Amnistía Internacional insta a los gigantes del textil a proteger los derechos de los trabajadores
La ONG Amnistía Internacional insta este jueves a las empresas textiles mundiales y a los gobiernos de cuatro países de Asia a tomar medidas para respetar los derechos de los trabajadores del sector y garantizarles salarios dignos.
Para la ONG, que publica este jueves dos informes sobre el tema, las marcas de moda que producen en India, Bangladesh, Pakistán o Sri Lanka deben tomar medidas urgentes para proteger los derechos de los trabajadores en sus cadenas de suministro.
Para elaborar estos informes, Amnistía se basa en casi 90 entrevistas que abarcan 20 fábricas en estos cuatro países. Estos informes documentan “violaciones generalizadas que atentan contra la libertad sindical en la industria de la confección”, que se manifiestan en vulneraciones de los derechos de los trabajadores y en actos de acoso y violencia por parte de los empleadores, sostiene la organización.
“En muchos sentidos, la industria de la moda es un modelo basado en la explotación de mano de obra barata y vemos a países productores como India, Pakistán o Sri Lanka, en cierto modo obligados a mantener salarios bajos e impedir la sindicación, porque quieren que las marcas les hagan pedidos”, afirma a la AFP Dominique Muller, investigadora sobre la industria textil en Amnistía.
Aunque el sector textil representa hasta el 40 por ciento de los empleos manufactureros en estos países, sus empleados están “mal pagados y sobrecargados de trabajo, con falta de acceso a los derechos fundamentales, y se ven sistemáticamente privados de sus derechos mediante contratos informales y precarios”, dice Amnistía. Sin embargo, lamenta la organización, “la industria de la confección no ha abordado adecuadamente la negación de estos derechos esenciales”.
Amnistía envió un cuestionario a 21 empresas solicitando información sobre sus políticas de derechos humanos, el seguimiento y las acciones concretas relacionadas con la libertad sindical. Pero “hay pocos elementos que permitan determinar si las políticas de derechos humanos se aplican o no a nivel de fábrica”.
“Las empresas deben dejar de limitarse a repetir su compromiso con la libertad de asociación y adoptar una estrategia de aprovisionamiento activa que (...) recompense a los proveedores y países que respetan esta libertad”, aboga Dominique Muller.
Estos informes se publican en un contexto de desmantelamiento de una directiva sobre el deber de diligencia social y medioambiental de las grandes empresas por parte de la Unión Europea. A mediados de noviembre, los eurodiputados aprobaron el desmantelamiento de las principales ambiciones de este texto, reduciendo el ámbito de las empresas afectadas y eliminando algunas de sus obligaciones sociales y medioambientales.
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