Los sindicatos dan su visto bueno al nuevo Estatuto del Becario

Con la intención de poner freno a lo que, a su firme parecer, es un reflejo más de la precarización del mundo laboral que viven las nuevas generaciones, el nuevo Estatuto del Becario que se encuentran elaborando desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, bajo la dirección de Yolanda Díaz, recibía un último espaldarazo hace hoy justamente una semana, con la firma de un preacuerdo entre los representantes del propio Ministerio y de las principales asociaciones sindicales. Un pacto frente al que finalmente, y por ahora, la patronal CEOE-Cepyme se ha terminado descolgando y cuyas líneas han recibido unas durísimas críticas por parte de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), en lo que no obstante no impidió que el acuerdo fuese finalmente refrendado por las propias organizaciones sindicales a lo largo de toda esta última semana.

Así pues, y posteriormente al pacto alcanzado el lunes con los representantes del Ministerio, era la Comisión Ejecutiva Confederal de Comisiones Obreras la que se encargaba de validar el preacuerdo aprobándolo y dándole validez el pasado martes 18 de octubre. Mientras que ya posteriormente, el pasado viernes día 21, era desde RUGE, la organización juvenil del sindicato UGT, desde donde se encargaban de dar luz verde al mismo preacuerdo refrendado a comienzos de esa misma semana por el Consejo Confederal del sindicato. Momento en el que terminaban así por aprobarse, del lado de las principales organizaciones sindicales que forman parte del diálogo social, junto a los representantes del Ejecutivo y de la patronal, a un texto que coinciden a la hora de calificar como “muy positivo” que elevará la calidad de las prácticas formativas de los estudiantes universitarios.

“El sindicato considera el acuerdo alcanzado como muy positivo, ya que traerá un modelo de prácticas vanguardista”, entran a valorar desde UGT. “Entre los principales factores a destacar” del texto, añaden, “se aclara el ámbito de aplicación de la norma, se garantiza que las prácticas no laborales estén vinculadas a un plan de estudio”, para “que no se pueda pervertir esta figura”, y todo mientras que se aportan “una serie de derechos y garantías” que harán que el “alumnado tenga un periodo de prácticas de calidad, a la vez que impedirá que se use la figura del becario de manera fraudulenta para sustituir puestos de trabajo en las empresas”.

Una valoración positiva en la que coinciden desde la Comisión Ejecutiva Confederal de CCOO, tal y como se desprendía de las declaraciones ofrecidas por el sindicato y recogidas por diferentes medios de comunicación, como la agencia Europa Press. “Con esta legislación ponemos freno a la precariedad y la explotación que sufren los becarios, porque se eliminan las prácticas extracurriculares que vienen a ser una forma de precarización de la juventud, de trabajar de forma gratuita”, remarcaba Adrià Junyent, secretario de Juventud de CCOO. Gracias al nuevo texto, y una vez que finalmente sea aprobado, “se garantizan muchos derechos, como la prevención de riesgos laborales”, en lo que hará que “hacer prácticas no les cueste la vida” a lo estudiantes, así como “también una compensación” por los gastos en los “que incurra durante las prácticas”, tales “como la comida o el transporte”. En suma, apostillaba Junyent, “con esta legislación damos mucho más peso a la tarea formativa que tienen que tener las prácticas”, al tiempo que se trata de “dejar atrás el fraude de los falsos becarios que había en España”, y todo ello gracias a un texto sobre el que, a falta de su publicación íntegra y oficial, ya ha trascendido que contempla medidas como la de imponer un límite al número de becarios. Una figura que en ningún caso podrá llegar a superar el 20 por ciento de la plantilla total de las empresas, aunque contemplándose un mínimo de dos estudiantes en prácticas independientemente del tamaño de la plantilla.

Rechazo desde la Confederación de Rectores de las Universidades Españolas

Pese a las buenas palabras ofrecidas desde el seno de ambas organizaciones sindicales, la recta final para la redacción de este nuevo Estatuto ha recibido un duro y firme rechazo por parte de la Confederación de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Organización responsable de dialogar en representación de las instituciones universitarias españolas con el Gobierno de España, desde no han encontrado reparos a la hora de emitir un comunicado oficial de rechazo a la nueva norma para las personas en formación práctica en el ámbito de la empresa.

“La Conferencia de Rectores manifiesta su rechazo al proceso de negociación que se está siguiendo en la elaboración del Estatuto de las personas en formación práctica en el ámbito de la empresa, conocido como Estatuto del becario”, aclaran meridianamente desde Crue, al tiempo que censuran el que “apenas se ha contado” con la organización “para realizar aportaciones y escuchar su opinión”, manteniendo la redacción del estatuto “en el marco del Diálogo Social que protagonizan en exclusiva Gobierno, sindicatos y patronales”, mostrándose esta como una actitud “imposible de justificar” al perseguirse no sino “la regularización de las prácticas académicas”. “Esta incomprensible laboralización de una actividad que es pura y esencialmente académica”, sostienen, “no tiene nada que ver con la mejora de la protección en Seguridad Social de los estudiantes en prácticas cuando reciben durante su desarrollo una beca –no un salario, porque si hay salario, es contrato de trabajo y no práctica académica– o con la necesidad de regular adecuadamente el desarrollo de las prácticas para evitar un posible uso incorrecto de las mismas”.

Para sostener este principio, destacan que con “respecto de la situación actual, no se aprecia ventaja material alguna, salvo el sinsentido de ofrecer prestaciones o subsidios sustitutivos de rentas de trabajo” que actualmente no existen, como “incapacidad temporal o maternidad y paternidad”, o “o la novedad de que se atiendan en el ámbito de la Seguridad Social situaciones incapacitantes actualmente ya protegidas mediante otros instrumentos”. Además, y partiendo de que en “España la asistencia sanitaria es universal”, y de que “los estudiantes la tienen específicamente protegida a través del seguro escolar”, “la única novedad real de la propuesta que se está negociando –no por Crue– se encontraría en la posibilidad de acumular carrera de seguro (días y meses cotizados para ganar pensiones el día de mañana, típicamente para la de jubilación)”, siendo un objetivo para el que, añaden, “bastaría con establecer el alta y cotización ficticia, como ya se hace en algunas situaciones reflejadas en nuestro sistema de Seguridad Social”.

Poniendo igualmente el foco en la falta de recursos de los que disponen las universidades públicas españolas, instituciones que consideran que podrían verse “abocadas a una situación límite dada su conocida y endémica infrafinanciación” de la mano de una norma como esta que, mantienen, obligará a “detraer” recursos de otras tareas, desde Crue terminan apuntando a que “estas medidas perjudicarían la formación de nuestros estudiantes, que podrían ver significativamente reducida la oferta de prácticas que ahora desarrollan y que resulta muy valiosa para su preparación”, advierten. Punto al que además desde la organización suma el observar “con gran preocupación” la “desaparición en el nuevo Estatuto del becario de las prácticas extracurriculares”. Un punto que destacaban desde CCOO, pero que, a juicio de la Confederación de Rectores, “ocasionará una discriminación entre estudiantes que van a poder empezar a sumar cotizaciones en seguridad social, por ejemplo, los de ciencias de la salud, y estudiantes de otras titulaciones” que “no podrán hacerlo”.