El Gobierno aprueba una nueva Ley de Industria y nuevas ayudas para empresas afectadas por la DANA

Madrid – El Consejo de Ministros celebrado este pasado martes, 10 de diciembre de 2024, ha aprobado dos importantes medidas que afectan tanto a la actividad industrial del conjunto del país, como a la industrial y empresarial de la Comunidad Valenciana, con, primero, la aprobación del proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica; y segundo, la de la actividad y funcionamiento del Mecanismo de financiación para pequeñas y medianas empresas afectadas por la DANA que golpeó al área metropolitana de Valencia durante la tarde-noche del pasado 29 de octubre.

Desgranando, una a una, cada una de estas dos importantes iniciativas, empezando por la primera, habida cuenta de su envergadura y trascedencia, el proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica aprobado por el Ejecutivo, y que ahora y tras su aprobación será remitido al Congreso de los Diputados para su aprobación y/o rechazo, contempla la aprobación de una nueva Ley de Industria que llegará para suplir la actualmente en vigor, desde su promulgación en el año 1992. Un periodo, desde entonces y hasta ahora, de nada más ni nada menos de 32 años, que ha hecho, sostienen desde el Gobierno, que muchos de los preceptos contenidos en su articulado hayan quedado desfasados, haciendo necesaria ya no solo su actualización, sino el introducir nuevos aspectos y cuestiones desde las que construir un más y mejor marco normativo capaz de responder a la realidad de hoy que reclama la industria española, desde una política que, como principal objetivo del Ejecutivo con la aprobación de esta nueva norma, tratará de garantizar y estimular una tan sólida como beneficiosa para el país reindustrialización del tejido industrial español.

“La Ley no se limita a poner al día la norma actual, sino que supone un antes y un después de la industria española, a través de nuevos instrumentos de política industrial y gobernanza industrial”, no ha dudado en defender Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo del Gobierno de España desde noviembre de 2023, a lo largo de unas declaraciones que nos hacen llegar desde el mismo Ministerio de Industria. De este modo, añade el ministro, la nueva norma, una vez aprobada, “aportará modernización, certidumbre y eficiencia” al tejido industrial nacional, permitiendo así y de su mano avanzar en el “gran objetivo” del Gobierno con su promulgación, que no es otro que el de “la reindustrialización”. “Esta ley tiene vocación al servicio del país y buscaremos el máximo consenso con los grupos políticos” para su aprobación, señala Hereu; y es que con su aprobación como proyecto de Ley por parte del Gobierno, “España está ante una gran oportunidad ante el desarrollo de una política de reindustrialización”.

Nuevos objetivos y estructuras de gobierno

Desde sus líneas generales, y yendo más allá de ese concepto de “reindustrialización”, desde Industria señalan, en ese objetivo, la Ley de Industria y Autonomía Estratégica presenta como objetivo el de impulsar una nueva estrategia industrial que permita, primero, incrementar el peso de la industria dentro de la economía española; segundo, la generación de empleo; tercero, mejorar la competitividad y resiliencia del sector industria contribuyendo a sus objetivos de transformación digital; y cuarto, hacer lo propio en materia de avances hacia una mayor descarbonización de sus modelos productivos, y con ello del conjunto de todo el sistema económico e industrial del país.

Además de estos, o mejor dicho, alineados a estos, la Ley incorpora una nueva lista de objetivos ajustados a la estrategia industrial europea, tratando a través de su articulado y de la nueva estructura para la regulación del tejido industrial español que saldrá de su aprobación de fomentar la planificación y promoción de una mayor autonomía, resiliencia y crecimiento del tejido industrial; la generación de talento y promoción de una cultura industrial; la protección de la propiedad industrial; la implementación de nuevas tecnologías e innovaciones, especialmente de tecnologías limpias; el impulso a proyectos tractores y estratégicos; la construcción y preservación de ecosistemas industriales; el crecimiento y la internacionalización de las empresas industriales; la generación de un entorno favorable para el desarrollo y la actividad industrial; la transformación digital del sector industrial; o el fomento y apoyo de la transformación de la industria a una industria de cero emisiones neta, objetivo que se establece que deberá alcanzarse para el año 2050, compatibilizando en ese avance la actividad industrial con la descarbonización y la transición hacia nuevas fuentes de energía alternativas que permitan alcanzar ese objetivo. Todo ello, apuntan desde el Gobierno, con un foco especial puesto en la proyección de las pequeñas y medianas empresas, y en el fomento del “diálogo social” como marco desde el que garantizar que los agentes sociales, patronales y sindicatos, trabajan tanto por el fortalecimiento del tejido industrial como por la generación de empleo.

