CEOE cifra en el 0,1 por ciento del PIB el impacto del apagón y advierte al Gobierno por sus “medidas unilaterales”

Madrid – Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la principal organización que representa los intereses de las empresas y de los empresarios en España, han salido finalmente a hacer balance, de manera oficial, del potencial impacto que puede haber generado sobre la economía el gran apagón de este lunes 28 de abril. Una incidencia cuyo impacto terminará por sumarse a los que estarían ya provocando las crecientes incertidumbres que sobrevuelan en el plano internacional, y también nacional, favorecidas estas a su entender por las “medidas unilaterales” que se están promoviendo desde el Gobierno.

Después así pues de que el mismo Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, aprovechase su asistencia, este pasado martes 29 de abril, al encuentro económico Fórum Europa para ofrecer unas primeras valoraciones sobre el potencial impacto económico que tendrá el gran apagón sobre la economía española, ha sido ya la misma CEOE la que se ha encargado de poner en negro sobre blanco esas estimaciones, apuntando a un impacto negativo del orden del -0,1 por ciento sobre el PIB de 2025. Unas pérdidas que se situarían en algo más de unos 1 600 millones de euros, tomando como base para las mismas las previsiones ofrecidas también en el día de ayer por la CEOE, y desde las que señalaban a que mantienen como estimación el que el PIB para 2025 pase a incrementarse en el orden de un +2,5 por ciento sobre el PIB de 2024, de 1,59 billones de euros; y en 2026 en un +2 por ciento. Un impacto sobre el que además han advertido de que se cebará especialmente con las empresas y los autónomos, afectados tanto por la falta de actividad como por el mantenimiento de sus costes operativos.

“Vamos a decirlo claro: casi se ha parado España”, y “tenemos que ser conscientes de lo que significa”, defendía Garamendi durante su participación en el citado foro económico. Por esa misma razón, “creo que nos tienen que explicar muy bien qué es lo que ha pasado”, añadía desde unas declaraciones compartidas por la organización del mismo encuentro, y de las que se valía el presidente de los empresarios para censurar al Gobierno, primero porque “debía haber estado informando de alguna manera para que la gente también tuviera un poco de tranquilidad”; segundo por la insistencia del Ministerio de Trabajo en recordar que los trabajadores cuentan con permisos retribuidos para circunstancias como las sufridas, cuando “no nos tienen que dar avisos porque ya los sabemos por pura responsabilidad social”; y tercero, por su empecinamiento en arrinconar a una energía nuclear a la que Garamendi no dudó en calificar como “fundamental”. “Si ayer no llega a estar, esto no se levanta en 10 horas, no se levanta en semanas”, advertía, de manera contraria a la férrea postura contraria a la nuclear que el presidente del Gobierno exhibía durante su comparecencia del mediodía de ayer desde el palacio de la Moncloa.

En cuanto a la valoración, ya en cifras, del impacto del apagón sobre la economía, “CEO estima que los acontecimientos extraordinarios del apagón registrado este lunes, pueden tener un impacto negativo del orden de una décima sobre el PIB del año 2025”, apuntan desde la misma organización empresarial a través de una nota. Un impacto que, siguiendo con lo ya señalado, “se concentrará principalmente en las empresas y autónomos” y que “tendrá su reflejo en la Contabilidad Nacional del segundo trimestre”, desde la que, una vez hecha ya pública, podrá terminar de observarse cómo y hasta qué grado “los sectores se han visto perjudicados en la medida que la falta de actividad afecta a sus ingresos, pero sus costes operativos se mantienen o aumentan”.

Incertidumbres y aumento de los costes laborales

Acompañando a esa previsión sobre el potencial impacto del apagón sobre la economía española, desde CEOE han salido al tiempo a señalar cuáles son, a su entender, las principales incertidumbres que se contempla con que afecten al desempeño económico del país, tanto desde un punto de vista internacional como nacional. Un plano este sobre el que han advertido con preocupación de los efectos que puedan seguir provocando las “medidas unilaterales” que se están promocionando desde el Gobierno de España, y que amagan con seguir incrementando, con la reducción de la jornada laboral a la cabeza, unos costes laborales que se mantienen disparados desde la pandemia por coronavirus, sostienen que afectando de manera directa a las inversiones de las empresas.

