El escándalo de las subcontratas chinas alcanza a Dior: bolsos de 56 euros, a la venta por 2.600

Madrid – La filial productiva italiana de la icónica casa de modas francesa Dior ha sido intervenida judicialmente por el Tribunal de Milán. ¿El motivo? Las mismas acusaciones que ya han llevado a hacer lo propio con los brazos productores de las firmas de moda italianas Alviero Martini y Armani, empresas todas ellas intervenidas judicialmente por participar de un sistema institucionalizado, e ilícito, de explotación laboral como parte de sus respectivos modelos de negocio.

Siguiendo de este modo a las informaciones que, de manera pormenorizada, ya nos encargábamos de publicar desde FashionUnited a comienzos de este pasado mes de mayo, y desde las que pasábamos a poner el foco en las circunstancias que habían terminado poniendo bajo tutela judicial, por al menos durante un año, a la filial de Armani encargada de gestionar la producción de sus colecciones, escasamente un mes después de ese último escándalo que sacudía los cimientos del mundo de la moda, nos encontramos con su mismo reflejo, en esta ocasión afectando al brazo productivo de Dior en Italia. Una compañía identificada en su caso con el nombre de Manufactueres Dior Srl, que ya ha pasado a ponerse bajo administración judicial, con el objetivo de evaluar hasta qué punto sus responsables han sido cómplices, partícipes y conocedores de las operaciones ilícitas que han venido dándose a lo largo de toda su cadena de valor, e impedir que estas puedan seguir dándose, dada la incapacidad, consciente o inconsciente, de la sociedad para impedir que dicha realidad pueda seguir encontrando cobijo dentro de su modelo de negocio. En concreto, al que afecta a su relación con sus proveedores, un marco puesto bajo sospecha tras las investigaciones realizadas por los carabinieri, los miembros de la policía italiana, en el mes de marzo en las empresas manufactureras, proveedoras de Dior, Pelletteria Elisabetta Yang, New Leather Italy y Davide Albertario Milano.

Según se recoge desde los informes elaborados a raíz de la investigación y de los registros realizados en las instalaciones de todas y cada una de estas empresas suministradoras de la red de proveedores de Dior, tal y como se han encargado de recoger diferentes medios italianos, los carabinieri volvieron a encontrarse frente a la misma realidad que ya descubrieron durante las investigaciones abiertas contra las redes de proveedores de Alviero Martini y Armani: unos centros de producción, ubicados en Italia, pero operados por trabajadores chinos en situación en su mayoría irregular, y en unas condiciones laborales de neoesclavitud, caracterizadas por salarios ínfimos y unos entornos insalubres desde los que debían afrontar jornadas laborales diarias que excedían las ocho horas de trabajo legales. Todo, desde unas instalaciones que al tiempo, e igualmente de manera completamente irregular, servían de domicilio a los mismos trabajadores, quienes se veían así forzados a habitar en estos espacios, rodeados de productos químicos e inflamables que se almacenaban sin las necesarias medidas de seguridad.

Más allá del hecho de involucrar, en esta última entrega, a Dior y a su brazo productivo en Italia, lo que las investigaciones realizadas por los carabinieri están sacando a relucir es un modelo que se encontraría arraigado dentro de la industria del lujo, y que se vendría sustentando sobre la práctica generalizada de las subcontratas, como mecanismo desde el que tratar de blindar la imagen y las “buenas maneras” de actuar de las grandes casas del sector. Eso, mientras de manera paralela y de soslayo se buscarían impulsar los beneficios y reducir los costes de producción, recurriendo a unas subcontratas sobre las que no se termina de prestar la suficiente atención sobre la manera en la que llevan a cabo su actividad. Una dejación de funciones por parte de las marcas y firmas que contratan sus servicios, y sobre las que siguen aumentando las dudas y sospechas sobre hasta qué punto son o no conscientes de la auténtica realidad que se oculta tras cada una de las piezas de sus colecciones que se deciden a que se produzcan, no de manera directa, sino a través de acuerdos con empresas subcontratadas.

“Las marcas de moda, cuando recurren a la subcontratación”, son “cómplices de una grave explotación laboral”, defiende el fiscal encargado del caso, a través de unas declaraciones recogidas por distintos medios italianos como Fanpage. “En el curso de las investigaciones, se descubrió una práctica ilícita tan arraigada y consolidada que puede considerarse parte de una política empresarial más amplia, dirigida exclusivamente al aumento de los beneficios”, sostiene en línea con lo ya expuesto. Y es que “las prácticas investigadas no parecen ser fruto de iniciativas espontáneas y aisladas emprendidas por particulares, sino de una política empresarial ilícita”. “Esto da lugar a un proceso de deslinde organizativo, en virtud del cual, en paralelo a la estructura formal de la empresa, orientada al cumplimiento de las normas institucionales, se desarrolla otra estructura ‘informal’ enfocada a seguir las reglas de la eficiencia y de los resultados”. “De este modo, la violación constante y sistemática de las normas genera la normalización de la desviación, en un contexto donde las irregularidades y las prácticas ilícitas son aceptadas e incluso promovidas hasta cierto punto, por ser consideradas normales”. Una realidad frente a la que “el único instrumento para poner fin a esta situación”, defiende el fiscal, desde la perspectiva de unas “intervenciones proporcionales”, es el de implantar una “modera verificación empresarial” que dé garantías de responsabilidad, trazabilidad y transparencia sobre las operaciones de las empresas.

