El Parlamento Europeo frena la entrada en vigor del acuerdo de libre comercio UE-Mercosur

Madrid – Como parte de la sesión plenaria del Parlamento Europeo de este miércoles, 21 de enero, la mayoría de los eurodiputados ha votado a favor de una resolución que frena de facto los plazos para la aprobación y entrada en vigor del acuerdo de libre comercio UE-Mercosur. Tratado formalizado entre los máximos representantes de ambas partes este pasado fin de semana en Asunción, la capital de Paraguay, con el que se aspira a constituir la zona de libre comercio más grande del mundo.

Terminando así por echar un jarro de agua fría a las ambiciones de la Comisión Europea de lograr una rápida entrada en vigor, si bien no de la parte con las disposiciones políticas del tratado, enmarcadas en el Acuerdo de Asociación entre la UE-Mercosur (EMPA), sí de sus disposiciones comerciales, aglutinadas en torno al Acuerdo Comercial Interino (iTA) entre la Unión Europa y el Mercosur —de manera conjunta los dos textos que se han acordado para la progresiva entrada en vigor del tratado de libre comercio UE-Mercosur—, el Parlamento Europeo respaldaba con una diferencia de 10 votos una Propuesta de Resolución que solicita un dictamen jurídico del Tribunal de Justicia de la UE sobre el acuerdo. Un requerimiento por el que se mostraron a favor 334 eurodiputados, frente 324 que votaron en contra y 11 abstenciones.

Durante la misma sesión plenaria, y de manera paralela y con el mismo objetivo, igualmente se presentó una segunda resolución, en este caso solicitando al Tribunal de Justicia de la UE que emita un dictamen tanto sobre la compatibilidad con los Tratados de la UE tanto del EMPA como del iTA, pronunciándose sobre la particularidad de cinco cuestiones. Cinco puntos que entraban a acotar de manera más precisa y menos general las reclamaciones de esa primera y otra resolución, como base de este modo de un texto que sin embargo fue rechazado, con 225 votos a favor de su aprobación, 402 en contra y 12 abstenciones.

Con el respaldo de los eurodiputados de los ocho grupos políticos del Parlamento Europeo

Poniendo el foco de atención sobre esa primera resolución, que ha sido la que ha terminado saliendo adelante, presentada por eurodiputados como los españoles Irene Montero (Podemos), Jaume Asens (Sumar) y Estrella Galán (Sumar), desde la misma se solicita, siguiendo con lo ya adelantado, el dictamen del Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad con los Tratados de la UE de los dos textos sobre los que se articula el tratado de libre comercio UE-Mercosur, el Acuerdo de Asociación entre la UE-Mercosur (EMPA) y el Acuerdo Comercial Interino (iTA) entre la Unión Europa y el Mercosur. Documentos que por su distinta naturaleza jurídica iban a requerir para su entrada en vigor, el primero del respaldo de todos los Estados miembros, vía sus respectivos parlamentos nacionales o lo que así dictamine sus diferentes legislaciones; y el segundo, únicamente de la aprobación de este mismo Parlamento Europeo. Un próximo paso que se presentaba de antemano como un mero trámite hacia la rápida entrada en vigor de ese iTA, pero que sin embargo ha quedado ahora en suspenso.

Como principales argumentos para reclamar ese dictamen jurídico al Tribunal de Justicia de la UE, desde la resolución aprobada por el Parlamento Europeo que exhiben un total de cinco puntos. El primero, relacionado con la “preocupación” que despierta la división del tratado en esos dos textos, algo que se considera que podría vulnerar diferentes aspectos de los Tratados de la UE y del Tratado de Funcionamiento de la UE; así como con la igualmente “preocupación” de que para su aprobación el Consejo de la UE termine por socavar la “legitima opinión” de los Parlamentos nacionales. El segundo, relacionado con la potencial amenaza que el “mecanismo de reequilibrio” previsto en el Acuerdo puede llegar a suponer para la capacidad de la UE de mantener la autonomía de su ordenamiento jurídico. El tercero, relacionado con el temor de que el acuerdo limite la capacidad de la UE a legislar en materias de salud, seguridad alimentaria o medioambiente. Presentándose ya el cuarto punto, no como un argumento sino como el apartado desde el que se acuerda solicitar al Tribunal de Justicia de la UE que “emita un dictamen sobre la compatibilidad con los Tratados” de la Unión de los dos textos que articulan el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur, así como “sobre el procedimiento seguido” para su aprobación. Reservando ya el último y quinto punto de la resolución a dotar a la presidenta del Parlamento, la maltesa Roberta Metsola, a “que tome rápidamente las medidas necesarias para recabar el dictamen del Tribunal”.

Dando su apoyo a todo lo descrito que contenía esta ya detallada resolución, han estado ese total de 334 eurodiputados que han votado a favor de su aprobación. Unos parlamentarios europeos que forman parte del total de los actuales ocho grupos políticos que integran el Parlamento Europeo, así como también al “no grupo” de eurodiputados independientes no adscritos a ninguno de esos grupos políticos. Y es que, y tal y como así consta en el registro de los resultados de la votación de la resolución, esta ha salido adelante con el voto a favor de eurodiputados pertenecientes al grupo ECR (Conservadores y Reformistas Europeos), ESN (Europa de las Naciones Soberanas), PPE (Partido Popular Europeo), PfE (Patriots for Europe), Renew (Renew Europe), S&D (Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas), The Left (La Izquierda) y Verts/ALE (Verdes / Alianza Libre Europea); así como con el voto a favor de igualmente eurodiputados no adscritos a ninguno de estos ocho grupos políticos.

Tramitación en suspenso

Como resultado directo de la aprobación de esta resolución por mayoría de los eurodiputados, desde el Parlamento Europeo son claros al respecto y señalan que en este momento la base fundamental jurídica del acuerdo de libre comercio UE-Mercosur pasa a ser objeto de análisis por parte del Tribunal de Justicia de la UE. Tribunal desde el que deberán de terminar de emitir un dictamen al respecto, que se remitirá posteriormente al Parlamento Europeo para su análisis y consideración, para la hora de decidir si finalmente se acuerda la aprobación o no aprobación del tratado, cuyos textos mientras tanto seguirán siendo examinados por la Eurocámara.

A pesar de la paralización de los plazos para la entrada en vigor del Acuerdo Comercial Interino (iTA) entre la Unión Europa y el Mercosur que supone la aprobación de esta resolución, tanto en cuanto retrasa y además deja a expensas del dictamen del Tribunal de Justicia de la UE la requerida aprobación del texto por parte del Parlamento Europeo, son distintas las fuentes que apuntan a que desde la Comisión Europea se plantea acordar una aplicación provisional de esta parte comercial del tratado, mientras se pronuncia el Tribunal. Una determinación que no dejaría de resultar cuanto menos controvertida, teniendo en cuenta que a través de esta resolución en firme del Parlamento Europeo, y tal y como hemos visto, entre otras cuestiones los eurodiputados han expresado su preocupación ante el riesgo de que justamente no se respeten los mecanismos acordados para la aprobación y entrada en vigor de los textos del tratado.