Los trabajadores del textil de Bangladés cargan contra las marcas occidentales: “Solo se preocupan por sus envíos”

Madrid – Después de duras semanas de reivindicaciones, manifestaciones y de huelga, durante las que algunas de las mayores fábricas textiles del país han debido de cerrar sus puertas poniendo nuevamente en alerta a las cadenas de suministros de gigantes de la moda de la talla de Gap, H&M, Primark o Inditex, los trabajadores de la industria textil de Bangladés han comenzado ya a regresar a sus puestos de trabajo. Circunstancia que no ha impedido el que sigan manteniéndose en sus objetivos de conseguir una sustancial mejora de sus condiciones laborales y salariales, mientras cargan nuevamente contra las mayores multinacionales occidentales de la industria, a las que acusan de seguir más preocupadas de sus envíos y de sus márgenes de beneficios, que del bienestar de los trabajadores que forman parte de sus cadenas de valor.

Poniéndonos brevemente en contexto, era a comienzos de la semana del pasado 23 de noviembre cuando comenzaron a sucederse distintas manifestaciones reivindicativas protagonizadas por los trabajadores de la industria textil de Bangladés. Unos grupos de empleados que, pese a valorar de manera positiva los avances que se han dado en el país desde los trágicos acontecimientos del Rana Plaza, la fábrica textil de Daca, la capital del país, que terminó por derrumbarse el 24 de abril del año 2013 segando la vida de 1 134 personas y causando múltiples heridas a otras 2 437, igualmente mantienen y consideran como insuficientes los avances y mejores en las condiciones de trabajo de las que se están beneficiando los trabajadores del sector, a pesar de todas las buenas palabras y de las mejores de las condiciones laborales que se han logrado bajo el paraguas del “International Accord for Health and safety in the textile and garment industry”, aprobado en 2021 en sustitución del “Bangladesh Accord on Fire and Building Safety”. Punto que sostienen esgrimiendo la delicada situación en que se encuentran atravesando la mayoría de los trabajadores del textil de Bangladés, afectados por unos salarios ya de por sí considerablemente bajos, pero que han terminado por empobrecerse todavía más como consecuencia de las tensiones inflacionistas y de contar con una base que el Gobierno de Bangladés no ha actualizado desde el año 2019.

Frente a esta suma de circunstancias, los trabajadores del sector comenzaron a movilizarse hace ahora cosa de dos semanas, alimentando unas huelgas generalizadas en el sector que empezaron a ganar en intensidad a comienzos de la pasada semana, encontrando sus puntos más álgidos en las jornadas del jueves, del viernes y del sábado. Días en los que han sido constantes los enfrentamientos entre la policía de Bangladés y los grupos de manifestantes y huelguistas, firmes en sus demandas de reivindicar un incremento salarial que garantice un salario mínimo mensual de unos 23 000 takas, unos 194,93 euros al cambio actual. Un importe que llegaría a casi triplicar el actual salario mínimo de 8 300 takas, unos 70,34 euros al cambio actual, que reciben mensualmente los trabajadores del textil de Bangladesh, y que desde la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Ropa de Bangladés, la organización empresarial que representa a los intereses de los propietarios de las fábricas, se encuentran dispuestos a únicamente a actualizar hasta con una subida del +25 por ciento.

Fábricas cerradas y vandalizadas

A medida que las tensiones han venido creciendo a lo largo de estas últimas jornadas, era a fecha del pasado jueves día 2 de noviembre cuando desde el país del Sur de Asia se informaba de que más de 250 fábricas, entre ellas al menos 50 de las mayores de todo el país, se habían visto obligadas a cerrar sus puertas y a paralizar toda su actividad, como consecuencia de las distintas manifestaciones que a lo largo de toda la jornada se fueron sucediendo por algunas de las principales zonas industriales de Bangladés, incluida su capital. Manifestaciones que según la policía del país no tardaron en tornarse violentas, con grupos de personas accediendo a cerca de unas 50 fábricas textiles que terminaron siendo saqueadas y vandalizadas.

