recogen las de otros países de la Unión Europea. Una falta, por exceso, que además podría terminar de repercutir doblemente de manera negativa a los objetivos que persigue la norma, asestando un golpe a la competitividad de las empresas españolas, al tiempo que se fomenta el crecimiento de las plataformas de moda rápida.

“España plantea opciones más estrictas que otros Estados miembros y Bruselas, tales como la habilitación de espacio para la venta de segunda mano en tiendas de más de 400 metros cuadrados o en lo relativo a la recogida selectiva”, para la que se fijan metas de “un 50 por ciento en 2030 y un 70 por ciento en 2035”. Un “calendario poco realista que no se ve acompañado de mecanismos de apoyo”, y que provocará “la pérdida de competitividad de las empresas del sector”, además de ofrecer “para España una imagen de incapacidad” ante la UE, como país incapaz “de cumplir con su propia normativa”. “El resultado podría ser un proceso de desindustrialización que afectaría a un sector que representó el 2,9 por ciento del PIB español y que aportó 23 400 millones de euros en valor añadido bruto en 2023, con casi 55 000 empresas activas en toda la cadena de valor”, con además el claro potencial, sentencian desde CEPYME, de “golpear al tejido empresarial de proximidad” y de “dificultar la competitividad del sector nacional frente a las plataformas internacionales de moda ultrarrápida”.

Exceso de carga administrativa

Además del impacto económico y contra la competitividad del sector, desde CEPYME advierten igualmente sobre el exceso de carga burocrática que acarrearía la norma, tal y como actualmente se encuentra redactada. Un exceso de obligaciones administrativas, que igualmente contribuiría a restar competitividad y recursos a las empresas del sector, a través de registros obligatorios, informes anuales, registros e informaciones en materia de trazabilidad, o de esa obligatoriedad de reservar determinados espacios en tiendas para distintos fines. Una suma de medidas y acciones que llegarían en su conjunto a multiplicar hasta x10, cifran desde CEPYME, los costes burocráticos previstos por el propio Gobierno.

“Estas exigencias no contribuyen directamente a mejorar la circularidad, pero sí incrementan la complejidad de gestión y desvían recursos que podrían destinarse a innovación y proyectos sostenibles”, esgrimen desde la organización empresarial. Un “riesgo” y peligro de ineficacia en materia de uso de recursos que resulta “especialmente alto para las pymes”, y que se da mientras se siguen sembrando dudas e incertidumbres sobre aspectos tan principales como el de quién, si el sector público o los productores, deben asumir el coste de la gestión de la “fracción gris textil”. Y es que si bien “la tarifa de 250 euros por tonelada del SCRAP no contempla ni cubre realmente los costes de la fracción gris”, el “proyecto de Real Decreto establece que los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SCRAP) y, por ende, los productores del sector son responsables de la financiación de la gestión de la fracción gris en la medida en que esos residuos textiles puedan ser recuperados del residuo mezclado”. Algo que “supone la alteración de las prioridades de inversión necesarias para acelerar en la consecución de un modelo circular en el sector textil”.

Una oportunidad (¿perdida?) para situar a España a la vanguardia de la revalorización textil

Como último punto de las conclusiones presentadas por CEPYME sobre su informe “Impacto del proyecto de Real Decreto de Gestión de residuos textiles”, la organización empresarial advierte de la oportunidad perdida que supondrá para el sector el que el Real Decreto termine aprobándose tal y como está redactado en su fase de Proyecto. Y es que con un ajuste mucho más certero en sus objetivos a alcanzar, en la “correcta orientación de los fondos” que se van a recaudar, y en la elaboración del marco regulatorio que le va a valer de ejecución, la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) para la industria textil y del calzado podría valer para posicionar al país a la vanguardia de la revalorización textil, y como punta de lanza de ese nuevo modelo circular hacia el que ambiciona dirigirse Europa.

“Una RAP bien diseñada puede convertirse en una palanca estratégica para consolidar a España como un referente europeo en reciclaje textil, atrayendo inversión, desarrollando tecnologías de reciclaje químico y mecánico, impulsando proyectos de I+D+i y generando empleo verde de calidad”, defienden desde CEPYME. Pero “para ello”, concluyen, “es necesario evolucionar hacia un enfoque acorde con un modelo que genere verdadero valor ambiental, industrial y social”.