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EEUU impone una subida de aranceles del +25 por ciento a España por la tasa Google, pero aplaza 180 días su aplicación

Por Jaime Martinez

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Photo Credits: Unsplash.

Madrid – En el marco de las investigaciones internas que estaban llevando a cabo desde la Oficina de Comercio de los Estados Unidos (USTR) en relación sobre la idoneidad de aplicar una subida arancelaria a diferentes socios comerciales del país norteamericano, entre ellos España, como medida con la que contrarrestar su decisión de aplicar impuestos sobre diferentes servicios digitales, la popularmente conocida como “tasa Google”, finalmente desde la Agencia comercial estadounidense acordaban en el día de ayer ratificar la medida. Una decisión que, en el caso español, acarreará una subida de aranceles del +25 por ciento sobre diferentes categorías de productos que van desde el calzado a diferentes complementos como bolsos, cinturones y sombreros, o productos de alimentación tales como el pulpo o las gambas.

No obstante, y a pesar de haberse ratificado la medida, la Oficina de Comercio de los Estados Unidos ha decidido retrasar la aplicación de la nueva subida arancelaria por un plazo de 180 días, hasta el próximo 29 de noviembre de 2021. Un “periodo de gracia” que tanto desde la Agencia federal estadounidense como desde organizaciones como Fice, la Federación de industrias del calzado español, confían en que pueda emplearse para alcanzar un acuerdo global sobre la aplicación de este tipo de tasas digitales desde órganos multilaterales como la OCDE o el G20, evitando así la aplicación de la subida arancelaria.

“Estados Unidos está enfocado en intentar encontrar una solución multilateral a una serie de cuestiones clave relacionadas con la fiscalidad internacional, incluida entre ellas nuestra preocupación con los impuestos a los servicios digitales”, explicaba la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, en unas declaraciones difundidas desde la propia Oficina de Comercio de los EEUU. “Estados Unidos mantiene su compromiso de alcanzar un consenso sobre esta serie de cuestiones tributarias internacionales a través de la OCDE y del G20”, y por esa razón “la acción tomada hoy”, de retrasar la aplicación de los aranceles un periodo de 180 días, “da tiempo para que esas negociaciones sigan progresando”, al tiempo que “se mantiene la opción de imponer los aranceles en virtud de lo acordado en el procedimiento Section 301 si así se justifica en el futuro”.

Photo Credits: Asociación española de empresas de componentes para el calzado AEC.

Subidas de aranceles a 6 socios comerciales, con el calzado español en el punto de mira

Era ahora hace cosa de un año, el pasado 2 de junio de 2020, cuando desde la USTR iniciaban sus investigaciones con el fin de aclarar las medidas a adoptar como respuesta al impuesto digital que habían comenzado a aplicar, o que estaban estudiando aplicar, un total de 10 ámbitos económicos. Una investigación para la que se acordaba un plazo máximo de 1 año, y que finalizaba con el acuerdo de dejar al margen de las medidas a la República Checa, a la Unión Europa y a Indonesia, dado que no han procedido a aplicar la tasa digital desde sus ámbitos de responsabilidad, dejando como países afectados por las nuevas subidas arancelarias acordadas a Austria, la India, Italia, España, Turquía y Reino Unido. Cuyas nuevas subidas de aranceles, al igual que la de España, han quedado igualmente a aplazadas durante ese mismo periodo de 180 días, a la espera de que las negociaciones de los Gobiernos en los distintos ámbitos internacionales puedan llegar a dar sus frutos.

Para cada uno de los 6 casos, desde la Agencia Federal han procedido a elaborar un minucioso estudio sobre distintos sectores económicos de cada país, con el fin de ajustar los gravámenes a lo que sus expertos estiman que cada país puede llegar a recaudar con la aplicación de sus respectivos impuestos sobre los servicios digitales. Una “tasa Google” que desde el Gobierno de los EEUU no han cesado en señalar que discrimina a las compañías estadounidenses, razón tras la que justifican unas subidas de aranceles que, en el caso concreto español, afectará de manera considerable a un sector como el del calzado. Cuyas principales asociaciones empresariales vienen clamando al Gobierno, y así vuelven hacerlo ahora una vez más, para que se abra a negociar y retrase la aplicación de la tasa digital hasta que se alcance algún acuerdo internacional en el seno de la OCDE.

“El impuesto a los servicios digitales de España no es razonable y resulta discriminatorio y grava o restringe el comercio de Estados Unidos”, enfatizan respecto al caso de España desde la Oficina de Comercio de los Estados Unidos. “Con este comunicado”, añaden, “se anuncia la determinación de la Agencia de Comercio de dar como respuesta una subida de aranceles del 25 por ciento” sobre diferentes productos españoles. “Determinando” no obstante el “suspender la aplicación de los nuevos aranceles por un periodo de hasta 180 días”, no descartándose introducir modificaciones al respecto a medida que avancen las negociaciones con el Gobierno Español y en los senos de la OCDE y del G20.

“Desde Fice venimos solicitando al Gobierno que se acuda al multilateralismo y evitar tomar medidas unilaterales”, apuntan por su parte desde Fice, asociación que junto a otras, como la Asociación española de empresas de componentes para el calzado AEC, lleva meses trabajando de manera activa para evitar una subida arancelaria que estiman que será la puntilla para un sector que se ha visto especialmente afectado como consecuencia de la pandemia. “Por ello, hemos propuesto que se difiera el momento de la liquidación del impuesto a alcanzar un acuerdo en la OCDE”, destacan en relación a la aplicación de la tasa digital, “y que se pongan todas las medidas necesarias para que ese acuerdo se pueda alcanzar en el verano como se ha previsto”. Evitando de este modo el perjudicar a un calzado español que “se encontró en medio de este conflicto comercial”, que acarreará una subida de aranceles de hasta un 25 por ciento sobre un total de 12 partidas arancelarias, en lugar de las 15 planteadas al inicio de las investigaciones, después de que la USTR decidiera eliminar de la lista 3 de las partidas correspondientes al calzado de piel.

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