Entra en vigor el plan de respuesta del Gobierno a la crisis de Irán

Madrid – Tras su presentación, el pasado viernes día 20 de marzo, por parte del mismo presidente del Gobierno, este domingo, y después de su publicación en la víspera en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha entrado en vigor el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado por el Ejecutivo, vía Real Decreto-Ley. Un plan que contempla la movilización de ayudas públicas por cerca de unos 5 000 millones de euros, mediante la ejecución de medidas que se han estructurado en torno a un total de dos ejes de actuación, con medidas coyunturales y medidas estructurales de uno y otro lado.

Tal y como al respecto se encargaba de detallar entonces el mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros celebrada el pasado viernes día 20 de marzo, el Ejecutivo acordó la aprobación de dos reales decretos ley con medidas “urgentes” para paliar el impacto de la actual crisis que se ha desatado en Irán, y en toda la región de Oriente Medio. El primero de ellos con cerca de unas 80 medidas con las que se estima llegar a movilizar unos 5 000 millones de euros en ayudas, tanto para hogares como para empresas; y el segundo, con la única directriz de acordar una congelación temporal de los precios del alquiler de las viviendas. Un texto este último que, antes de su publicación y entrada en vigor, ya despertaba las reticencias del mundo de la empresa y de algunos de los socios parlamentarios que sostienen al Ejecutivo, y para el que el mismo Gobierno ha reconocido que todavía no cuenta con una mayoría parlamentaria que pueda convalidar la norma; una cuestión que tratarán de atajar a lo largo de estas próximas semanas mediante negociaciones con los grupos parlamentarios.

A pesar de presentarse de manera independiente, ambos reales decretos ley se enmarcan por parte del Ejecutivo dentro de las medidas “urgentes” que se han decidido poner en marcha para paliar el impacto de la crisis en Oriente Medio, sobre los cerca de 3 millones de empresas y los 20 millones de hogares que hay actualmente en el país. Medidas que si bien “no impedirán que los efectos de esta guerra ilegal lleguen a España”, reconocía el mismo Pedro Sánchez durante su comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Ministros del viernes, “al menos los harán menos erosivos y algo más llevaderos”. Esta crisis “a los españoles y españolas nos va a costar 5 000 millones de euros, que podíamos estar destinando a becas, a sanidad o a dependencia”, cifraba presidente del Gobierno, al tiempo en el que además advertía de que las medidas aprobadas, como parte de ese “plan de crisis”, “estarán vigentes el tiempo que sea necesario, y si las circunstancias lo requieren porque la gravedad de la crisis se acentúa, las ampliaremos, porque no es un plan cerrado”. Y del mismo modo, concretaba, “si se necesita poner más recursos económicos por parte de la administración general del Estado, se pondrán”.

Un plan integral con dos ejes de actuación

Centrando la atención en ese Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, tal y como ha quedado recogido en el BOE publicado este sábado, aprobado por el Gobierno, siguiendo con lo ya señalado el mismo contempla unas cerca de 80 medidas, que se estima que lleguen a movilizar unas ayudas públicas por un valor de unos 5 000 millones de euros. Todo ello como resultado de la aprobación de un “plan integral” estructurado en dos ejes, con medidas coyunturales de un lado y estructurales del otro, y que han entrado en vigor desde este domingo día 22 de marzo.

Como principales medidas del mismo plan, de entre las acordadas como “coyunturales” y dirigidas a tratar de mitigar de manera inmediata los efectos de la crisis de Irán, se ha aprobado una reducción de los impuestos a la energía, con una bajada del -60 por ciento de los impuestos a la electricidad; la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE); la bajada al tipo mínimo del 0,5 por ciento, fijado por la UE, del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE); la reducción del 21 al 10 por ciento del IVA de la electricidad, los carburantes, el gas natural, para briquetas y “pellets”; y la congelación del precio máximo de venta del gas butano y del propano.

Resultado de esas medidas es la caída ya efectiva prometida por el presidente del Gobierno que puede sentirse desde el domingo sobre los precios de la gasolina y del gasoil; insumos para los que se ha acordado una ayuda adicional de 20 céntimos por cada litro de gasóleo profesional para sectores como el de los transportistas, la agricultura, la ganadería o la pesca, que se abonará por la Agencia Tributaria. Una ayuda sectorial que se completará con otra para la compra de fertilizantes, en un esfuerzo por tratar que el aumento de los costes no se traslade a la cesta de la compra y sirva para alimentar una mayor escalada inflacionista de la que ya se prevé por parte del Ejecutivo. Un Gobierno desde el que han completado su plan de “medidas urgentes” contra la crisis de Irán con la aprobación de otras medidas, como la rebaja en un -80 por ciento de los peajes eléctricos de transporte y distribución de la energía para toda la industria electrointensiva; la flexibilización de los contratos de suministro energético para empresas y autónomos; una deducción del -15 por ciento en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos y enchufables; bonificaciones del IBI hasta un 50 por ciento por la instalación de sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de energías renovables; una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar o de la energía ambiente; o la extensión hasta finales de año de los descuentos del bono social eléctrico, con además el aumento a 50 euros de la ayuda mínima del bono social térmico y la prohibición de la interrupción de los suministros esenciales para los hogares vulnerables.

