La CEOE cuestiona la legalidad de la huelga general, y carga contra los sindicatos por interferir en “la normalidad democrática”

Madrid – Menos de 24 horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase su disposición a convocar elecciones generales para la jornada del próximo 29 de noviembre, el clima del país se encuentra ya en plena ebullición, después de que las principales organizaciones sindicales, CCOO y la UGT, hicieran público su acuerdo para convocar una huelga general por la vivienda este otoño. Huelga que así pues se buscaría celebrar en plena campaña electoral, y para tanto un fin como desde unas formas que abiertamente han salido ya a cuestionar tanto desde la CEOE como desde CEPYME, las dos grandes patronales de los empresarios.

Ateniendo a este respecto a cómo han terminado por ir sucediéndose los acontecimientos, después del anuncio de la convocatoria de elecciones realizada por el presidente del Gobierno, y durante esa misma jornada de este lunes día 5 de octubre, desde CCOO y UGT informaban de que habían acordado convocar una huelga general de 24 horas para este otoño. Una jornada de paro que iría dirigida a reivindicar unos salarios dignos para acceder a una vivienda digna, en palabras de las mismas organizaciones sindicales, y que se terminaría de convocar en cualquier caso una vez ratificado el acuerdo por los máximos órganos de dirección de uno y otro sindicato, y en los términos en los que estos mismos terminen por alcanzar. Todo, para la celebración de una huelga general cuya fecha definitiva se ha acordado terminar de determinar entre las organizaciones sindicales y el denominado sindicato de inquilinas, con el propósito de movilizar a los trabajadores para que secunden el paro.

Enmarcada, defienden desde CCOO y UGT, en la propuesta para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), presentada a comienzos de año, y desde la que plantean cláusulas para facilitar el acceso a la vivienda, “la huelga general interpela a las diferentes administraciones públicas que tienen competencias en materia de vivienda y a las organizaciones empresariales que deben asumir que los salarios tienen que garantizar el acceso a un bien básico como es la vivienda”, sostienen ambos sindicatos. Una reclamación que defienden que debe trasladarse tanto a los procesos para “la renovación del AENC” como para “el desbloqueo de los convenios colectivos”, y para la que “CCOO y UGT llaman a las personas trabajadoras a sumarse a esta campaña, en los centros de trabajo y en la calle, y a secundar la huelga general”.

Una huelga ilegal, que interfiere en la “normalidad democrática”

Tras el anuncio realizado este lunes por los sindicatos, y en sus mismos términos todavía pendiente de concretarse, desde CEOE y CEPYME han emitido este mismo martes, día 6 de octubre, un comunicado desde el que responden a este conato que ya se está cocinando de huelga general. Un paro que, con la información actualmente disponible, cuestionan que pueda tener encaje dentro de la legalidad, y sobre el que además cuestionan también sus pretensiones, que más allá de la defensa de un derecho democrático como el de la vivienda, pasaría por interferir en el normal procedimiento de las próxima elecciones generales.

“Con la información disponible en estos momentos, CEOE y CEPYME quieren advertir de que la huelga general anunciada por los sindicatos mayoritarios este lunes, horas después de la convocatoria anticipada de elecciones en el país, supone una medida de presión que persigue fundamentalmente provocar cambios legislativos y de índole presupuestario en materia de vivienda”. Unas materias estas, tratan de contextualizar, “cuya responsabilidad y competencia son de la Administración y que, por tanto, quedan al margen de la gestión de las empresas”. O “dicho de otro modo”, clarifican, “las reivindicaciones que han motivado este anuncio de huelga general no son, en esencia, de naturaleza laboral”, y por ello mismo “consideramos inadmisible que se pretenda trasladar a las empresas, a sus trabajadores y al conjunto de la actividad económica el coste de una medida de presión que señala al Gobierno y a su gestión”.

De manera adicional, y pasando del fondo a las formas y al momento en el que se va a pretender que tenga lugar esa huelga, su convocatoria se ha anunciado para “un momento en el que los ciudadanos están llamados precisamente a pronunciarse sobre estas cuestiones en las urnas el próximo 29 de noviembre”, por lo que igualmente “resulta difícilmente justificable utilizar la actividad de las empresas y de sus trabajadores como tablero para influir en el devenir de un proceso que debería afrontarse desde el sosiego y la normalidad democrática”. No obstante y en cualquier caso “la información conocida hasta el momento no permite realizar una valoración definitiva –especialmente, sobre su encaje jurídico—”, advierten desde CEOE y CEPYME, desde donde “analizarán la convocatoria definitiva, sus objetivos concretos, su ámbito y el cumplimiento de los requisitos legales, defendiendo la seguridad jurídica y el normal funcionamiento de las empresas”, una vez que la convocatoria sea finalmente ratificada.