Con las elevadas incertidumbres, internacionales y nacionales, como uno de los mayores factores desestabilizadores de la economía española contemplados para este año de 2025, empezando por el plano internacional, desde CEOE apuntan como principales “riesgos” en primer lugar a las tensiones geopolíticas, que pueden llevar a incrementos de los precios de las materias primas. Unas preocupaciones a las que además suman los riesgos que pueda seguir generando la nueva política arancelaria de los Estados Unidos instigada por su presidente, Donald J. Trump, a través de sus efectos sobre el comercio mundial, las cadenas de suministros y los flujos de inversión.

Mientras tanto, y a nivel nacional, desde CEOE señalan como “principales impactos negativos” que puedan afectar al desempeño de la economía y de las empresas españolas, a todos aquellos que puedan terminar de concatenarse como resultado de una política económica que “introduzca mayor incertidumbre” y que “genere mayores costes a la actividad empresarial”, provocando con ello el freno tanto de las inversiones, como del consumo. Una política que sitúan en la línea de la que ha venido implementando el Ejecutivo, y que ha provocado, a la vista del dato de avance de Contabilidad Nacional Trimestral hecho público este martes, que los costes laborales unitarios se hayan disparado ya un +24,3 por ciento, frente a los del último trimestre de 2019, tras incrementarse un +4,3 por ciento durante este primer trimestre de 2025 en términos interanuales, y frente al incremento del +3,7 por ciento registrado en el trimestre anterior. Un aumento que contraste frente al aumento registrado del +2 por ciento del Excedente de Explotación Bruto (EBE), que “se sigue contrayendo en términos reales”, defienden desde CEOE, hasta situarse “en tasas mínimas respecto a su promedio histórico”, al ser mucho menor que al aumento de la remuneración de salarios (+7,2 por ciento) y de los impuestos (+8,7 por ciento), y en “lo que está limitando las decisiones de inversión de las empresas”.

Junto a estos dos factores, el aumento de los costes laborales, y la caída de las inversiones de las empresas, como elementos también llamados a afectar de manera negativa al comportamiento del tejido económico e industrial de España, promoviendo tanto una como otra causa, desde CEOE apuntan de manera directa a la “adopción de medidas unilaterales por parte del Gobierno”. Unas políticas con las que advierten al Ejecutivo de estar dinamitando un diálogo social al que califican como “absolutamente imprescindible” para mantener la creación de empleo, a través de decisiones como las relacionadas con la nueva propuesta sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), o con la nueva Ley sobre la reducción de la jornada laboral. Una norma que estaba contemplada con que fuera remitida al Congreso de los Diputados para su aprobación por el Consejo de Ministros de este pasado martes, en una decisión que finalmente se va a posponer al de la próxima semana, y sobre la que ya se pronunciaron enérgicamente en contra desde la CEOE a finales de la pasada semana, tanto por su fondo como por las formas de tratar de impulsar su tramitación en vísperas de este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.

“Las organizaciones empresariales defendemos la reducción de la jornada ajustada a las necesidades de cada sector a través de la negociación colectiva”, pero “sin embargo”, y “por responsabilidad volvemos a advertir del grave impacto que la aprobación de esta norma va a tener sobre la actividad económica y, precisamente, el empleo, con especial incidencia en las pequeñas y medianas empresas y en algunos sectores de este país”, censuraban para entonces desde CEOE. “Antes de su aprobación, la voluntad de imponer la reducción de la jornada laboral para dar cumplimiento a un acuerdo político está ocasionando ya un freno en la negociación colectiva, que es una infraestructura básica para mantener la estabilidad económica y la paz social”, y que se va “dinamitar” al “situar la jornada máxima legal”, que se buscará establecer desde la nueva norma, “por debajo de la jornada promedio ya pactada en los convenios colectivos”. “Por todo ello”, y ante las incertidumbres que ya está provocando, y que ha venido provocando la norma, “llamamos de nuevo a la responsabilidad para que durante el trámite parlamentario de la norma se tengan en cuenta estas cuestiones y se disponga de un adecuado análisis de impacto económico”.