Para garantizar la buena ejecución de las medidas, y que estas sirvan para garantizar el funcionamiento de las empresas, la conservación de los puestos de trabajo, y en ningún caso para el enriquecimiento de algunos de sus beneficiarios, se ha dotado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de nuevas capacidades de supervisión y de sanción con el propósito de “garantizar que las ayudas llegan a sus destinatarios y evitar abusos”, señalan desde La Moncloa. Medida a la que además se suma, tal y como queda recogido en el Artículo 62 del Real Decreto-Ley, el que las “empresas beneficiarias de las ayudas directas previstas” por la norma, “no podrán despedir por causa de fuerza mayor y por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción derivadas de la situación a la que se pretende hacer frente, hasta el 30 de junio de 2026”. Y en el caso de hacerlo, dicho incumplimiento, se advierte, “conllevará el reintegro de la ayuda recibida y la calificación del despido como nulo”.

Acelerando el paso hacia la descarbonización y la soberanía energética

Si todo lo anterior hacía referencia a las medidas de carácter “coyuntural”, en lo que respecta a las medidas estructurales que se han aprobado como parte del mismo Real Decreto-Ley, estas van dirigidas a avanzar sobre la política energética del Ejecutivo, hacia una mayor descarbonización y soberanía energética. Una política que se defiende que está permitiendo al país hacer frente a esta crisis en Oriente Medio desde una posición mucho más resiliente que en el pasado, y sobre la que se pretende ahondar con la aprobación de un “paquete masivo” de deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares, puntos de recarga y bombas de calor; de ayudas para la climatización de edificios y la instalación de energías renovables; o para reforzar el autoconsumo eléctrico, con la extensión de 2 a 5km la distancia máxima entre la generación y el consumo, o el aumento de la capacidad de almacenamiento eléctrico y un todavía mayor impulso a las energías renovables.

“Estamos en lo urgente, pero también en lo importante y, de hecho, gracias a que nunca hemos olvidado lo importante, hoy estamos mejor preparados”, defendía Pedro Sánchez en referencia a la política energética del Gobierno que se va a tratar de impulsar a través de esas medidas. Un modelo orientado a impulsar la soberanía energética y a convertir a España “en un país cada vez más resiliente a este tipo de crisis externas”, y “que se ha desvelado como muy positiva para hacer frente”, además, “a los efectos de la emergencia climática”.

Renovación automática y limitación al aumento de los precios del alquiler (de vivienda)

Como medida adicional, y abordada además desde un Real Decreto-Ley independiente, de “respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Irán”, el Gobierno ha aprobado dos medidas extraordinarias en relación con la vivienda: una “prórroga extraordinaria” de todos los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, por plazos anuales y hasta un máximo de dos años; y una “limitación extraordinaria de la actualización anual” del alquiler de los contratos de arrendamiento de vivienda, sin aquí ya mención ojo al término de “habitual”, con un máximo del +2 por ciento para propiedades de un gran tenedor, mismo tope que se fija para inmuebles de propietarios particulares si existe falta de acuerdo durante la negociación. Unas medidas que afectarán a los contratos que deban prorrogarse o actualizarse dentro del periodo hasta el próximo 31 de diciembre de 2027; para cuya validación el Gobierno ha reconocido que no cuenta a día de hoy con los apoyos necesarios de los grupos parlamentarios; y medidas ante las que, a falta de haber podido leer el texto íntegro, ya despertaban las reticencias del mundo de la empresa tras el anuncio del viernes por parte del presidente del Ejecutivo.

“A la espera de conocer el redactado final”, la “CEOE y Cepyme muestran su profunda preocupación por la inclusión, en el segundo Real Decreto-Ley, de iniciativas en materia de vivienda ajenas a dicho contexto” del impacto económico del conflicto en Oriente Medio y “fruto de una presión política incomprensible de una parte del Ejecutivo”, defendían las organizaciones empresariales a través de una nota publicada el mismo pasado viernes día 20 de marzo. Las medidas, ya desde sus líneas generales, “suponen una injerencia injustificada en el derecho a la propiedad privada y generan una preocupante inseguridad jurídica”, para lo que “advertimos de que este tipo de intervenciones, incorporadas en un paquete de carácter extraordinario vinculado a la crisis energética y económica derivada del conflicto, desincentivan la oferta, retraen la inversión y agravarán los problemas de acceso a la vivienda en lugar de solucionarlos”, apostillaban desde la CEOE y Cepyme, desde donde se comprometían a analizar “en detalle el alcance del conjunto de medidas y sus implicaciones económicas y jurídicas” tras su publicación en el BOE; acto que como apuntábamos al comienzo de estas líneas tuvo lugar este pasado sábado.