Tomando el testigo de la jornada del jueves, su mismo perfil terminaba por tomar la del pasado viernes día 3 de noviembre, jornada para la que volvieron a contarse por miles el número de trabajadores manifestantes, y por decenas el número de fábricas que se vieron empujadas a cerrar sus puertas, ya fuera como consecuencia de la falta de trabajadores, o como una medida de precaución a la que no dudaron en acudir sus propietarios para evitar nuevos actos vandálicos y de violencia, como los que se sucedieron durante la jornada previa. Una decisión preventiva, que no impidió ni que decenas de fábricas volvieran a ser nuevamente saqueadas, ni que algunas de las mayores fábricas textiles del país, desde las que se dan respuesta a los pedidos de las principales multinacionales del sector, se vieran obligadas a paralizar toda su actividad.

Según a este respecto se encargaba de señalar Kalpona Akter, presidenta de la Federación de Trabajadores de la Confección y la Industria de Bangladés (BGIWF), entre las fábricas que cerraron sus puertas había “muchas de las fábricas más grandes del país, que confeccionan ropa para casi todas las grandes marcas” occidentales, entre las que situaba, en declaraciones ofrecidas a la agencia de prensa AFP, de manera directa a Gap, Walmart, H&M, Zara, Bestseller, Levi’s, Marks&Spander, Primark y a la cadena de supermercados Aldi.

Vuelta a la “normalidad”

En respuesta al grave y preocupante clima que parecía estar apoderándose del sector, una industria del textil que mantiene a Bangladés como el segundo mayor país exportador de ropa del mundo, únicamente por detrás de China, gracias a su red de más de 3 500 fábricas, desde las que se dan trabajo a cerca de unos cuatro millones de trabajadores —la gran mayoría de ellos mujeres—, y se generan alrededor del 85 por ciento de todas las exportaciones anuales de los países del Sur de Asia, por un valor de unos 55 mil millones de dólares, abasteciendo a los grandes grupos multinacionales de la industria como Levi’s, Inditex o H&M, desde el Gobierno de Bangladés se decidía empezar a poner pie en pared frente al clima reinante, anunciado la movilización para la jornada del sábado de unos 3 000 agentes de policía. Unos agentes del orden que guardaban por intención la de garantizar que pudieran reabrir las fábricas textiles de la ciudad industrial de Gazipur, a 25 km al norte de Daca, y de otras zonas industriales principales de todo el país.

En respuesta al despliegue policial, según recogen desde la agencia de noticias AFP, durante la jornada del sábado se consiguió que cerca de unas 600 empresas que se habían visto empujadas a paralizar su actividad durante estas últimas semanas, pudieran reabrir y volver a operar. Una paulatina vuelta a la normalidad, que no impidió que en el suburbio de Ashulia, al oeste de Daca, estallara un fuerte enfrentamiento entre los cerca de 1 500 efectivos de la policía que se habían desplegado entre aquí y el vecino distrito de Savar, con cerca de unos 10 000 manifestantes que trataban de impedir que el resto de trabajadores pudieran regresar a sus turnos de trabajo, en un intento a la desesperada por seguir manteniendo vivas las reivindicaciones salariales que se aspiraban conseguir con esa oleada de manifestaciones y jornadas de huelgas. Unas reclamaciones de las que, por ahora, no nos consta que se hayan terminado por formalizar ninguna clase de acuerdo, mientras los trabajadores ya han regresado a sus puestos de trabajo.

Durante esta jornada de sábado, los manifestantes “lanzaron piedras y ladrillos a los agentes y a las fábricas, mientras trataban de bloquear las carreteras”, explicaba Mohammad Sarowar Alam, jefe de la policía de Ashulia, en declaraciones a la AFP. “Los dispersamos lanzando gases lacrimógenos”, apuntaba, mientras relataba cómo, bajo la protección de esos 1 500 efectos, los trabajadores ya habían empezado a volver a sus turnos de trabajo tanto en Ashulia como en Savar y en Gazipur. “Las cosas están en paz”.

