CCOO y UGT claman por un “escudo social” como en pandemia para los afectados por las inundaciones

Madrid – Las organizaciones sindicales de Comisiones Obreras (CCOO) y de la Unión General de Trabajadores (UGT) han querido nuevamente, y de manera pública, mostrar su “consternación” ante los efectos provocados por las inundaciones que han asolado diferentes puntos de la geografía nacional, y con especial virulencia la zona del área metropolitana de Valencia. Declaración que han realizado al tiempo que han clamado por la imposición, a la mayor brevedad y celeridad, de un “escudo social”, como el implementado durante la pandemia por coronavirus, que permita proteger a los más afectados por las inundaciones.

La exigencia de esta amplia suma de medidas a implementar, y que desde CCOO y la UGT no han dudado en entrar a perfilar de manera general señalando a un total de cinco puntos clave, la han llevado a cabo mientras el país, y en especial todos aquellos más afectados por las inundaciones, se mantiene a la espera del paquete de medidas especiales y de la declaración de “zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil” que se espera que el Ejecutivo, siguiendo con lo anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este pasado sábado 2 de noviembre, presente y apruebe en Consejo de Ministros, este próximo martes 5 de noviembre. Justamente una semana después de que, durante la tarde-noche del 29 de octubre, una tromba de agua terminase por anegar, de oeste a este, todo el cinturón industrial de la capital del Turia, dejando a su paso un reguero de daños, humanos y materiales, imposible de cuantificar; afectando, tal y como ya hemos tratado de empezar a poner en valor desde FashionUnited, a 65 municipios, con una población de más de 800.000 habitantes y con un tejido económico e industrial integrado por más 54.000 empresas, según han estimado, desde una valoración inicial, desde la Cámara de Comercio de Valencia.

Poniendo precisamente el foco en esos municipios, y en esa población afectada, en la que se reúne una población activa de más de 354 000 trabajadores, cerca del 33,5 por ciento de todos los afiliados a la Seguridad Social de la provincia de Valencia, desde CCOO y la UGT han reclamado, como primer punto de partida, que todas las Administraciones públicas, independientemente de sus niveles de competencia, prioricen el aunar “todos los esfuerzos” para atender a todas las víctimas de las inundaciones. Primera y principal prioridad que deben mantener todas las Administraciones como organismos públicos al servicio de la ciudadanía, y a la que anunciaban, este mismo domingo, 3 de noviembre, a través de un comunicado conjunto, que ambos sindicatos se ponen también al servicio de las autoridades para todo y cuanto pueda reclamar.

“UGT y CCOO queremos manifestar una vez más nuestra profunda consternación ante la devastadora tragedia provocada por las intensas lluvias e inundaciones que han asolado distintas zonas del país, con un impacto singularmente grave en Valencia, pero también en las comunidades autónomas colindantes”, han expresado ambas organizaciones sindicales a través de la mencionada nota. Ante este episodio de crisis sin precedentes en la historia reciente de España, “reiteramos nuestro dolor por la pérdida de vidas humanas, que alcanza niveles insoportables, y nuestra mayor solidaridad y preocupación por los daños ocasionados en viviendas, infraestructuras y equipamientos”.

“Esta catástrofe ha golpeado duramente en zonas donde vive y trabaja, en su mayoría, población trabajadora, quien está enfrentando momentos de extrema dureza”, analizan desde las organizaciones sindicales, enfatizando esa condición como “cinturón industrial” de la que goza precisamente toda el área afectada de la ciudad de Valencia. Ante estos hechos, y “en estos momentos de desolación, CCOO Y UGT instamos a todas las instituciones públicas a que movilicen todos los recursos necesarios para las tareas de rescate y emergencia”, en un momento en el que la situación sigue siendo “crítica, con muchas personas aún desaparecidas”, y mientras crece “el riesgo de un grave problema de salud pública” que “amenaza con añadir más sufrimiento al ya trágico saldo de vidas perdidas”. Razones todas ellas, entre otras, que llevan a que en este momento la prioridad pase por “aunar todos los esfuerzos para atender la emergencia de rescate de las víctimas, la recuperación de los cuerpos de las personas fallecidas, el restablecimiento de los suministros a toda la población afectada y la garantía de acceso a las viviendas en condiciones de seguridad o, proveyendo de alojamientos alternativos en tanto se restablece la posibilidad de acceso a sus domicilios de todas las personas que no pueden hacerlo en este momento”. Tareas para las que, añaden, “UGT y CCOO se ponen a disposición de las autoridades responsables de las actuaciones de coordinación de las operaciones de ayuda y apoyo para el restablecimiento más temprano posible de las condiciones básicas de vida en las zonas afectadas”.

