La falsificación no es solo un problema de propiedad intelectual: se trata de una cuestión de derechos humanos

La falsificación es un problema que siempre ha afectado a la industria de la moda, con graves repercusiones en el negocio y consecuencias en la explotación laboral.

Un nuevo estudio conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) demuestra que el comercio ilícito de productos falsificados está estrechamente asociado a la explotación laboral, incluyendo el trabajo forzoso, el trabajo infantil y condiciones de trabajo inseguras.

El estudio, titulado “De las imitaciones al trabajo forzoso: pruebas de la correlación entre el comercio ilícito de falsificaciones y la explotación laboral”, muestra que los países identificados con mayor frecuencia como fuentes de productos falsificados tienden a tener condiciones del mercado laboral más débiles, como protecciones insuficientes, horarios de trabajo más largos y una mayor incidencia de accidentes laborales mortales.

Los resultados revelan que la debilidad de la gobernanza, la aplicación limitada de las normas y la vulnerabilidad social crean entornos en los que prosperan tanto la falsificación como el abuso de mano de obra, según una nota de la EUIPO.

Utilizando datos globales sobre incautaciones aduaneras y estadísticas laborales, el informe muestra que la explotación reduce los costes de producción y los riesgos para los operadores criminales, haciendo que las actividades ilícitas sean más rentables. En este contexto, el trabajo forzoso y la informalidad emergen como factores estructurales de la producción y distribución de falsificaciones, en lugar de como subproductos aislados.

En detalle, el estudio empleó múltiples enfoques analíticos para establecer el nexo entre la falsificación y la explotación laboral. La investigación comenzó con una revisión de la literatura pertinente que documenta los vínculos entre el crimen organizado y los abusos laborales. El análisis cuantitativo combina indicadores del comercio de productos falsificados, basados en datos de incautaciones aduaneras de la Organización Mundial de Aduanas, la Comisión Europea y las autoridades estadounidenses, con datos del mercado laboral procedentes de las bases de datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Mundial.

Los países identificados como fuentes de productos falsificados muestran niveles más altos de trabajo forzoso y trabajo infantil

El análisis examinó inicialmente las correlaciones entre varios indicadores de explotación laboral (trabajo forzoso, trabajo infantil, accidentes laborales, empleo informal) y medidas de falsificación (frecuencia de las incautaciones, valor estimado de los productos falsificados, puntuaciones de propensión a la exportación de falsificaciones). Posteriormente, modelos de regresión econométrica probaron si tales relaciones seguían siendo estadísticamente significativas después de controlar variables como el PIB per cápita, los volúmenes de exportación, el salario mínimo, el estado de derecho, la cobertura de la protección social y los niveles de pobreza.

Los países identificados como fuentes de productos falsificados muestran niveles más altos de trabajo forzoso, trabajo infantil (incluidas formas peligrosas), empleo informal y accidentes laborales mortales. Los países con protecciones laborales más débiles, incluida una menor afiliación sindical y una cobertura limitada de la negociación colectiva, muestran una mayor exposición a las redes de comercio ilícito.

Las pruebas proporcionadas por las autoridades confirman que la falsificación a menudo se sustenta en prácticas laborales abusivas para reducir costes y maximizar los beneficios ilícitos. Los grupos criminales explotan a los trabajadores vulnerables en múltiples etapas de las cadenas de suministro ilícitas, como fábricas clandestinas que operan sin contratos, almacenes donde los trabajadores migrantes son encerrados durante la noche y pequeños talleres donde los niños ensamblan productos falsificados.

El estudio insta a respuestas políticas más integradas: combinar una gobernanza laboral más fuerte con un refuerzo de los controles comerciales y aduaneros, una mejor recopilación de datos y una cooperación más estrecha entre las autoridades laborales, las aduanas y las fuerzas del orden. Según el informe, abordar la explotación laboral es esencial no solo para proteger los derechos de los trabajadores, sino también para desarticular las redes criminales que se esconden detrás del comercio global de productos falsificados.

Algunas indicaciones para cambiar la situación

La falsificación ha sido a menudo descrita como un problema de propiedad intelectual y de aplicación de las normas comerciales. Sin embargo, los resultados de este informe revelan que también es un problema del mercado laboral. Las economías donde el trabajo forzoso es más prevalente son consistentemente aquellas donde la intensidad del comercio de falsificaciones es mayor. Esta relación se mantiene incluso después de controlar el nivel de ingresos, la apertura comercial y la calidad institucional. En otras palabras, los datos indican que la explotación de los trabajadores y la producción de bienes falsos tienden a ocurrir en los mismos contextos favorables: entornos caracterizados por escasas protecciones laborales y una limitada aplicación del estado de derecho.

