Sigue adelante la huelga del transporte: estas son sus reivindicaciones

A pesar de las últimas medidas anunciadas desde el Ejecutivo fruto del acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y los representantes de los Departamentos de Mercancías y Viajeros del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), desde la Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte, organización convocante de la actual huelga en el transporte que ya afecta a gigantes tanto de la alimentación como del textil de la talla de Inditex, no dan su brazo a torcer y aseguran que seguirán adelante con el paro nacional indefinido que iniciasen el pasado 14 de marzo de 2022.

La decisión de Plataforma se ha tomado tras la infructuosa reunión que su dirección mantenía durante la tarde del pasado viernes, 25 de marzo, con Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Un encuentro a lo largo del cual la ministra les hacía partícipes de las decisiones acordadas en su reunión del mismo viernes con los representantes del CNTC, entre las que se encontraban la bonificación a los transportistas con 20 céntimos de euro por litro o kilo de combustible, de los que 15 céntimos saldrán del presupuesto público y 5 céntimos serán soportados por los operadores de productos petrolíferos, y que se aplicará a gasóleo, gasolina, gas y adblue; así como la concesión de unas ayudas directas al sector de 450 millones de euros. Dos medidas que desde el Gobierno valoran que, en su conjunto, representarán unas ayudas por más de 1.000 millones de euros. Un paquete que no obstante desde Plataforma valoraron como insuficiente durante su reunión con Sánchez frente a sus reivindicaciones, en lo que terminó suponiendo un auténtico jarro de agua fría para un ejecutivo que confiaba en que las medidas adoptadas valiesen para que desde Plataforma accediesen a la desconvocatoria de un paro que mantiene ya paralizada a una buena parte de la industria española.

Así, como actualización de última hora este mismo sábado 26 de marzo, tras su encuentro en el Ministerio, Manuel Hernández, presidente de la plataforma convocante de la huelga, invitaba a todos los transportistas que la secundan a no “tirar la toalla ahora bajo ningún concepto”. “No podemos aceptar limosnas que no nos solucionan nada, si no tenemos la garantía de trabajar para vivir, no hay motivos de arrancar”, sentenciaba. “Estamos haciendo historia y tenemos que seguir hasta el final, queda el último tirón y hay que demostrar que somos capaces de conseguirlo, porque nunca antes tuvimos la oportunidad que hoy nosotros mismos nos hemos brindado” para alcanzar las demandas que plantean al Ejecutivo. A este respecto, “no estamos pidiendo limosnas”, añade Hernández, mientras que “las ayudas que quieren dar no es la solución de nada”. “No estamos luchando para que de manera puntual nos de un bocadillo”, ya que “hay que comer todos los días y trabajar con dignidad, y esa dignidad la estamos ganando día a día, ahora no podemos dar marcha atrás”. “Todas las batallas tienen heridos, riesgos, y por desgracia víctimas”, lamentaba Hernández, “pero nunca se cambio nada sin antes padecer y sacrificar muchas cosas”. Por ello, “ps pido que no me dejéis solo y que todos seáis Manuel Hernández, solo con nuestra persistencia llegaremos a la victoria”.

Posteriormente, ya durante la jornada de este mismo domingo 27 de marzo, desde la junta directiva de la plataforma querían igualmente “comunicar todo el apoyo y firmeza que nos están transmitiendo desde todas las provincias”. “Desde el día de ayer estamos en contacto con multitud de compañeros y la conclusión es que tenemos claro la imposibilidad de arrancar sin antes haber acuerdos firmados que de manera inmediata se pongan en vigor”, explicaban en este sentido. “No podemos caer en trampas ni en promesas que no nos arreglan nada”, advierten. “Hemos llegado hasta aquí para conseguir retomar la actividad”, pero “con las garantías de no trabajar para arruinarnos y sí de poder hacerlo con dignidad, tanto económica como laboral”. Así pues y con todo, “seguimos adelante y sigamos visualizando el gran problema que nos acecha”.

Reivindicaciones

Según trasladan desde la misma Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte, las reivindicaciones que están planteando para el sector frente a los ministerios de Trabajo y Economía Social y frente al de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pasan por un total de 4 puntos, relacionados con precios, condiciones laborales, la competencia desleal en el sector y con su propia representatividad frente a la Administración.

1º.- Asegurar la rentabilidad de los servicios y “no” al pago por el uso de carreteras

En relación con el asunto de los precios, desde la plataforma demandan, primero, la “prohibición por Ley del pago por debajo de costes de explotación de los servicios de transporte de mercancías por carretera, utilizando el observatorio de costes diseñado por el Ministerio de Transportes siendo éste de obligado cumplimiento sin posibilidad de pacto en contra”. Como piedra angular de sus demandas dentro de este ámbito, como derivada de la misma solicitan el que “una vez activados los mecanismos que garanticen que una empresa de transporte no pueda ser remunerada por debajo de los costes de explotación”, se cumplan “todos los conceptos económicos y laborales de los convenios colectivos para los conductores asalariados”, se lleve a cabo una “actualización económica y laboral de las circunstancias reales de trabajo, disponibilidad y riesgo que asumen los conductores”, y se selle un “compromiso firme de la inspección de trabajo para la comprobación de tales obligaciones, con sanciones ejemplares para las empresas incumplidoras”. “Plataforma lucha por unos precios justos en los portes, pero a la vez por un salario digno para los conductores”, sentencian.

