Amenaza de huelga general para el Black Friday

Tratando de recoger el descontento general que se hacía evidente desde las distintas, y multitudinarias, manifestaciones celebradas este pasado fin de semana desde las diferentes capitales de provincia de todo el país, y que a día de hoy siguen teniendo lugar cada noche en las inmediaciones de la sede nacional del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), desde la organización sindical Solidaridad han terminado por convocar una huelga general para el próximo viernes 24 de noviembre de 2023. Una jornada que coincidirá con el principal día por las celebraciones del Black Friday, histórica jornada de compras con descuentos que, eso sí para el caso de España, llegará como el punto final de una campaña que ya es habitual que termine de prolongarse por cerca de una semana, pero eso sí con la jornada del viernes como punto álgido de estas “festividades consumistas”, que podrían terminarse por ver gravemente afectadas, dependiendo del seguimiento que la población termine por darle a la convocatoria de la huelga.

Eran ya durante los principales actos promovidos durante las manifestaciones del pasado domingo cuando empezaban a sonar con fuerza las primeras voces que, de viva voz, reclamaban dar respuesta a los pactos de investidura alcanzados entre el PSOE, el partido del Gobierno en funciones, con Junts per Catalunya, con la convocatoria de una huelga general. Un reclamo cuyo guante no tardaron en recoger desde el sindicato Solidaridad, promovido por Vox, actualmente el tercer partido político con mayor representación parlamentaria de todo el país, convocando una huelga general para el próximo viernes 24 de noviembre. Un llamamiento a la huelga cuya legitimidad ya se ha puesto en entredicho dada la poca representatividad con la que cuenta la organización sindical entre el conjunto de los trabajadores, y sectores, pero frente al que no han terminado de posicionarse en contra explícitamente ni el Partido Popular, principal partido con representación parlamentaria con 137 diputados, ni las principales organizaciones sindicales ni empresariales de todo el país. Pudiendo además encontrar entre estas últimas a un Círculo de Empresarios del Sur de España (CESUR), desde el que, en representación de los principales empresarios y directivos de las comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, públicamente han propuesto a la CEOE, como principal asociación empresarial del país, que tome las “decisiones necesarias” para defender los principios constitucionales que, a su entender, se vulneran desde los acuerdos pactados para el proceso de investidura, incluida la de sumarse o promover la organización de una huelga general.

Sin que por tanto por ahora puedan terminar de dilucidarse los apoyos con los que terminará teniendo la huelga convocada por Solidaridad para este próximo viernes 24 de noviembre, se espera que estos puedan terminar de concretarse a lo largo de las próximas horas, siguiendo así por los cauces legales establecidos para el procedimiento de huelga. Un derecho reconocido en el Artículo 28 de la Constitución española, que debería de haberse terminado de regular desde una Ley posterior que nunca ha terminado de ser tramitada por ninguno de los distintos gobiernos, pero para el que sí se han terminado estableciendo una serie de requisitos y procedimientos para su correcto desempeño, como el del deber de comunicarse a los empresarios afectados y a la autoridad laboral, por escrito, en un plazo de cinco días naturales de antelación a la fecha del inicio de la huelga, de diez días para el caso de afectar a empresas de servicios públicos. Estando igualmente también regulado, y esta es la cuestión a cuyo argumentario se acogen aquellos que ya cuestionan la legalidad y legitimidad de la convocatoria, el que serán consideradas como ilegales, tal y como queda recogido en el Artículo 11 del Real Decreto-ley 17/1977 del 4 de marzo de 1977, aquellas huelgas que, entre otras, se organicen por motivos de solidaridad, tengan por objeto modificar lo pactado en un convenio colectivo durante su vigencia, o aquellas que se convoquen por motivos políticos. Una cuestión peliaguda, pero sobre la que ya desde el mismo CESUR en su mensaje alzado a la CEOE, así como desde la misma organización empresarial, y siguiendo por el argumentario que sostienen desde las distintas, y numerosas, organizaciones y asociaciones empresariales, sindicales y civiles que públicamente se han mostrado en contra de los acuerdos de investidura, resuelven apuntando a la voladura de los principios constituyentes contra los que atentarían los acuerdos, menoscabando la separación de poderes y la seguridad jurídica, afectando al principio de igualdad entre los españoles, y favoreciendo un ambiente empresarial extremadamente complejo, en el que se distorsiona la unidad de mercado, se aspira a afectar y a involucrarse en el ejercicio de la libre empresa, y, en respuesta de todo lo apuntado, se ponen en peligro tanto inversiones como toda iniciativa con el potencial de repercutir de manera positiva en el desarrollo económico del país. Efectos todos ellos que se derivarían de los acuerdos de investidura, y que trascendiendo de la esfera de la política, justificarían la convocatoria a la huelga.