El vínculo identificado no es casual. La producción de falsificaciones prospera donde el trabajo humano es de bajo coste, no está protegido y es fácilmente reemplazable. En tales contextos, la coerción o formas extremas de vulnerabilidad sustituyen a la productividad o la innovación como fuentes de competitividad. Los modelos econométricos demuestran que el trabajo forzoso es uno de los predictores más sólidos de la intensidad de las exportaciones de falsificaciones. Los mismos patrones emergen con la alta informalidad, que juntos forman un ecosistema estructural en el que la manufactura ilegal puede florecer. Aunque el empleo informal no se incluye en el modelo final aquí presentado, la prueba de diferentes especificaciones alternativas indica una relación significativa entre el número de productos falsificados incautados por país de origen y los niveles de informalidad. En particular, los resultados sugieren que el empleo informal juega un papel significativo en facilitar una actividad económica ilícita más extensa, asociada a múltiples dimensiones de bajos estándares laborales.

Más allá de las cifras, estos resultados se hacen eco de las pruebas recopiladas por las agencias de control: la existencia de fábricas clandestinas que operan sin contratos, almacenes donde los trabajadores migrantes son encerrados durante la noche, o pequeños talleres donde los niños ensamblan productos falsificados. El análisis cuantitativo confirma que no se trata de historias aisladas, sino de síntomas de vínculos económicos más amplios entre el comercio criminal y el abuso laboral.

Los esfuerzos para combatir el comercio ilícito deben abordar las dinámicas que hacen rentable la falsificación

Reconocer esta conexión cambia la forma en que los responsables políticos podrían enmarcar el riesgo. Los esfuerzos para combatir el comercio ilícito también deben abordar las dinámicas laborales y sociales subyacentes que hacen rentable la falsificación, además de reforzar los controles fronterizos y otras medidas de protección de la propiedad intelectual. Del mismo modo, las iniciativas para erradicar el trabajo forzoso deben tener en cuenta las dimensiones del comercio y de la cadena de suministro que perpetúan la demanda de una producción económica y no regulada.

Esta convergenica tiene tres implicaciones importantes. En primer lugar, los derechos laborales y la integridad comercial se refuerzan mutuamente: el fortalecimiento de uno favorece al otro. Proteger a los trabajadores de la esclavitud moderna ayuda a eliminar una de las principales ventajas de coste que sustentan la producción ilícita. Por el contrario, desmantelar las redes comerciales criminales contribuye a crear condiciones de igualdad para los empleadores y los trabajadores que operan respetando las leyes y los estándares laborales.

Los datos y la aplicación de las normas deben evolucionar juntos

Los datos y la aplicación de las normas deben evolucionar juntos: las autoridades aduaneras y las laborales a menudo operan en paralelo, pero su información es complementaria. Integrar los indicadores de riesgo laboral, como la prevalencia del trabajo forzoso o de la informalidad, en los sistemas de perfil de riesgo aduanero podría ayudar a identificar envíos o centros de producción con mayor riesgo de ilegalidad. Del mismo modo, las estrategias de inspección laboral podrían beneficiarse de la inteligencia comercial sobre operadores o cadenas de suministro sospechosos.

La importancia estratégica de la protección social: la evidencia econométrica muestra que donde el estado de derecho (incluida la legislación laboral) se erosiona, surge el comercio de falsificaciones. Esto sugiere que las políticas sociales no son meramente redistributivas; son herramientas preventivas contra el comercio ilícito y la explotación que lo sustenta.

Sobre la base de estas intuiciones, emergen varias direcciones políticas generales, como reforzar la gobernanza y las inspecciones laborales: sistemas de inspección eficaces, equipados para detectar tanto el trabajo forzoso como los vínculos con la producción ilícita, representan la primera línea de defensa.

Las autoridades aduaneras podrían incluir parámetros relativos a los derechos laborales entre los criterios utilizados para interceptar los envíos de alto riesgo, en particular en el sector textil y del calzado

Integrar el riesgo para los derechos de los trabajadores en la aplicación de las normas comerciales: las autoridades aduaneras podrían incluir parámetros relativos a los derechos laborales entre los criterios utilizados para interceptar los envíos de alto riesgo, en particular en los sectores conocidos por la producción de falsificaciones como el textil, el calzado y la electrónica.

Promover la conducta empresarial responsable: las directrices de la OCDE sobre la diligencia debida proporcionan marcos de referencia para mapear, evaluar y mitigar los riesgos de trabajo forzoso en las cadenas de suministro.

Ampliar la certificación de las zonas comerciales “limpias”: el esquema de certificación de las zonas de libre comercio de la OCDE demuestra cómo un marco de integridad comercial puede reforzar simultáneamente los controles contra el comercio ilícito y promover el respeto de los estándares laborales.

Invertir en datos y transparencia: la colaboración en datos será fundamental para monitorear el progreso y afinar la evaluación de riesgos

Entre las vías sugeridas se incluye también la promoción de una formación específica para los investigadores, es decir, desarrollar cursos específicos para identificar y señalar los signos de explotación laboral durante las operaciones antifalsificación.

Este informe demuestra que el vínculo entre la falsificación y la explotación laboral es real, medible y relevante para las políticas públicas, y que requiere un enfoque más integrado, que aborde la integridad comercial, el trabajo digno y la competencia leal como partes de una única agenda política. Poner fin al trabajo forzoso no es solo un imperativo moral, es también una necesidad económica para proteger el comercio legítimo y garantizar que los mercados globales premien la conformidad en lugar de la criminalidad.