CEOE se borra de la mesa sobre “la democratización de las empresas” y tilda la iniciativa de “ataque populista”

Madrid – De manera breve, aunque bien razonada, desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y desde la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) han anunciado esta mañana que no participarán de la mesa sobre la “democratización de las empresas” que ha sido convocada a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social para este próximo jueves 12 de marzo. Una negativa que han justificado calificando los objetivos que desde ella se pretenden alcanzar como de un “ataque populista” contra el emprendimiento empresarial.

Para ponernos primeramente en situación, debemos de retrotraernos hasta la jornada del pasado 2 de febrero de este 2026, fecha en la que de manera pública desde el Ministerio de Trabajo, y de manos de la misma vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se hacía público el informe “Democracia en el trabajo”. Un texto que era elevado al Consejo de Ministros de su reunión del 17 de marzo, y cuya elaboración enmarcan desde el ministerio dentro del mandato constitucional que queda recogido en el Artículo 129.2 de la Constitución Española. Apartado de la Carta Magna desde el que se establece que, y citamos, “los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas”; e igualmente “también establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.

Elaborado por una comisión asesora compuesta por 12 miembros, más un secretario y una presidenta, procedentes todos ellos de centros educativos como la Universidad de Oxford, la Escuela de Negocios de Harvard o las universidades españolas de Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia, Oviedo, el País Vasco y Zaragoza, desde el texto se defiende el desarrollo de un entorno “corporativo democrático” que debe saber integrar a accionistas y a trabajadores dentro de los órganos de decisión. Un objetivo para el que se plantean unas series de iniciativas encaminadas a beneficiar a aquellas empresas que alcancen determinados “estándares de democracia”, según para ello se termine por establecer en la norma, o normas, para dicho fin a las que terminen por dar paso desde el Ejecutivo. Un compromiso para el que la misma Díaz anunciaba, durante la rueda de prensa posterior a ese mismo Consejo de Ministros del pasado 17 de marzo, que en unos 15 días tendría lugar la reunión con los agentes sociales para comenzar a abordar las medidas con las que dar respuesta a las propuestas planteadas por esa “comisión de expertos” desde el informe. Medidas entre las que ya se destacaba la propuesta de que para empresas entre 50 y 1 000 trabajadores un tercio de los Consejos de Administración deberían ser trabajadores; el 50 por ciento cuanto la empresa cuente con más de 1 000 empleados.

“No queremos cooperativizar las empresas mercantiles, sino democratizarlas”, esgrimía en ese momento Díaz desde el Palacio de la Moncloa; y en ese propósito, “planteamos la democratización de las empresas como una solución, abordando nueve retos de época”, como el que ella misma ponía de ejemplo durante la presentación del texto, al señalar que “en 10 años vamos a perder un tercio del tejido productivo y las pymes en España”. Un horizonte ante el que “lo que planteamos es utilizar la democratización de las empresas para no perder ese tejido productivo clave para el país”, defendía, al tiempo que subrayaba que España como país, y a este respecto, es “una auténtica excepcionalidad en el ámbito europeo”, donde “18 estados miembros tienen fórmulas de codecisión y participación en el modelo productivo”. Una “anomalía en la participación de la gente trabajadora en el seno del lugar donde se toman las decisiones importantes en las empresas”, que es la que se persigue corregir a través de esta negociación.

Sin el respaldo de la CEOE ni de Cepyme

Ante esas intenciones de Trabajo, Díaz lo que ha vuelto es a toparse con la negativa de la empresa a participar de cualquier tipo de supuesta negociación, después de que tanto la CEOE como Cepyme, siguiendo con lo ya adelantado, hayan acordado no participar de la reunión convocada para este jueves. Una decisión que concretan que fue tomada en el marco de la reunión extraordinaria que el Comité Ejecutivo de la CEOE y de Cepyme mantuvieron este pasado lunes, al considerar que lo que se propone el Gobierno no es más que un “nuevo ejercicio de intervencionismo y una vulneración del derecho a la propiedad privada”.

Justificando, más allá de esa premisa, su decisión de no participar de la mesa de negociación convocada por el Ministerio de Trabajo, desde CEOE y Cepyme censuran, en primer lugar, que la mesa se haya convocado en un momento como el actual marcado por la actual crisis que se mantiene desatada en Irán; el que se pretenda avanzar hacia un modelo socieconómicos “propio de regímenes autoritarios”; el que se defienda que la iniciativa surge de un mandato constitucional, cuando se atenta por ejemplo contra el Artículo 38 sobre la libertad de empresa; y el que además busque vestirse de acuerdo apelando al diálogo social, cuando el Ministerio no lo ha tenido en cuenta para aprobar medidas como la última subida del SMI, y contra al que justamente defienden que se vuelve a atentar con esta negociación que se ha abierto “sobre la democratización de la empresa”.

“En un momento en el que el conflicto armado en Oriente Próximo amenaza con generar una nueva crisis económica mundial, es sorprendente que Trabajo vuelva a centrarse en un ataque populista y de profunda carga ideológica contra el mundo de la empresa”, defienden desde CEOE y Cepyme a través de un comunicado emitido de manera conjunta. Un “ataque que no hace sino generar mayor desconfianza y desalentar las inversiones en nuestro país”, y que se realiza esgrimiendo “una supuesta falta de democracia en la empresa” como justificación “para volver a poner sobre la mesa un modelo socioeconómico propio de regímenes autoritarios del pasado” que “supone, al mismo tiempo, un nuevo desprecio a la negociación colectiva, que precisamente es unos de los espacios más genuinamente democráticos en este momento, recogido con esta naturaleza en la Constitución española”.

Del mismo modo, amplían su justificación, “esta propuesta atenta, además, contra el Artículo 38 de la Constitución, que preserva los principios de la libertad de empresa”; y “del mismo modo, el Estatuto de los Trabajadores”, que “también otorga a las empresas la capacidad de organización y dirección, cuestión que también se orilla de forma grave”, mientras se apela de manera “sorprendente”, apuntan, al Diálogo Social, “después de llevar años planteando reformas de espaldas al Diálogo Social que, precisamente, amenazan con erosionar en profundidad la democracia en la empresa”. Obviando entonces, y al igual que ahora, argumentan, que “nuestro ordenamiento jurídico permite a cualquier ciudadano constituir una empresa y poner en juego sus recursos para ello”. Y “por todas estas cuestiones, el Comité Ejecutivo ha decidido no estar presente en la mesa de negociación abierta sobre la democratización de la empresa y seguir apostando por la negociación colectiva como espacio de entendimiento y por la defensa de los principios constitucionales”.