La CEOE acusa al Gobierno de impulsar una reforma laboral encubierta

Madrid – La aparente paz y las buenas relaciones que parecían haber dominado el diálogo social entre sindicatos, Gobierno y patronal durante las últimos meses parece que vuelven a saltar por los aires. En esta ocasión a colación del Acuerdo por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el trabajo. Pacto firmado este pasado jueves por las representantes de las carteras de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de Igualdad, Irene Montero, y por los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, y del que no ha participado ningún representante de los empresarios.

“Las organizaciones empresariales lamentamos profundamente la escenificación del acuerdo rubricado hoy entre los Ministerios de Trabajo e Igualdad y los sindicatos, por las desafortunadas declaraciones vertidas sobre los empresarios, y por la utilización que se ha hecho de la igualdad en el ámbito de la empresa para otros fines”, explicaban desde la CEOE a través de un comunicado emitido en el día de ayer de manera conjunta junto a Cepyme. “Con el texto finalmente acordado”, destacan en su misiva, “el Ministerio de Trabajo pretende una reforma laboral encubierta, a través de un reglamento”. Por todo ello, desde la patronal entienden que el acuerdo alcanzado no es más que un “subterfugio que vulnera una vez más la lealtad que debe imperar en el diálogo social, más aún en cuestiones de una importancia tan crucial como la de la igualdad”.

La CEOE acusa al Gobierno de impulsar una reforma laboral encubierta

Injerencias que atentan contra la viabilidad de las empresas

Entre los motivos esgrimidos por la patronal para no participar en la rúbrica del acuerdo, están sus acusaciones de que el Gobierno y los sindicatos se han extralimitado desarrollando aspectos que no se preveían en la Ley de Igualdad en la que se ampara el acuerdo. Así como el de haberlo hecho en la búsqueda de un beneficio que repercutirá de manera exclusiva sobre los sindicatos, perjudicando la capacidad de dialogo entre empresarios y trabajadores. Todo ello al tiempo que se favorece una injerencia de las mismas centrales sindicales en la totalidad de las empresas, que no hace sino atentar contra la viabilidad de las mismas en un momento además de extrema necesidad.

“Las cuestiones relativas a la igualdad no han sido motivo de discrepancia entre los interlocutores sociales y el Gobierno”, justifican desde la CEOE, sino que “las diferencias han surgido cuando el Ministerio de Trabajo ha introducido, a través del artículo 5.3 del texto relativo a los planes de igualdad en las empresas, elementos que tienen que ver con la ordenación de la representación de los trabajadores en las empresas”. Incorporando “cuestiones que pueden comprometer seriamente la viabilidad futura de muchas empresas en un momento especialmente difícil de la economía”, como la de obstaculizar “el acceso a licitaciones públicas a las empresas que no han negociado los planes de igualdad con los sindicatos”. Medida que “viene a ser una muestra más de la escasa relevancia que para los firmantes tiene la igualdad y sí, en cambio, la prioridad de garantizar la penetración de los sindicatos en las empresas donde no tienen representación”. Denunciando de igual manera el no haber podido tener acceso a los textos finales hasta las 22:00h del día anterior a la firma.

“Debe quedar claro”, añaden en su comunicado desde la CEOE, “que la Ley de Igualdad no emplaza al desarrollo de esta cuestión que, sin embargo, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos han abordado, cercenando la capacidad de negociación de las personas trabajadoras en beneficio exclusivamente sindical, siendo por tanto una cuestión “política” de calado la que nos aparta de este acuerdo, completamente ajena a la igualdad con la que las empresas españolas estamos seriamente comprometidos. Ante todo ello, “esperamos que el Consejo de Estado, cuyo informe se ha obviado de momento, repare en estas cuestiones”. “No se puede olvidar que ambas normas deben limitarse a desarrollar lo expuesto en la Ley de Igualdad sin que puedan existir extralimitaciones, como entendemos que sucede en este caso y que intentaremos combatir por todos los medios, incluido el judicial”.

Euforia desde el Ejecutivo

Las críticas levantadas desde la CEOE contrastan frente a la euforia que el acuerdo de los nuevos reglamentos despertaban entre las responsables de los ministerio de Trabajo y Economía Social y en el de Igualdad. Desde donde los ubican como herramientas clave para garantizar la igualdad retributiva entre mujeres y hombres.

En este sentido, Yolanda Díaz considera que el acuerdo “refleja mecanismos y procedimientos concretos para que los registros retributivos, las auditorías y los planes de igualdad sean instrumentos eficaces para la igualdad real”. “Es un acuerdo efectivo, que viene a romper los sesgos de género en la valoración de los puestos de trabajo”.

La CEOE acusa al Gobierno de impulsar una reforma laboral encubierta

Mientras tanto por su parte Irene Montero, en su papel de ministra de Igualdad, confesaba sentirse “especialmente orgullosa”. “Queremos trabajo decente, queremos plena igualdad. Queremos derechos laborales y seguridad en el empleo. Queremos retribuciones justas. Ponemos de nuestra parte, desde el diálogo, para que esas justas reivindicaciones del feminismo y las trabajadoras de este país estén hoy más cerca que ayer; muy conscientes de todo lo que nos queda por avanzar pero muy firmes, también, en cada uno de los pasos que vamos dando”.

Cambios para las empresas

Entre las medidas que incluye el nuevo acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y los sindicatos, está el que los planes de igualdad serán obligados para las empresas de más de 50 trabajadores. A las que se les exigirá la obligación de contar con un registro retributivo para advertir de si existe hipervaloración o infravaloración de un puesto de trabajo según el género del empleado.

De igual modo, las empresas deberán elaborar un plan de igualdad y realizar una auditoría retributiva sobre la situación de la compañía, así como el deber de contar un plan de acción dirigido a corregir diferencias y prevenirlas.

Para llevar a cabo estas medidas, desde los ministerios de Trabajo e Igualdad se desarrollarán las herramientas modelo que “podrán ser utilizadas de forma gratuita por las empresas para el registro retributivo y valoración de los puestos de trabajo con el objetivo de tener una información desglosada por clasificación profesional y por trabajos de igual valor”, añaden mediante un comunicado conjunto desde ambos ministerios. “Además”, añaden, “los reglamentos establecen que las comisiones negociadoras de los convenios colectivos deben asegurarse de que se respetan los criterios para una adecuada valoración de los puestos de trabajo”.

Photo Credits: Ministerio de Trabajo y Economía Social.

 

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