Cataluña limitará el horario de entrega del ecommerce
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El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent presentó ayer 9 de marzo el nuevo Plan de Acción de Comercio, Artesanía y Moda para 2022-2025 en un acto que tuvo lugar en el Recinto Modernista de Sant Pau que incluye esfuerzos por regular las entregas de última milla del comercio online en Cataluña.
Se estima desde el Govern que el próximo martes se apruebe la memoria preliminar de esta nueva norma que propone regular los horarios de las entregas a domicilio para limitar su impacto ambiental y urbanístico, con el objetivo de igualar las reglas de juego a todo el sector comercial y "proteger el modelo de comercio catalán", según ha explicado Torrent durante su intervención.
Del sector textil se incluyen en el plan el comercio local, cadenas de distribución y grandes multinacionales del e-commerce, pero la norma también se aplica a la restauración y sus plataformas de delivery, con especial atención en las dark kitchens, las dark stores y los showrooms.
Además, plantea diferenciar legalmente los almacenes de operaciones de los logísticos, más grandes que los primeros, y dar más competencias a los ayuntamientos para decidir dónde se pueden ubicar.
El 84 por ciento de las casi 80 millones de compras anuales en la Generalitat se entrega a domicilio
Entre 2020 y 2022 la venta online ha crecido un 28 por ciento, según los datos del Govern. Esta cifra se traduce en unos 66 millones de desplazamientos a domicilio, el 84 por ciento de los casi 80 millones de compras anuales en la Generalitat, que en algunas ocasiones (11 por ciento) derivan en una devolución y su correspondiente segundo desplazamiento.
Un plan de acción de lenta tramitación
El proyecto cuenta con un presupuesto de 150 millones destinados a financiar dos grandes líneas de actuación, asentar las bases legislativas y potenciar el tejido comercial, compuestas por un total de 24 objetivos, 79 actuaciones y 255 indicadores.
Este es solo el inicio de un proceso legislativo que comenzará con la aprobación de la mencionada memoria preliminar de la nueva normativa que derivará en un periodo de aportaciones tanto de la ciudadanía como de asociaciones, empresas y agentes sociales que “serán tenidas en cuenta” por el Govern para diseñar el proyecto de ley.
Se estima que el proyecto de ley tardará un año en recibir el visto bueno del Govern y después se derivará al Parlament.