Un “escudo social” para “blindar” la protección a los más damnificados

A la espera de esa declaración de “zona gravemente afectada” que el presidente del Ejecutivo ya ha adelantado que se procederá a decretar, este próximo martes, para aquellos lugares de la Comunitat Valenciana, de Castilla-La Mancha, de Andalucía, de Cataluña y de Aragón que se han visto más golpeados por las inundaciones de esta última semana, también los dos sindicatos más representativos del país se han querido pronunciar al respecto. En este caso, reclamando una batería de medidas de apoyo económico, social y laboral, que permitan contrarrestar el gran impacto económico en el que se van a ver sumidos muchos de los trabajadores, tanto asalariados como autónomos, que se ha visto afectados por las inundaciones, y que desde la Cámara de Comercio de Valencia cifran, de manera estimativa, en esos más de 354 000 trabajadores.

En lo que respecta a estas medidas, desde CCOO y UGT reclaman que se apruebe un “escudo social” como el aprobado en pandemia, en esta ocasión sobre aquellos territorios que se han visto más golpeados por estas inundaciones. Un “escudo” en forma de una batería de medidas de apoyo a los más afectados, que comprenderían desde acciones en defensa del mantenimiento del empleo, a través tanto de la agilización de la aprobación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES) como de complementos salariales a las ayudas al empleo a las que puedan tener derecho trabajadores asalariados y autónomos; hasta de reducción de las cargas económicas a las que debieran de responder, con moratorias en el pago de hipotecas. Una suma de medidas para las que reclaman el que se apruebe con celeridad y urgencia un Real Decreto Ley que permita su implementación, y que estructuran en torno a un total de cinco puntos vertebradores: Ertes, solicitando su aplicación, en la modalidad de “por fuerza mayor”, y “sin consumo de prestaciones de desempleo, para proteger el empleo y permitir una recuperación gradual de las empresas”; la demanda de una “protección extraordinaria por desempleo”, para “trabajadores asalariados y autónomos que no puedan retomar sus actividades debido a la catástrofe”; la prohibición de la “extinción de contratos temporales”, y medidas para “proteger a quienes tienen contratos fijos discontinuos”; facilitar la modalidad de teletrabajo para “evitar los riesgos de desplazamiento inseguro para acudir al trabajo mientras se restablecen las infraestructuras”; y la implementación de un “programa similar al MECUIDA”, diseñado en su día para cubrir circunstancias excepcionales originadas por el Covid-19, y que en su caso “permita la adaptación o reducción de jornada laboral para atender a las necesidades familiares y de cuidado en estas circunstancias”. Mientras que, y como apéndice, también las organizaciones sindicales reclaman el que se refuercen de “inmediato” las plantillas en los servicios sanitarios, sociales, de empleo y de la Seguridad Social, “para que puedan atender adecuadamente el previsible incremento de solicitudes y actuaciones”.

A la vista de esta crisis, “las repercusiones laborales y en las condiciones de vida de la población trabajadora son evidentes”, por lo que “exigimos la reactivación del escudo social, el cual ha demostrado ser efectivo durante la pandemia, y que ahora resulta imprescindible”, declaran a una sola voz desde CCOO y desde la UGT. Para ello, “demandamos la aprobación urgente de un Real Decreto Ley que implemente, entre otras”, esa serie de “medidas extraordinarias” ya señaladas. Unas políticas que permitirán paliar los efectos “en cuanto a disminución de renta disponible de muchas personas”, para lo que se solicita que se complementen “las prestaciones públicas”, así como “establecer moratorias y readaptación del pago de la deuda hipotecaria que deben afrontar muchas personas y familias”, en mitad ahora de “las dificultades que genera una situación tan dramática como esta”, para la que “prestaremos todo el apoyo necesario a nuestras organizaciones en todas las zonas afectadas, de manera singular en el caso del País Valenciano, para dar cobertura al dispositivo de atención a la población trabajadora que va a ser necesario”.