La prohibición europea de destruir ropa ya es una realidad, ¿un día histórico para la moda?

Desde este 19 de julio, destruir el stock no vendido de ropa y calzado deja de ser una opción para las marcas de moda. La nueva normativa pone fin a una práctica que durante años permitió realizar grandes pedidos a bajo coste con la tranquilidad de que el excedente podía eliminarse. A partir de ahora, las empresas tendrán que buscar una salida para esas prendas y asumir el coste de gestionarlas.

En resumen: la "prohibición de la destrucción de bienes no vendidos"

En Europa, se estima que anualmente se destruye entre el 4 y el 9 por ciento de la ropa no vendida antes de que llegue a usarse. Según datos de la UE, este desperdicio genera aproximadamente 5,6 millones de toneladas de emisiones de CO2, una cifra similar a las emisiones netas totales de Suecia en 2021. Solo en Francia, cada año se destruyen productos no alimentarios sin vender por valor de unos 630 millones de euros, según informa The Fashion Law. Una parte considerable procede de las devoluciones.

Para atajar el problema, Bruselas lleva años diseñando un instrumento como parte del Reglamento sobre Ecodiseño (ESPR, por sus siglas en inglés), una prohibición de la destrucción de ropa, accesorios y calzado no vendidos. Los profesionales del sector también se refieren a ella como la "prohibición de la destrucción de bienes no vendidos". Los Estados miembros decidirán la cuantía de la multa para los infractores y quién supervisará su cumplimiento.

La prohibición viene acompañada de una obligación de informar: a partir de febrero de 2027, las grandes empresas deberán hacer público, en un formato estándar, cuántos productos no vendidos desechan y qué se hace con ellos (como reciclaje o vertido). Para las empresas más pequeñas, ambas obligaciones no entrarán en vigor hasta 2030. Por ahora, los cambios solo afectarán a las empresas más grandes.

¿Qué se considera "desperdicio"?

La definición de "destrucción" en el ESPR se centra en la parte inferior de la jerarquía de residuos (la waste pyramid o pirámide de residuos). Se refiere a productos que se vierten, incineran o procesan deliberadamente para la recuperación de energía, después de haber sido clasificados conscientemente como residuos.

Si una empresa dona la ropa, la revende de segunda mano (re-use) o la transforma en algo nuevo (upcycling), estas acciones quedan fuera de la prohibición. A pesar de estas buenas intenciones circulares, esta definición también crea un vacío legal. Una crítica frecuente es que las grandes empresas con buenos asesores jurídicos encuentran la manera de exportar el problema, vendiendo masivamente las existencias no vendidas como "ropa de segunda mano" o "lotes sobrantes" a comerciantes de fuera de la UE (por ejemplo, en África Occidental o América Latina). Sobre el papel, se trata de reutilización (re-use) y, por tanto, es legal, pero en la práctica, una parte enorme de esa ropa es invendible y acaba igualmente en gigantescos vertederos textiles en el extranjero. Esto deja de ser un problema para las marcas, ya que, una vez allí, las normas de la UE ya no se aplican.

Una oportunidad para el textil deadstock

Las marcas y talleres con tejidos de calidad ven en esta obligación un reto bienvenido para crear nueva moda a partir de deadstock: tejidos o prendas enteras sobrantes. Desde hace tiempo se sabe que esta forma de reutilización da lugar a una moda interesante y tiene un impacto medioambiental positivo. Plataformas como Nona Source, lanzada en 2021 por LVMH como parte de su estrategia medioambiental, conectan a diseñadores con "tejidos de archivo" y pieles de grandes casas de lujo a "precios competitivos". Por ahora, estos tejidos solo están disponibles en Europa. Gracias al ESPR, este tipo de negocio podría recibir un impulso.

Reacciones del sector

En última instancia, el ESPR no solo busca hacer más sostenible la industria desde dentro, sino también orientar a los consumidores en un sector de la moda poco transparente. "La ley tiene un valor importante porque conciencia tanto a las empresas como a los consumidores de la necesidad de combatir el desperdicio", afirma Lizbeth Nowé, directora de la asociación sectorial belga Creamoda.

Nowé tiene sus dudas sobre el impacto de la ley en el Benelux. Las marcas locales producen cantidades relativamente pequeñas; en la práctica, esas prendas ya encuentran un segundo destino a través de las rebajas, mercadillos, outlets o compradores que adquieren los restos. Para esos países, la ley confirma principalmente la práctica existente y obliga a las empresas a llevar un registro de cifras a partir de ahora.

