El comercio propone al Gobierno limitar al +2 por ciento la actualización de los alquileres

A medida que enfilamos la recta final del año son muchos los comerciantes que están aguardando con auténtico temor el momento en el que, con la llegada de 2023, se pasen a actualizar los importes que deben abonar en materia por el alquiler de los locales comerciales desde los que ejercen su actividad. Una renta que, tal y como contempla la ley, se actualizará automáticamente en los mismos términos que haya marcado el índice de precios al consumo, un IPC que sumaba al cierre del mes de septiembre un aumento de un +9 por ciento, eso sí un punto y medio por debajo de la cifra registrada en agosto.

Frente al panorama del deber de tener que hacer frente a un aumento de los costes que, solamente en materia de alquiler, supondrá un aumento que en cualquier caso rondará el 10 por ciento, la Alianza de Comercio y Hostelería de España, agrupación que reúne a las asociaciones empresariales Acotex, ADFB, Amicca, Anceco, CEC, Comertia, Eurelia, Fece y Marcas de Restauración, ha decidido salir en defensa de comerciantes y hosteleros, solicitando al Gobierno de España y al conjunto de las Administraciones públicas la firma de un acuerdo urgente que permita “equilibrar” entre las partes implicadas el aumento desbocado en el que se mantiene el IPC como consecuencia de las presiones inflacionistas. Un “acuerdo de sector” en el que terminen viéndose implicados tanto comerciantes y arrendatarios como propietarios y arrendadores, junto al conjunto del Gobierno Central y del resto de las Administraciones públicas del estado.

Como primer paso y medida urgente, de un acuerdo más amplio, la Alianza plantea el que se adopte como medida extraordinaria un “reequilibrio” de las condiciones de los contratos. Acción que, detallan, se llevaría a cabo con el fin de “repartir-equilibrar” los efectos de la subida del IPC, limitando a un máximo de un +2 por ciento el incremento de la actualización de la renta de los contratos en vigor durante el año 2023, así como igualmente para las condiciones en la firma de los nuevos contratos y de las actualizaciones de los existentes que se lleven a cabo durante el mismo ejercicio. Un ajuste que en ningún caso contemplan que deba de recaer únicamente sobre los propietarios y arrendadores, solicitando para ellos el que desde la Administración se establezcan una serie de incentivos fiscales, vía deducciones, sobre la diferencia entre el porcentaje aplicado, del 2 por ciento, y el que se hubiera aplicado con el IPC que le correspondía.

“Si no se encuentra rápidamente una solución” para “repatir-equilibrar” los efectos del aumento del IPC, nos explican desde la Alianza del Comercio y Hostelería a través de un comunicado oficial emitido este 12 de octubre, “veremos un cierre masivo de comercios, con la consecuente pérdida de miles de puestos de trabajo, disminución de recaudaciones fiscales y caída del PIB”. A lo que además, añaden, se sumaría el “dejar a los ciudadanos sin los servicios ofrecidos por el comercio en los pueblos y ciudades de nuestro país”.

Propuesta para una ley específica de Arrendamientos Urbanos para el sector comercial

Además de esta medida de carácter urgente, y tal y como las diferentes asociaciones vinculadas a esta Alianza, especialmente las relacionadas con los sectores de la moda y del textil como Acotex, Amicca, Anceco, CEC o Comertia, ya hicieron a medida que se evidenciaban los terribles efectos que sobre el comercio estaba ejerciendo la pandemia por coronavirus, el conjunto de la agrupación ha vuelto a insitir y a instar al Gobierno en la necesidad de elaborar una Ley de Arrendamientos urbanos, específica para el sector comercial. Una norma cuya redacción, sostienen desde la Alianza del Comercio y Hostelería de España, debería servir para incorporar cláusulas “rebus sic stantibus” que garantizarían que las condiciones de los contratos comerciales se mantienen inalteradas, salvo en circunstancias excepcionales como las de esta pandemia, o para establecer un mecanismo de actualización de rentas distinto al del IPC.

Tanto la excepcional propuesta para limitar la actualización de las rentas durante el próximo año, como en lo que respecta a esta propuesta de Ley, no guardan como objetivo sino el tratar de “salvar el cierre de decenas de miles de establecimientos, impedir la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo y atajar el posible deterioro de la economía española”, defiende desde la Alianza empresarial. Siendo estas unas iniciativas a las que la agrupación invita a que se sumen y secunden el “resto de organizaciones afectadas por la situación actual”. Un entorno que está poniendo en serias dificultades a las empresas del comercio y de la hostelería, dos sectores que “siguen siendo los de mayor aporte al PIB y al empleo de la economía española”, subrayan, y que “demuestran a diario la validez de su estructura sectorial, geográfica y de servicio para mantener un nivel de servicio a los ciudadanos, independientemente de su condición social o geográfica”.