En favor de esa suma de objetivos, la nueva Ley establece una serie de diferentes elementos, estrategias y foros desde los que se liderará la nueva política industrial nacional, contemplando como elemento de base la redacción de la nueva “Estrategia España de la Industria y Autonomía Estratégica” que contendrá las directrices básicas de la política industrial del país, y que se elaborará tras la aprobación de la Ley, y de un proceso de consultas con comunidades autónomas y agentes económicos y sociales. Entre ellos cabe esperar, y en lo que nos ayuda a terminar de poner en contexto la suma de alianzas que de un tiempo ha esta parte han venido dándose dentro del ecosistema de la moda, agentes como el Observatorio del Textil y de la Moda o las patronales de la Asociación Retail Textil España (Arte) o la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged).

A partir de esta “estrategia” de país, es como se pasará a elaborar un “Plan Estatal de Industria y Autonomía Estratégica” (PIAE), con una vigencia de tres años, y que será ya el instrumento del que se servirá el Gobierno para el desarrollo y el avance hacia esos objetivos generales contemplados en esa “Estrategia España de la Industria y Autonomía Estratégica”. Un fin para el que el plan incluirá desde programas de mejora de competitividad industrial, hasta de digitalización, innovación, generación de entornos colaborativos, planes de formación o de autonomía estratégica.

Completando a estas nuevas estructuras de gobierno y de dirección del tejido industrial, la nueva Ley contempla la creación de un nuevo Consejo Estatal de Política Industrial (CEPI) como órgano consultivo y que se encargará de coordinar las acciones de la Administración General del Estado para el desarrollo del PIAE, estando integrado por los representantes de los distintos departamentos ministeriales, con mínimo cargo de secretario o subsecretario de estado. Otorgando de otro lado a la “Conferencia Sectorial de Industria y PYME” la facultad de actuar como el órgano de cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en aquellos ámbitos que establezca la Ley; y al “Foro de Alto Nivel de la Industria Española”, que contará con una composición mixta con representantes del Ministerio de Industria, sindicatos y patronales del sector industrial, la facultad de actuar como órgano que asesorará al Ministerio en el diseño de las políticas industriales del Gobierno.

De los nuevos PERTE a la concesión de ayudas sin concurrencia competitiva

Más allá de esta suma de objetivos y del establecimiento de estos nuevos órganos rectores de la nueva realidad industrial española a la que tratará de darse forma desde esta nueva Ley tras su aprobación, y a falta de las modificaciones que puedan incorporarse dentro del proceso de su tramitación parlamentaria, tal y como se encuentra ahora, la norma incorpora una serie de aspectos singulares que merecen una especial atención. Entre ellos, y según han adelantado desde el mismo ministerio, la habilitación de la posibilidad de conceder ayudas públicas sin la necesidad de que se de una concurrencia competitiva, una consideración más que polémica, de entrada, por la discrecionalidad que acarrea esta posibilidad, o lo que es lo mismo, la mayor libertad que existiría para conceder ayudas en función de unos requisitos que escaparían de la promoción de una igualdad de oportunidades, mayor transparencia y menor sombra de corrupción, que son precisamente las ventajas que llevan a mantener la “concurrencia competitiva” como requisito para la concesión de la gran parte de las ayudas públicas.

Como posible motivo de este cambio, estaría la decisión del Ejecutivo de poder contar con una Ley que permita aplicar una ayuda más directa sobre el tejido industrial, especialmente en circunstancias de excepcionalidad como las vividas durante el periodo de la pandemia por coronavirus. Mismo contexto en el que se justificaría también la decisión, contemplada en la nueva Ley, de crear la “Reserva Estratégica de las Capacidades Nacionales de Producción Industrial” (RECAPI). Un instrumento, detallan desde el Ministerio de Industria, que se descubriría como una suerte de “fondo” de “productos y capacidades estratégicas, susceptibles de movilizarse con rapidez ante una situación de crisis”. “No se trata tanto de tener productos almacenados”, tratan de concretar, “como de disponer de un listado de artículos estratégicos, y de capacidades de producción nacional, ante casos excepcionales de situaciones críticas”.

