La industria española del calzado pierde más de 1.100 empresas desde 2020: AEC reclama un plan de acción urgente

Cinco semanas después de que Fice y la AEC se reunieran con el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, para presentarle un plan sectorial de competitividad, la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado y la Marroquinería (AEC) eleva el tono lanzando una alerta sobre la situación crítica que atraviesa el sector, con una caída sostenida del tejido empresarial, el empleo y la producción industrial, exige a las administraciones públicas un plan de acción sectorial coordinado e inmediato.

Según los últimos datos del Directorio Central de Empresas (Dirce), el número de fabricantes de calzado en España se ha reducido un -35 por ciento entre 2020 y 2025, al pasar de 3.280 a 2.131 empresas. Solo en 2025 cerraron 195 compañías. El retroceso ha sido especialmente intenso en las comunidades con mayor concentración industrial: la Comunitat Valenciana perdió el -37 por ciento de sus empresas; Castilla-La Mancha, el -39,7 por ciento; Murcia, el -22,5 por ciento; y La Rioja, el -17,4 por ciento. Estas cuatro regiones aglutinan el -87,4 por ciento del tejido empresarial del calzado a nivel nacional.

El Índice de Producción Industrial del calzado registró una caída del -9,2 por ciento interanual en 2025 y se situó en el -29,1 por ciento en abril de 2026. En paralelo, el empleo en el sector del calzado y el cuero cayó un -10 por ciento en términos interanuales en diciembre de 2025, y en mayo de 2026 acumulaba una pérdida de 1.704 puestos de trabajo respecto al mismo mes del año anterior, lo que representa un descenso del -4,5 por ciento.

Déficit comercial y presión asiática

La balanza comercial del sector cerró 2025 con un déficit de 1.860 millones de euros en valor. Las exportaciones alcanzaron los 167,7 millones de pares, por un valor de 3.388,5 millones de euros, mientras que las importaciones sumaron 370,8 millones de pares, por valor de 5.248,7 millones de euros. El 83,5 por ciento del calzado importado procedía de Asia, con China como principal proveedor, con 198 millones de pares. Frente a los 71 millones de pares fabricados en España —el 0,3 por ciento de la producción mundial—, China concentra el 53,4 por ciento de la producción global, con 13.000 millones de pares anuales.

El coste laboral por hora en el sector español se sitúa en 15,38 euros, por debajo de Italia (26,38 euros) y Alemania (20,83 euros), pero muy por encima de Portugal (9,94 euros), Grecia (9,33 euros) y los países del este de Europa, donde oscila entre 5 y 8 euros. Esta brecha, agravada por la rigidez de la contratación estacional, limita la capacidad de las empresas para adaptar su producción a la demanda.

El sector de componentes para el calzado, integrado por cerca de 1.000 empresas y más de 19.000 empleos directos e indirectos, acusa de forma directa el deterioro de la cadena de valor. En 2025 exportó componentes por valor de 1.695 millones de euros e importó por 1.762 millones de euros. AEC señala que la contracción del consumo, el aumento de importaciones y la debilidad exportadora comprometen la actividad industrial de los clústeres donde el calzado tiene mayor peso estratégico.

“No hablamos de empresas aisladas, hablamos de una cadena de valor completa. Las empresas no aguantan más. Necesitamos una respuesta institucional inmediata, coordinada y con visión industrial”, declaró Álvaro Sánchez, director general de AEC.

AEC pide un plan coordinado entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales que combine medidas de choque con reformas estructurales. Entre las prioridades figuran la flexibilización de la contratación estacional, el apoyo financiero a micropymes y pymes, programas de reindustrialización orientados a la productividad y la capacidad exportadora, y una revisión de los instrumentos comerciales frente a las importaciones asiáticas, con mayores controles arancelarios.

La asociación también reclama mayor apoyo institucional a la promoción exterior y a las ferias internacionales del sector celebradas en España, así como la reducción de cargas administrativas y fiscales sobre la actividad industrial.