Una huelga general “ante la nueva traición del Gobierno de España”

Pasando a partir de aquí a resumir las posiciones que, actualmente, sostienen de una y otra parte, más allá del partido de Gobierno y del Ejecutivo en funciones que, como es natural, rechazan el llamamiento a esta huelga general, desde sus principales instigadores, el sindicato Solidaridad, han lanzado una recogida de firmas con la que confían en terminar de despejar cualquier duda sobre la representatividad de la organización, y para la que actualmente mantienen reunidas, en su página online oficial, un total de 54 160 firmas. Siendo esta una muestra de apoyo a su iniciativa, que han hecho acompañar de una declaración formal sobre los motivos que les han llevado a lanzar este llamamiento a la huelga general, para el próximo viernes 24 de noviembre.

“Ante la nueva traición del Gobierno de España, con la connivencia de la mayor parte de los medios de comunicación, los sindicatos corruptos, la patronal, y el resto de los actores, Solidaridad, como herramienta al servicio de España y de sus trabajadores, solicita todos los apoyos posibles para poder convocar una huelga general”. En ese ánimo, prosiguen, “no rendiremos las banderas de la justicia social y la unidad nacional y, por ello, queremos hacer un llamamiento a todos los españoles, al resto de sindicatos y a toda la sociedad civil, para que, junto a nuestros más de 250 delegados sindicales y más de 500 secciones, se sumen a esta convocatoria”.

Sin la puerta cerrada a protestas impulsadas desde UGT y CCOO

Tras este llamamiento a la huelga, a lo largo de toda la jornada de este pasado lunes, 13 de noviembre de 2023, no cesaron de sucederse las declaraciones que, de uno y otro lado, venían para mostrar las posturas que públicamente se han decidido a adoptar cada uno de los principales actores con voz en este complejo contexto que se nos dibuja para la próxima jornada del Black Friday. Decidiéndonos entre todas ellas a destacar, en primer lugar, a la ofrecida por el sindicato de la UGT. Organización que, junto a CCOO emitían ya a fecha del pasado 9 de noviembre un comunicado oficial desde el que valoraban “positivamente” los acuerdos de investidura, defendiendo la denominada “Ley de amnistía” como necesaria para la “normalización de la vida política y social”, al tiempo que igualmente descartaban apoyar “cualquier escenario de unilateralidad en la formulación de cualquier marco de autogobierno”, y rechazaban “cualquier intento de inestabilización institucional”.

Siguiendo en esa misma tónica, pero en lo que atañe de manera concreta a la convocatoria a la huelga, Pepe Álvarez, secretario general de la UGT, limitaba el papel y la representatividad de Solidaridad para la hora de plantear este llamamiento a la huelga general, apuntando a que “no lo encontramos en ningún sitio” y a que “no negocia ningún convenio en toda España”. Aún así, apuntaba en declaraciones recogidas por la agencia Efe, “he entrado en su web para comprobar las razones de la huelga”, y desde ella “hablan de que tienen unos 150 delegados, sobre un total de 250 000 electos en España”, una cifra que nuevamente avalaría, sostiene Álvarez, la postura de la escasa legitimidad con la que se le está dotando al sindicato Solidaridad como para liderar una iniciativa como una convocatoria a la huelga general.

A pesar de todo ello, el líder sindicalista reconocía que “llevamos unos días en los que reiteradamente se apela a la convocatoria de huelga general, no solo por este colectivo, sino por otros partidos de manera directa o indirecta”. Una postura frente a la que el sindicato que lidera sigue mostrándose, en línea con lo ya expuesto, a favor de la investidura de Pedro Sánchez, siempre que se cuente con una mayoría suficiente en el Congreso, pero advirtiendo de que seguirán observando de cerca el modo en el que se vayan llevando a la práctica los acuerdos pactos para su investidura, y a que “en función del grado de acuerdo o desacuerdo que tenga la organización, tomará las medidas que crea oportunas y convenientes”, sin por tanto haber terminado de cerrar la puerta a la posibilidad de incluso llegar a plantear algún tipo de huelga sobre algunas de las cuestiones planteadas entre los acuerdos para la investidura.