Nowé también señala que existen bastantes excepciones a las normas. Los productos inseguros, la ropa que infringe la propiedad intelectual, las piezas demasiado dañadas o contaminadas y los productos que no encuentran comprador después de ocho semanas de estar activamente a la venta o en donación, sí pueden ser destruidos. Mientras una marca pueda demostrar que ha seguido estos pasos, poco cambiará.

Por otro lado, prevé que, debido a las nuevas normas aduaneras que gravan más los paquetes que llegan a Europa, plataformas como Shein desplazarán aún más su modelo hacia centros de almacenamiento y distribución europeos. (Véase: Acuerdo alcanzado: la UE introduce normas aduaneras más estrictas para el comercio electrónico). En ese caso, no es descartable que el volumen de productos no vendidos dentro de la UE también aumente, y la prohibición se volverá "muy relevante" para estos actores.

Nowé explica: "Para las plataformas internacionales, ahora será menos atractivo enviar directamente desde China a los consumidores europeos. Algunos actores optarán por la distribución desde almacenes en territorio de la UE, con lo que el riesgo también se desplaza. Las empresas tendrán que prever la demanda. Los errores en esas previsiones pueden llevar a mayores existencias, más devoluciones y, posiblemente, más productos sobrantes o no vendidos dentro de la UE. Esos productos en territorio europeo deberán tener un destino alternativo, como la reventa, la reutilización o la donación".

A esto hay que añadirle un matiz. La evaluación jurídica depende de varios factores, como quién es el propietario de los bienes, si los productos se han introducido en el mercado de la UE y qué parte decide finalmente sobre la eliminación o destrucción de los bienes.

La asociación sectorial alemana Gesamtverband textil+mode adopta una postura más contundente y afirma que la nueva medida ignora la realidad y, sobre todo, carga a la industria nacional con aún más burocracia sin sentido.

Jonas Stracke, responsable de Economía Circular y Eficiencia de Recursos de la asociación, comenta: "Ningún fabricante alemán o europeo destruye productos nuevos sin más, aunque esa sea la impresión que da el nombre de la ley". Según el experto, para las pymes locales la ropa todavía tiene valor, y en la práctica los excedentes se destinan a outlets o a organizaciones benéficas. Solo se desechan cantidades mínimas que quedan inutilizables por problemas en el transporte (como la contaminación por moho) o por graves defectos de producción.

Stracke añade: "Para lograr una mayor sostenibilidad, se necesitan sobre todo estructuras de recogida, clasificación y reciclaje que funcionen bien, así como un mercado para las fibras textiles recicladas. Mientras estas condiciones no existan en la UE, la prohibición de destrucción, con toda su carga administrativa adicional, seguirá siendo papel mojado".

La mayor frustración de la federación alemana reside en que las marcas de moda europeas se enfrentan a nuevas normativas, mientras que cientos de miles de paquetes con moda ultra-fast-fashion asiática barata entran en el mercado a diario —aunque mejor regulados desde el mes pasado. Dado que estas plataformas a menudo no tienen sede en Europa, sigue siendo jurídicamente difícil abordar la sobreproducción que causan, mientras que sus textiles baratos sí que saturan los contenedores de ropa locales.

En España, debido a la presencia de gigantes de la moda como Inditex o Mango, un número relativamente alto de empresas se encuentra en el primer grupo que debe cumplir la ley. Gema Gómez, vicepresidenta de la Asociación de Moda Ética y Sostenible (AMES), considera que para estas empresas son muchas cosas a la vez, "nuevos requisitos de ecodiseño, Pasaportes Digitales de Producto, Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), diligencia debida (due diligence), normas para reducir el greenwashing y aumentar la transparencia".

A pesar de esta presión, Gómez observa que muchas pymes están esperando a ver qué pasa: "En muchos casos, las empresas esperan a que todo el marco normativo esté en vigor antes de actuar". Una estrategia peligrosa, advierte, porque la normativa ha pasado de ser una mera obligación jurídica a un caso de negocio estratégico.

Su mayor preocupación es que la ley simplemente desplace el problema. "Actualmente, alrededor del 80 por ciento de la ropa usada exportada desde Europa acaba en el Sur Global". Gómez teme que las marcas, a falta de opciones en Europa, envíen sus excedentes al extranjero y los destruyan allí de todos modos.

Sobre el ESPR, se muestra crítica pero esperanzada: "Una economía verdaderamente circular no se mide solo por la cantidad de ropa que logramos salvar, sino por cómo podemos limitar la sobreproducción desde el principio".

La prohibición de destrucción se encuentra en el artículo 25 del Reglamento sobre Ecodiseño.