Del mismo modo, desde la asociación convocante de los paros demandan la inclusión de una “cláusula de obligado cumplimiento”, y “sin posibilidad de pacto en contra”, en los “contratos de transporte y/o Cartas de porte”, para “la indemnización por paralización a partir de las 2 horas de espera en cargas y descargas”, “facturándose automáticamente junto al servicio de transporte”. Así como el “pago por Ley máximo a 30 días fecha factura sin posibilidad de pacto en contra”, y la “presencia obligatoria del sector para consensuar las modificaciones que incumban a los transportistas en cuanto a los cambios tributarios de cualquier índole, así como la revisión de las sanciones de tráfico y transporte a un plano real, lógico y coherente”. Incluyendo ya como último punto un rotundo “no” “al pago por el uso de carreteras”.

2º.- Mejora de las condiciones laborales

Mientras tanto en el asunto de las condiciones laborales, desde plataforma demandan un total de 7 puntos, empezando por la “prohibición sin posibilidad de pacto en contra de las tareas de carga/descarga y manipulación de mercancía por parte del conductor”, para desde ahí seguir y demandar una “jubilación a los 60 años y anticipada a los 58 de los conductores Profesionales”; la “consideración de accidentes y enfermedades laborales durante las jornadas de trabajo”; que se prohíban “las 44 toneladas y 4.5 metros de altura en los actuales vehículos articulados ante la inseguridad y riesgos para los conductores y demás usuarios de la vía pública”; y el exigir una “vigilancia por parte del estado en los polígonos y áreas de servicio principales para la seguridad y correcto descanso de los conductores ante robos a sus camiones y mercancías”.

Concluyendo ya este capítulo, demandando igualmente la “participación obligatoria del sector para la toma de decisiones consensuadas en cuanto a restricciones a la circulación de camiones por festivos, puentes y temporales”; y la “habilitación para los conductores de espacios confortados y adecuadamente dignos en centros de carga y descarga para la entrega y recogida de documentación, esperas durante los periodos de carga y descarga y poder cubrir unas mínimas necesidades de aseo y alimentación”.

3º.- Medidas para frenar la competencia desleal

Para limitar los efectos de una competencia desleal que, aseguran, durante los últimos años no ha hecho más que intensificarse frente a los ojos de la misma administración, sin que esta se haya decidido a tomar cartas en el asunto, exigen una “limitación de los servicios de transporte dentro del territorio nacional a las empresas con razón social extranjera, limitando a 1 servicio mensual con origen y destino dentro del territorio Español”. Medida para la que solicitan que se exija “al transportista presentar ante la autoridad que inspeccione todas las cartas de porte del mes en curso para verificar el cumplimiento de dicha medida”; y a la que suman su “no a la liberalización total del sector, además de rescatar medidas que garanticen un acceso y posterior operatividad profesional” dentro del mismo.

“Durante muchos años han sido varias las estrategias que desde las administraciones se han permitido para que la convivencia dentro del sector sea cada vez más dividida y abundante en cuanto a número de camiones para ofrecer un mismo servicio en condiciones desiguales”. Frente a ello, explican desde Plataforma, “todos hemos intentado buscarnos la vida dentro de las posibilidades que hemos tenido a la mano tanto para acceder como para operar dentro del sector”. No obstante, “es una práctica conocida la de crear empresas buzón en países donde los costes laborales y fiscales les permiten poder realizar servicios en España sin control y a unos precios muy por debajo de cualquier empresa Española”, de manera que “se nos está condenando a la desaparición y en consecuencia a la sustitución por este tipo de empresas que están siendo la opción para la continuidad de las malas condiciones económicas y laborales en las que están implantadas las grandes compañías cargadoras”.

Analizando estas prácticas, “muchos deben de ser los intereses de los gobiernos para mirar hacia otro lado ante el ataque y derribo a empresas españolas que pagan impuestos y crean puestos de trabajo aportando riqueza y bienestar al País”, estiman desde la plataforma. “Esas empresas con razón social extranjera solo hacen que aprovechar nuestra red de carreteras a coste cero no aportando a las arcas del Estado ni un solo euro y creando una situación desleal en todos los sentidos respecto a las empresas Españolas”. “Sospechamos del acuerdo en la sombra entre cargadores y Gobierno para que este tipo de empresas tengan cabida aquí”, añaden, “aumentando la oferta de transporte a la carta para aquellos que a toda costa pretenden mantener y seguir aumentando la desigualdad y los nulos derechos económicos y laborales de empresas y conductores”. Uno intereses en contra de los transportistas a los que representan desde Plataforma, y a los que buscarían tratar de poner fin con este conjunto de demandas.

4º.- Representatividad

Como último capítulo en sus demandas, desde la plataforma exigen al Gobierno que traten a cada uno de los trabajadores transportistas como sujetos individuales, y que en ningún caso se trate de exigirles o vincularlos a las medidas o iniciativas que se acuerden junto al Comité Nacional de Transporte. Organización que es precisamente con la que desde el Ejecutivo se han estado reuniendo en el marco de esta presente crisis logística, y a la que desde la Plataforma niegan su carácter representativo.

“Exigimos”, subrayan, “que el Ministerio de Transporte sólo de por válida la representación de un transportista cuando éste haya rellenado, sellado y firmado el correspondiente documento de afiliación de la Asociación que se acredite como su representante para tales efectos”, apuntan desde Plataforma en sus reivindicaciones. A este respecto, “no reconocemos como interlocutores válidos de los pequeños y medianos transportistas ante la administración, al actual Comité Nacional de Transporte”. Un “comité compuesto por grandes empresas de Transporte, empresas cargadoras e intermediarios”, cuyos “intereses son opuestos a los de los pequeños y medianos transportistas que desarrollamos de manera material la actividad del transporte de mercancías por carretera, y que somos la mayoría de camiones en el cómputo del sector”. En este mismo sentido, “denunciamos el sistema de acreditación de este Comité para adjudicarse dicha representación”, por “carecer de un procedimiento democrático y transparente”.