El PP, entre una posible negociación y a la espera de lo que acuerden los agentes sociales

Mientras tanto, y de parte del Partido Popular, era Miguel Tellado, vicesecretario de organización territorial del partido, quien en rueda de prensa se encargaba de salir a valorar cómo había transcurrido la reunión del Comité de Dirección del PP, una jornada después de las concentraciones celebradas en las principales capitales de provincia de todo el país. Una valoración desde la que salía a señalar el que la cuestión de la huelga general no había sido abordada desde el órgano de dirección del partido, y desde la que venía a sostener el que este descartaba tomar una postura formal, manteniéndose a expensas de la decisión que terminaran por acordar las principales organizaciones sindicales del país. Organizaciones junto a las cuales, se han encargado de adelantar desde el medio generalista de El Confidencial Digital, aludiendo a fuentes cercanas al primer partido con representación parlamentaria, desde el Partido Popular ya estarían en conversaciones tanto con dirigentes de la UGT como de CCOO, para abordar la posibilidad de convocar, no tanto una huelga general como una huelga parcial contra el Gobierno y la letra pequeña de los pactos de investidura. Una acción para la que, siguiendo con el ánimo del “diálogo social”, también se encontrarían en conversaciones con la patronal, con el fin de acordar el que esos supuestos próximos paros parciales no terminen llegando acompañados de las rebajas salariales que contempla la ley, siendo esta la modalidad de protesta que habrían escogido defender desde el Partido Popular frente a la opción de la huelga general, por entender que sería la que menores costes entrañaría para empresas y trabajadores. Más aún teniendo en cuenta la época del año en la que nos encontramos, y frente a lo que no han sido pocas las voces que cuestionan el que la huelga general planteada por Solidaridad se haya hecho coincidir con una jornada como la del Black Friday.

No obstante, y frente a todo este cruce de informaciones de uno y otro lado, la postura oficial del Partido Popular sigue siendo la ofrecida por Tellado, y desde la que apuntaba, tal y como se encargaban de recoger desde la agencia Europa Press, a que “en cualquier caso, en este país las huelgas generales las convocan las organizaciones sindicales, no los partidos; y por lo tanto, habrá que escuchar qué es lo que dicen los distintos sindicatos que existen en nuestro país”. Y es que “por respeto a los agentes sociales del país”, profundizaba durante su intervención ante los medios, “hay que escuchar qué dicen la patronal y los sindicatos”, y desde ahí, “se podrá formar una opinión” sobre cuál será el posicionamiento del partido frente a la propuesta de huelga general.

Con la CEOE reunida de urgencia ante el “menoscabo” a la separación de poderes

Mientras esta llega, desde la CEOE se decidían igualmente en la jornada de este lunes a reunir, con carácter de urgencia, al Comité Ejecutivo de la organización empresarial, con el fin de abordar “la preocupante situación que vive en estos momentos España, tras los acuerdos alcanzados en el marco de la investidura” de Pedro Sánchez. Una reunión que resolvían mediante la publicación de una declaración oficial, desde la que alertaban del “grave menoscabo que estos acuerdos pueden suponer a la separación de poderes y a la seguridad jurídica”. Pilares fundamentales de la democracia, pero igualmente, y en consecuencia, del único entorno seguro que puede darse para un normal y libre ejercicio de la libre empresa y de la actividad económica, empresarial y laboral. Acciones que también entienden que se ponen en entredicho desde los acuerdos para la investidura, y que adelantan que no dudarán en defender frente a las instancias europeas, al tiempo que vuelven a demandar, junto a la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) y la Asociación de Trabajadores Autónomos (Ata), el que se vuelva a la búsqueda de grandes acuerdos entre los principales actores de la vida política del país.

A modo de resumen de los temas abordados durante el encuentro de los empresarios, “en primer lugar, el Comité ha alertado, como han hecho los jueces y otras instituciones, del grave menoscabo que estos acuerdos pueden suponer a la separación de poderes y a la seguridad jurídica”, así como “de la fragmentación y el debilitamiento institucional al que estamos asistiendo”. “En segundo lugar, entendemos que los acuerdos afectan de forma directa al principio de igualdad entre todos los españoles”; estando, “en tercer lugar”, y formando además parte de “nuestra responsabilidad”, el deber de “advertir de que se está creando un clima de negocios cada vez más complicado, en el que es muy difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo”. Y es que “a la vista de los acuerdos”, se está generando “una previsible distorsión de la unidad de mercado y un deterioro de nuestra imagen en el exterior, claves para nuestra competitividad, la atracción de inversiones, el desarrollo empresarial y, en último término, para el bienestar de la sociedad española”. Siendo este un punto para el que además se ha defendido, frente a lo pactado, “el derecho de las empresas para decidir en qué lugar desarrollar su actividad y, en todo caso, insistimos en que la mejor forma de atraer inversiones y la presencia de empresas en un territorio es garantizar un clima favorable para su actividad, empezando por preservar una situación de estabilidad institucional y seguridad jurídica”.

