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Guerra entre Gobierno, sindicatos y empresarios por los “errores” en la gestión del coronavirus

Por Jaime Martinez

5 mar 2020

Empresas

Madrid – El coronavirus abre un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno de España y las principales organizaciones sindicales y empresariales de nuestro país. A las que no ha sentado nada bien la publicación, ante su total desconocimiento y desinformación, de la “Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus”. El manual elaborado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, con el que desde el Gobierno se busca regir los protocolos de cómo deben actuar empleados y empresas ante un posible caso de coronavirus.

Entre los enunciados que contempla, están el que “las empresas deberán proceder a paralizar la actividad laboral en caso de que exista un riesgo de contagio por coronavirus en el centro de trabajo”. Situación en la que los trabajadores podrán “interrumpir su actividad y abandonar el centro de trabajo”. Un extremo que no dependerá de la “la mera suposición o la alarma social generada”, “debiendo realizarse una valoración carente de apreciaciones subjetivas, que tenga exclusivamente en cuenta hechos fehacientes que lleven a entender que la continuación de la actividad laboral supone la elevación del riesgo de contagio para las personas trabajadoras”. Una llamada a la calma y contra todo alarmismo por parte de las autoridades, que sin embargo se está viendo sobrepasada con las afirmaciones de algunos de los últimos afectados por la enfermedad. Que, en declaraciones a diferentes medios, exponían el haber tenido que insistir ante los responsables médicos para que se les hiciera la prueba por coronavirus. Comenzando a prender ante la opinión pública la peligrosa percepción de que se están realizando menos comprobaciones de las necesarias, con el objetivo de mantener bajas las tasas oficiales de contagios.

Una guía que genera “alerta y confusión”

Regresando la ámbito de lo económico, en relación a la misma guía ayer las dos principales organizaciones patronales de nuestro país, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), emitían un comunicado conjunto calificando de “grave error” su publicación. Al tiempo que acusaban al gobierno de generar “alerta y confusión” al no corresponderse sus prescripciones con la valoración del riesgo elaborada por parte del Ministerio de Sanidad.

“Además”, subrayan ambas organizaciones en el comunicado, “no ha contado con la participación de las empresas y los sindicatos, a pesar de que ya se lo habíamos solicitado previamente, contribuyendo con ello a una mayor incertidumbre”. “Los empresarios”, prosigue la nota, “venimos desde hace semanas trabajando en la prevención y contención del riesgo de contagio de la mano del Ministerio de Sanidad y en perfecta coordinación con el resto de los interlocutores sociales y otros agentes necesarios a lo largo del territorio nacional, en tanto que se trata de un asunto de salud pública”.

“Con esta iniciativa, que entendemos que responde al ritmo político, el ministerio desoye a los interlocutores sociales y deja al margen la necesaria protección de las empresas en un momento trascendente, publicando un documento durante la tarde sin ni siquiera habérselo comunicado previamente a las organizaciones que conforman el diálogo social”. “Así, el documento del Ministerio de Trabajo no aporta ninguna novedad para garantizar la salud de las personas trabajadoras ni para minimizar el impacto en la actividad económica”. “Se limita”, apostillan, “a la transcripción de normas y procedimientos poco adecuados para hipotéticas situaciones de urgencia por razones de riesgo de salud pública. Tampoco responde a los supuestos de caída repentina de la actividad o falta de suministros que ya están afectando a numerosos sectores y empresas, por lo que pedimos urgentemente que se tomen medidas excepcionales para la protección de las empresas en esta situación en el marco del diálogo social y en coordinación con todos los ministerios competentes”.

Un llamamiento a retomar el diálogo social ante “esta situación extraordinaria”

Un llamamiento a retomar el diálogo social que se hacía desde el mundo empresarial, por el que igualmente abogaban los sindicatos. Con una UGT que solicitaba por escrito a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la convocatoria de una reunión ante “el contexto y las incertidumbres” que se están generando con motivo del coronavirus, y la afección que el brote está ocasionado en el entorno laboral y en la vida de los trabajadores.

En una carta firmada por Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, y por Gonzalo Pino, secretario de política sindical, desde el sindicado señalan a lo importante que resulta que “los agentes sociales contribuyan a orientar las medidas centrales para disminuir la inseguridad que se pueda generar en el mercado de trabajo”. Apuntando a que desde la UGT se seguirá haciendo un “seguimiento exhaustivo” de las medidas que se presenten, considerando “que es preciso tomar medidas consensuadas con organizaciones empresariales y sindicales para que las personas trabajadoras no se vean perjudicadas en su salud, estabilidad en el empleo ni en sus condiciones de trabajo”.

En este mismo sentido, desde el sindicato se defiende que la incapacidad temporal (IT) no responde a la particularidad de los aislamientos por prevención de contagio, siendo “necesaria su consideración como derivada de contingencia profesional en una parte importante de los supuestos”. Desde la UGT también consideran “imprescindible” la constitución de un fondo de ayuda extraordinario con el que poder dar respuesta a una posible falta de abastecimiento o por situaciones derivadas de medidas sanitarias excepcionales. Así como garantizar que el tiempo que el trabajador permanezca en suspensión del contrato laboral por cualquier razón ocasionada ante “esta situación extraordinaria”, no le supondrá “merma alguna de sus derechos”.

Photo Credits: Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España, Gabinete de comunicación del Ministerio.

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