El Consejo Intertextil advierte a Europa sobre una sobrerregulación que atenta contra la competitividad

Madrid – Volviendo a poner el foco en Europa como ámbito de decisión de todas y cada una de las grandes materias que afectan a la realidad de la industria textil española, desde el Consejo Intertextil Español (CIE) han salido a lanzar una última señal de alarma contra una sobrerregulación comunitaria que atenta abiertamente contra la competitividad del sector. Competitividad que reclaman que se trabaje de manera activa por ya no solamente garantizar, sino por alimentar, en un momento en el que la misma Comisión Europea reclama más inversión industrial para “cerrar su brecha competitiva”.

A lo largo de un extenso, y se aprecia que estudiado, comunicado, desde el CIE ofrecen una última actualización sobre la situación por la que atraviesa el sector textil a nivel europeo, poniendo el foco de atención sobre la creciente oleada de normas que se han venido impulsando desde las diferentes instancias comunitarias, y que afectan de principio a fin a todas y cada una de las diferentes dimensiones de su actividad industrial. Una regulación cuyos fines no ponen ni mucho menos en duda desde la organización sectorial, desde la que salen de hecho a defenderlos y a alabarlos como metas compartidas por la propia industria textil; una sintonía que no obstante contrasta con los tiempos y en las dinámicas en las que, sostienen desde el CIE, deberían cuidarse desde Europa de tratar de obligar a su completo cumplimiento. Primero, por estar en un momento en el que no se está garantizando el principio de justa competencia en el mercado entre empresas de fuera y de dentro del espacio común europeo; y segundo, cuando no se están terminando de medir de manera integral cómo llegará a ser este impacto dentro de un sector en el que sigue reinando la presencia de pequeñas y medianas empresas.

Así pues, desde el CIE se “comparte los objetivos de sostenibilidad, trazabilidad, digitalización, seguridad de producto y economía circular impulsados por la Unión Europea”, pero la organización empresarial “sin embargo, advierte de que las empresas están asumiendo, en un periodo de tiempo muy reducido, un número creciente de obligaciones que afectan simultáneamente a prácticamente todas las áreas de su actividad”, puntualizan desde el Consejo Intertextil Español. Asociación desde la que entienden que las medidas regulatorias en “ecodiseño, trazabilidad, Pasaporte Digital de Producto, responsabilidad ampliada del productor, diligencia debida, ‘reporting’” o sobre “nuevos requisitos ambientales pueden responder a objetivos necesarios”, pero “el problema aparece cuando se acumulan con calendarios distintos, desarrollos técnicos incompletos y criterios todavía poco definidos”. Distorsiones que cuentan con todos los ingredientes para afectar a las inversiones de las empresas, y con ello, a la competitividad del sector, y de todo el conjunto por extensión del ecosistema industrial europeo.

Previsibilidad normativa y garantías de justa competencia

Ante estos claros riesgos, la propuesta que elevan desde el CIE a las instituciones europeas es clara, y pasa por, primero, el que de manera previa a cada nueva normativa que se trate de impulsar, desde la Unión Europea se analice no solo su impacto, sino cómo se relaciones con el resto de normas que afectan al sector ya aprobadas, o en tramitación y en negociaciones. Un punto de partida que debería igualmente servir para evaluar costes en materia económica, administrativa, tecnológica y humana, así como los plazos más adecuados para su adaptación y entrada en vigor. Puntos a los que desde el CIE reclaman el que también se sume el de una evaluación sobre su efecto potencial sobre la competitividad; y en especial la de las pequeñas y medianas empresas.

A este estudio previo, le debería de seguir, reclaman desde el CIE, una coordinación en los calendarios de aprobación y entrada en vigor de las nuevas normativas que afecten al sector textil. Unas obligaciones para las que del mismo modo exigen una máxima simplificación para su aplicación, y el que esta además y en todo caso se demande a las compañías europeas, desde la garantía de la Unión Europea para garantizar que todos los productos que se comercialicen en Europa lo hagan bajo los mismos “requisitos equivalentes” y “controles”.

“La aplicación de nuevas obligaciones exige tiempo, personal especializado, adaptación de procesos, recopilación y gestión de información, sistemas tecnológicos e inversiones productivas”; unos recursos que “dejan de estar disponibles para innovar, modernizar instalaciones, desarrollar nuevos productos, abrir mercados o mejorar la productividad”, apuntan desde el CIE. Una seria de este modo de exigencias, que generan además una “presión” que resulta “especialmente relevante en el sector textil, formado mayoritariamente por pymes y empresas industriales de dimensión media, que no siempre cuentan con estructuras internas capaces de absorber simultáneamente nuevos requerimientos jurídicos, técnicos, ambientales y digitales”.

Un riesgo para la competitividad

Como elemento clave de riesgo, ya no solo para el sector sino para el junto del entramado industrial comunitario, desde el CIE señalan de manera especial a esa competitividad que advierten con que se verá claramente afectada por este solapamiento en paralelo de las diferentes normativas que prometen redibujar por entero la realidad del sector textil en Europa. Una combatividad que reclaman a las instituciones europeas que trabajen de manera activa por alimentar, avanzando en línea con sus propias prioridades, mediante una estrategia asentada sobre la previsibilidad normativa; la única que vienen a defender desde el CIE que permitirá mantener la inversión industrial que reclama ahora Europa, al tiempo que se trata de avanzar en cerrar la brecha competitiva de la Unión frente al resto de grandes bloques económicos del planeta.

La “acumulación normativa llega en un momento especialmente exigente para la competitividad europea”, y teniendo en cuenta cómo “las inversiones industriales suelen planificarse con horizontes de varios años y requieren conocer con suficiente antelación las condiciones técnicas, económicas y regulatorias que deberán cumplir las empresas”, desde el CIE se “reclama mayor estabilidad y previsibilidad normativa” a las instituciones comunitarias. Demanda a la que contribuiría ese “análisis” previo de las normativas que “permitiría detectar duplicidades, evitar exigencias contradictorias, coordinar calendarios y simplificar los procedimientos de información y cumplimiento”, como base de una hoja de ruta que debería llegar acompañada de “ financiación suficiente, plazos realistas, seguridad jurídica, apoyo técnico y criterios de aplicación adaptados al punto de partida de las empresas”; sin olvidar naturalmente el principio de “garantizar que todos los productos comercializados en la Unión Europea, con independencia de su origen o canal de venta, estén sujetos a requisitos equivalentes y a controles efectivos”.

“Europa no puede reclamar más inversión industrial y, al mismo tiempo, multiplicar obligaciones que reducen la capacidad de las empresas para invertir”, censura José M.ª Mestres, presidente del CIE. Desde esa tesis, “la regulación debe ayudar a transformar la industria, no a debilitarla”, apostilla en línea con las posiciones de un Consejo Intertextil desde el que defiende que “la simplificación” normativa que reclaman “no debe entenderse como una rebaja de los objetivos europeos”, ni mucho menos, “sino como una condición para que puedan aplicarse de forma eficaz”, y “sin debilitar la base productiva”, garantizando “la capacidad de las empresas para invertir, innovar, ganar dimensión, mejorar su productividad y mantener actividad industrial en Europa”.