Los operadores catalanes censuran a URW y le exigen una rebaja del alquiler en sus centros

Madrid – Los operadores comerciales y de la restauración presentes en los centros comerciales de Cataluña propiedad de la multinacional Unibail-Rodamco-Westfield (URW), compañía especializada en el desarrollo y la gestión de espacios comerciales y dueña, en la región, de centros comerciales como el de Glòries, La Maquinista y Splau, exigen que la compañía se atienda a respetar la ley catalana y pase a aplicarles una rebaja del alquiler de los locales que ocupan en cada uno de sus centros. Medida que reclaman con el respaldo de importantes asociaciones empresariales como lo son Comertia y Barcelona Oberta, desde donde no dudan en censurar la postura adoptada tanto por URW como por el resto de los grandes tenedores.

Estas demandas que de manera pública han pasado a exigir los operadores chocan directamente con la actitud mostrada por URW, desde donde han hecho llegar a sus arrendatarios las facturas íntegras de alquiler y de los gastos del mes de enero, a pesar de las limitaciones a la actividad de sus centros decretadas por la Generalitat, todavía en vigor, y contraviniendo el decreto catalán 34/2020 del 20 de octubre al que habrían decidido acogerse gran parte de los operadores de sus centros. Una norma que les abre la puerta a una reducción del 50 por ciento, tanto del pago del alquiler como de los gastos, de aquellas superficies que no puedan ser aprovechadas por causa de las restricciones impuestas por la administración al amparo del Estado de Alarma.

“Las entidades Comertia y Barcelona Oberta denuncian estas posturas inflexibles y poco realistas de grandes tenedores”, como URW, a los que “instan a respetar la normativa catalana de rebaja del alquiler, para poder hacer frente a la situación” de emergencia que vivimos, destacan desde las asociaciones a través de un comunicado. En el caso concreto que atañe a la relación de URW con sus arrendadores, desde ambas organizaciones inciden en que “los operadores están muy decepcionados con este arrendador”, porque “a pesar de la colaboración con él durante los últimos dos meses, con reivindicaciones constantes y manifestaciones para pedir la reapertura de los centros comerciales, URW sigue actuando sin tener en cuenta el contexto de crisis sanitaria, evitando el diálogo y acogiéndose unilateralmente y de forma malintencionada a la reciente norma española”. Y todo ello “a pesar de que los arrendatarios han escogido la aplicación de las medidas incluidas en el decreto catalán, que al fin y al cabo se trata de una medida subsidiaria”, pero a las que “URW siempre se ha negado”. Lo que no ha impedido que, en procesos similares, haya “jueces que han adoptado medidas cautelares basadas en la normativa catalana”.

Como principal causa de este enfrentamiento entre los arrendatarios y el arrendador está el que este gran tenedor, dueño de “centros comerciales como Glorias, La Maquinista o Splau, entre otros, ha hecho llegar a los operadores de los centros comerciales las facturas del mes de enero con los importes íntegros de alquiler y gastos, como si los locales hubieran estado a pleno rendimiento todo este tiempo, rehusando la aplicación de las medidas incluidas al decreto catalán”. Unas directrices “a las que solicitaron acogerse los arrendatarios y que les supone eximirse del pago del 50 por ciento del alquiler y gastos de la superficie que no se pueda aprovechar por razón de las medidas de suspensión o restricción asociadas al Estado de Alarma”.

Las opciones de los operadores: entre demandar y abandonar los centros

La postura adoptada por URW habría indignado así a un buen número de sus inquilinos, que en cambio, aseguran, sí han logrado alcanzar buenos acuerdos en el ajuste del alquiler con pequeños propietarios con el fin de no aliviar parte de la carga a la que deben continuar haciendo frente a pesar de ver paralizada, ya sea parcial o completamente, su actividad. Un hecho que está empujando a un buen número de operadores a tener que escoger entre demandar a URW ante el temor a un posible desahucio, o el abandonar los espacios que ocupan en sus centros, con las consecuentes pérdidas por desinversión que conlleva la medida.

“La gran mayoría de comerciantes y restauradores de los centros comerciales están totalmente indignados” con Unibail-Rodamco-Westfield, reiteran desde ambas asociaciones empresariales a través de un comunicado, “porque no han podido llegar a ningún acuerdo, mientras que con pequeños propietarios han establecido pactos para reequilibrar los alquileres comerciales”. “Desde el 14 de marzo, fecha en que se decretó el Estado de Alarma, este arrendador ha ido posponiendo y evitando la renegociación de los alquileres de los locales comerciales afectados, y ahora, desde el mes de enero, se niega a aplicar las medidas aprobadas” en Cataluña “a las que los arrendatarios comerciantes y restauradores habían solicitado expresamente acogerse”.

Como respuesta a esta actitud, “buena parte de los operadores han denunciado a URW por miedo al desahucio”, mientras que otros, acogiéndose a la normativa catalana, han optado por solicitar la aplicación de la “cláusula donde se especifica que aquellos operadores que se hayan acogido al decreto catalán y hayan estado 3 meses cerrados pueden marchar del centro comercial sin tener que pagar la cláusula de obligado cumplimiento”. Una opción esta última a la que “algunas marcas de restauración ya han decidido acogerse” para abandonar los centros, y que “está previsto que en las próximas semanas también lo hagan otros operadores”.

Photo Credits: Centro comercial Glòries, página oficial de Facebook.