Además de estas medidas, también son de destacar, primero, la capacidad que facultará la nueva Ley para seguir desarrollando y aprobando la puesta en marcha de nuevos Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), pero más allá de la vigencia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través del que el Ejecutivo está administrando y canalizando los fondos Next Generation de la Unión Europea para la reconstrucción tras la pandemia por coronavirus, y que fueron los que terminaron de fomentar la instauración de estos mecanismos de dinamización industrial y económica. Unas acciones y regulaciones en defensa y fomento del tejido industrial, que se completarán con la decisión del Ejecutivo de introducir un nuevo requisito por el cual cualquier empresa que quiera finalizar su actividad industrial en España, deberá comunicarlo con nueve meses de antelación al Gobierno, así como devolver todas aquellas ayudas públicas que hubieran recibido, para el caso de haber sido superiores a los 3 millones de euros, ya solamente para los casos en los que no solo decidan paralizar su actividad, sino reducir en un -65 por ciento su producción, o en 500 personas o más su mano de obra. Cerrando ya las directrices que se contemplan para esta nueva Ley con un capítulo de sanciones, cuyos importes continuarán como hasta ahora, con multas de hasta 60 000 euros para infracciones leves; de hasta 6 millones de euros para graves; y de hasta 100 millones de euros para muy graves.

Transformación de SEPIDE en Empresa de Entidad Pública Estatal

De manera paralela a la aprobación del proyecto de Ley de la nueva Ley de Industria, el Consejo de Ministros también ha aprobado, sin movernos del sector industrial, la transformación de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (SEPIDE) en Empresa de Entidad Pública Estatal. Un cambio con el que desde el Ejecutivo defienden que avanzan igualmente en su objetivo por la reindustrialización del tejido industrial nacional, pasando a ser la nueva entidad la responsable de gestionar a partir de ahora la convocatoria de nuevas ayudas para la transformación del tejido industrial español.

“Con la conversión de SEPIDES en EPE, el Gobierno da un paso más en su apuesta por la reindustrialización y la transformación” del tejido industrial, “racionalizando y mejorando la eficiencia en la gestión de los fondos dirigidos a la promoción y el impulso de la actividad industrial”, defienden desde el Ministerio de Industria. En ese propósito, “SEPIDES gestionará las nuevas convocatorias de los PERTE financiadas con los fondos europeos de la adenda”, como “la cuarta convocatoria del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado, del PERTE Agro o las nuevas convocatorias del PERTE de decarbonización industrial”.

Nuevas ayudas para las empresas afectadas por la DANA

Siguiendo con la tramitación de nuevas ayudas, para en este caso los afectados por la DANA, igualmente el Consejo de Ministros de este martes ha aprobado la puesta en marcha y en funcionamiento del Mecanismo de financiación para pequeñas y medianas empresas afectadas por las inundaciones. Una iniciativa dotada con 350 millones de euros que, bajo el nombre de “Mecanismo Reinicia+ Fepyme Dana”, concederá préstamos participativos, con parte no reembolsable, a través del Fondo Fepyme.

Según concretan al respecto desde Industria, las ayudas a través de esta nueva figura de préstamos participativos podrán solicitarse hasta el próximo 31 de diciembre de 2025, por parte de pequeñas y medianas empresas titulares de una actividad o de establecimientos industriales, mercantiles de servicios o turísticos en las zonas afectadas por la DANA. Empresas que tendrán así la oportunidad de solicitar préstamos de entre 25 mil a 150 mil euros, con un periodo de amortización de hasta 7 años, con 2 años de carencia, y una parte no reembolsable que podrá alcanzar hasta el 15 por ciento del importe total del préstamo, a repartir entre todas las cuotas. Siendo estas unas ayudas que se encargarán de gestionar desde ENISA, entidad pública adscrita al Ministerio de Industria, Ministerio desde el que por su parte se encargarán de constituir la Comisión encargada de velar por el correcto funcionamiento del Mecanismo y del reparto de las ayudas.