Acusaciones contra las grandes compañías del sector

Apaciguadas, al menos así lo parecen por el momento, estas últimas protestas protagonizadas por el conjunto de los trabajadores del textil de Bangladés, no sería de extrañar que estas volvieran a recrudecerse a medida que vayamos acercándonos a la recta final del año, y de que el país del Sur de Asia vaya aproximándose a las próximas elecciones generales programadas para enero de 2024. Unos comicios para los que grupos de la oposición al actual Gobierno de Bangladés han exigido la dimisión de la primera ministra, Sheikh Hasina, mediante violentas manifestaciones que igualmente han venido llevándose a cabo de manera paralela coincidiendo con estas últimas jornadas de huelga y de protestas llevadas a cabo por los trabajadores del textil. Trabajadores representantes de una mano de obra desde la que han vuelto a poner su foco de atención sobre las grandes multinacionales occidentales del sector, a las que responsabilizan de alimentar estas protestas desde su constante despreocupación por las condiciones laborales de los trabajadores que forman parte de sus cadenas de valor. Unas acusaciones que se han vertido a pesar de que compañías de la talla de Adidas, Hugo Boss, Levi’s o Puma, ya se manifestasen públicamente a comienzos del pasado mes de octubre a lo largo de un comunicado remitido a la primera ministra, Sheikh Hasina, desde el que se comprometían a seguir implementando prácticas de compras responsables, al tiempo que invitaban al Gobierno de Bangladés a tratar de buscar elevar el salario mínimo de los trabajadores del sector.

En su misiva, firmada por los representantes de AEO, Abercrombie&Fitch, Adidas, Amer Sports, Burton, Gap, Hugo Boss, KMD Brands, Levi Strauss & Co., Lululemon, Patagonia, Puma, PVH, SanMar y Under Armour, esta decena de grandes multinacionales de la industria, entre otras cuestiones, solicitaban al Gobierno de Bangladés que, en el marco de las negociaciones que venían manteniéndose para actualizar el salario mínimo de los trabajadores del sector, estas “deberían buscar aumentar el salario mínimo a un nivel que corresponda con un nivel salarial y a unos beneficios que sean suficientes como para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y algunos discrecionales”, y que para ello se “tengan en cuenta las presiones inflacionistas”. Y es que “los cofirmantes” de la misiva, apuntaban, “señalan que el salario neto mensual promedio de los trabajadores de la confección en Bangladés no se ha ajustado desde 2019, mientras que la inflación ha aumentado significativamente durante ese tiempo”. Una circunstancia frente a la cual también “continúan recomendando que el Gobierno de Bangladés adopte un mecanismo de revisión anual del salario mínimo para mantenerse al día con los factores macroeconómicos cambiantes”. “El Gobierno puede desempeñar un papel importante a la hora de facilitar el registro de nuevos sindicatos, condenar la violencia, las amenazas o la intimidación contra los miembros de los sindicatos y, en general, en fomentar un entorno que respete los derechos de negociación colectiva de los trabajadores y los empodere como partes interesadas esenciales en el progreso de la nación”. En respuesta, “instamos firmemente al Gobierno a garantizar que no haya represalias contra los participantes durante y después de la revisión del salario mínimo, con el fin de fomentar y promover una atmósfera de diálogo abierto e inclusión a través de las negociaciones del salario mínimo, y más allá”.

A pesar de estas buenas palabras, ofrecidas por este grupo representativo con algunas de las mayores multinacionales occidentales de la moda, antes de que se terminaran por suceder estas violentas manifestaciones y jornadas de huelga de estas últimas semanas, Kalpona Akter, la presidenta de la Federación de Trabajadores de la Confección y la Industria de Bangladés (BGIWF), no dudaba en seguir cargando contra la falta de compromiso de las grandes multinacionales del sector. Y es que, señalaba después de estas jornadas, “las marcas y minoristas solo se preocupan por los envíos y los beneficios; pero no les importa el bienestar de los trabajadores que se sitúan en la parte más baja de su cadena de suministros, o el hecho de que muchos de esos trabajadores estén medio muriendo de hambre”. Unas apreciaciones frente a las que, no obstante, “esperamos que las marcas presionen a los fabricantes de Bangladés, para que se aseguren de que pagan el salario que exigen los trabajadores”.