El cuestionable modelo de las subcontratas

Dejando a un lado las apreciaciones “generales” que ha terminado dejando tras de sí esta última investigación, para adentrarnos en los pormenores de la misma, el proceso que ha terminado llevando a la intervención judicial de Manufactueres Dior, empresa fundada en el año 2006 propiedad del holding internacional francés LVMH, y que cuenta con el grupo Christian Dior, con sede en París, como único cliente, se inició con el registro en marzo de las instalaciones con las que cuenta Pelletteria Elisabetta Yang Srl en la localidad de Opera, en la provincia de Milán. Un registro que concluyó con la identificación de 23 personas, 17 de nacionalidad china y cinco de nacionalidad filipina, como en ese momento trabajadores de las instalaciones, que habían sido ilegalmente reconvertidas también en espacios como vivienda, aunque con unas condiciones higiénicas que “rozan el mínimo ético”, se apunta en las notas de la investigación.

En el marco de este primer registro, los carabinieri tomaron constancia de las condiciones insalubres, de la falta y retirada de los mecanismos de protección de las herramientas y materiales de las que debían servirse los trabajadores para llevar a cabo su actividad, y de la presencia entre esos mismos trabajadores de un empleado de la compañía italiana Manifatture Lombarde, una de las empresas subcontratadas por Armani y acusada de subcontratar a su vez los servicios a empresas operadas por trabajadores chinos en régimen de explotación. Una presencia que no deja de añadir una nueva sombra de sospecha sobre todo este entramado de subcontratas, y que el trabajador trató de justificar alegando el que la suya era una visita “de cortesía”.

Junto a este registro, los carabinieri también procedieron a registrar la sede de la empresa New Leather Italy, tomando constancia de las igualmente condiciones insalubres y por debajo “del mínimo ético” de sus instalaciones. Un centro de producción en cuyo interior fue identificada la gerente única de la compañía manufacturera Davide Albertario Milano, quien se encargó de señalar a los carabinieri que su compañía se encarga de producir artículos de cuero para varias marcas, de entre las que se destaca Dior como la de mayor importancia, tanto por su propio valor de marca como en términos de facturación para la empresa manufacturera. Compañía que reconoció su misma gerente que subcontrata a su vez parte de sus procesos para abaratar costes y reducir tiempos, siendo en respuesta identificada como la responsable de facto de la compañía New Leather Italy, e incorporada en consecuencia a la investigación después de que se tomaran en consideración los “indicios claros de una actividad productiva con personal ilegal, en un ambiente de trabajo peligroso y abusivo, con horarios de trabajo muy superiores a los previstos contractualmente”.

Bolsos de 53 euros, a la venta por 2.600 euros

Junto a todas esta serie de actividades y de prácticas que no dejan de arrojar nuevas sombras de dudas y sospechas sobre lo “incólume” del negocio del lujo, la investigación sobre la red de proveedores de Dior que ha terminado dejando a su filial bajo administración judicial, ha vuelto a sacar a la luz la particular realidad de sus piezas, entre el valor objetivo y subjetivo que son capaces de alcanzar en el mercado. Y eso, recordamos, sobre unas piezas originales, y que se han confeccionado dentro, y posteriormente comercializado por, la misma casa de modas francesa a través de sus distintos canales oficiales.

Así pues, y según recoge la investigación realizada a instancias de la fiscalía de Milán, para el caso de la investigación realizada sobre la red de proveedores de Dior, se llegaron a identificar modelos que eran producidos con un coste de entre 35 y 70 euros, entre ellos el modelo de bolso Dior, identificado con el código PO312YKY, que terminaba siendo producido por la subcontrata Pelletteria Elisabetta Yang a un coste de 53 euros la pieza. Misma pieza que posteriormente, y en su llegada a tienda, la casa terminaba por comercializar a un precio de venta de 2 600 euros. O lo que es lo mismo, un +4 805 por ciento más que el coste objetivo que cuenta el diseño para su fabricación, incluyendo su materia prima y los salarios “de mínimos” que a cambio venían recibiendo sus trabajadores de esta fábrica ilegal de Milán. Unos indicadores que se sitúan en la línea del coste de 20 euros en el que fuera identificado el precio de producción de uno de los diseños de la firma Alviero Martini, o los 98 euros de un modelo de Armani que la firma posteriormente comercializaba en los 1 800 euros.