Para ir concluyendo, durante el mismo cónclave, “en cuarto lugar, se ha puesto de manifiesto que, mientras se centra el debate público en cuestionar principios asentados en nuestro ordenamiento o se plantean políticas económicas que cargan el coste fiscal de los acuerdos de investidura sobre la espalda de las empresas, se está dejando de lado algo tan básico como la necesidad de volver a la ortodoxia económica y el rigor presupuestario, que nos sigue reclamando la UE”. Aspecto desde el que, como quinto punto, se entró a destacar la “preocupación” para “las empresas españolas” que genera “la falta de respeto a la autonomía de las partes en el seno de la negociación colectiva y, en general, el menosprecio del diálogo social que subyace en los acuerdos alcanzados en materia laboral”. Unos “acuerdos estos últimos que suponen, de facto, una vulneración del marco de relaciones laborales y de espacios de consenso”. “Las empresas españolas, desde nuestro papel constitucional y nuestra responsabilidad como interlocutor social, vamos a seguir trabajando desde la independencia, la lealtad institucional y el sentido de Estado”, sostienen, al tiempo que “por último”, y “de nuevo, CEOE, CEPYME y ATA, en representación de todas las empresas españolas —autónomos, pymes y grandes empresas—, demandamos una vuelta a los grandes consensos políticos y sociales y a la moderación, encarnada en nuestra Constitución”.

Apoyo explícito de CESUR a una huelga general

Como último de los agentes que se han pronunciado a lo largo de estas últimas horas que entramos a considerar, nos encontramos ya con el Círculo de Empresarios del Sur de España (CESUR). Asociación empresarial, de carácter civil, desde la que al mismo tiempo que se reunía de manera extraordinaria el Comité Ejecutivo de la CEOE, emitían una declaración formal, “desde la más absoluta neutralidad institucional y con pleno respeto a la pluralidad política”, desde la que mostraban su firme y férreo rechazo a los acuerdos de investidura, convidando a la CEOE a valorar incluso la necesidad de apoyar la organización de una huelga general como la convocada por el sindicato Solidaridad.

De este modo, desde CESUR se han decidido por mostrar “su rechazo a los acuerdos pactados en el proceso de investidura del presidente en funciones del Gobierno de España”, dado que “suponen la ruptura con la Constitución Española”. De finalmente aprobarse, el nuevo marco que se dibujaría “no garantizaría la seguridad jurídica que se defiende en el Artículo 9 de nuestra Constitución”, haciendo “inviable todo planteamiento de inversión y desarrollo económico acorde con el ejercicio de la libertad de empresa en un espacio de libertad y seguridad jurídica”. “De hecho”, advierten desde el Círculo de Empresarios, “en estos últimos días, se han paralizado ya varios proyectos millonarios de inversión en el Sur de España que deberían de generar miles de nuevos empleos”.

Dada la grave fragmentación del marco constituyente que acompañaría, a su parecer, a la aprobación de los acuerdos de investidura, se ha acordado “pedir el amparo y apoyo de todas las instituciones del Estado y de la Unión Europea, asociaciones profesionales, sindicales, empresariales y de todo orden, para defender el orden Constitucional”, así como el sumarse a las “numerosas asociaciones profesionales que representan a la mayoría de jueces, magistrados, fiscales, abogados, inspectores de Hacienda y de Trabajo, colegios profesionales y un largo etcétera, que rechazan de plano la amnistía contemplada en el pacto de gobierno del presidente del gobierno en funciones con los partidos independentistas, así como la quiebra del principio de igualdad de todos los españoles, la pretensión de organizar un referéndum en Cataluña y la intención de inmiscuirse en la labor del poder judicial, apuntando a intentar que un gobierno o partido o conjunto de partidos -hoy unos, mañana otros- quieran controlar los tres poderes del Estado, eliminando la base sustancial de toda democracia”.

Como últimos puntos de su declaración, desde CESUR se ha acordado el “proponer a la principal asociación empresarial, la CEOE, tomar las decisiones necesarias para defender los principios constitucionales mencionados”. Apuntando el que todas “cuantas acciones se tomen en favor de este fin, dentro de la legalidad, incluida una huelga general si fuera necesario, serán apoyadas” por el Círculo de Empresarios. Asociación desde la que igualmente tratan de “apelar al buen juicio de los diputados y votantes del Partido Socialista Obrero Español, para renunciar en la deriva rupturista del Estado de Derecho por parte del Gobierno en funciones”.