A la espera de los idus de marzo y de su “avalancha” de concursos liquidativos

Madrid – A nadie de nuestro país ya se le escapa la difícil situación por la que atraviesa la economía nacional, una de las más duramente perjudicadas, según registros de organismos internacionales como la propia OCDE de la que España forma parte, por los efectos que ha terminado trayendo consigo esta pandemia por coronavirus. Una crisis sanitaria sin precedentes que si bien cuenta con una incidencia de alcance global, esta ejerciendo unas consecuencias nefastas sobre la economía española. Dependiente en su mayor parte del sector servicios, así como expuesta de manera considerable a los subsectores de la hostelería y del comercio. Todo ellos ámbitos que han sido golpeados duramente a escala internacional, con el agravante que le ha supuesto a España su subordinación a un terreno como el del turismo, igualmente una de las víctimas principales que ha traído consigo la pandemia como resultado de las limitaciones de los viajes, ya no solamente internacionales sino entre regiones internas de los mismos estados.

La suma de todos estos efectos ha puesto en una situación especialmente delicada a una gran multitud de compañías españolas. Desde donde no han cesado de reclamar al Gobierno, desde el mismo momento en que la pandemia comenzó a mostrar su lado más nocivo, la necesidad de unas ayudas directas que les permitan sortear esta serie de dificultades temporales, así como garantizar su supervivencia y el mantenimiento de los puestos de trabajo. Unas reclamaciones a las que desde el Ejecutivo central han buscado dar respuesta impulsando la aplicación de medidas como los Expedientes de regulación temporal del empleo (Erte), con distintas herramientas de financiación como los créditos ICO o mediante ayudas a autónomos por cese obligado de actividad. Todas ellas bien recibidas, pero calificadas como insuficientes para una economía como la española sobre la que se espera toda “una adebacle” para este 2021, especialmente sobre unos sectores de la hostelería y del comercio para los que se esperan entre 25.000 y 50.000 cierres. Clausuras que vendrían a sumarse a los cerca de 75.000 cierres “definitivos” que se produjeron en 2020, y cuya avalancha de casos se espera que acontezca durante el próximo mes de marzo.

“España está inmersa en la mayor crisis económica de los últimos 80 años y pese a que los concursos de acreedores cayeron un 2 por ciento en 2020 frente a los registrados en 2019, la preocupación por la salud financiera de nuestro país es más que notable”, nos explican desde la consultora estratégica ejecutiva Dipcom Corporate; enfatizando igualmente informaciones como la del Consejo General de Economistas de España, que prevé, en línea de lo estimado por los distintos indicadores internacionales, “que el índice de insolvencia para 2021 sea del 35 por ciento; así como destacan que España, con un incremento en torno al 40 por ciento, será uno de los países con un porcentaje más alto”.

“El dato de los concursos de acreedores a cierre de 2020 tiene truco”, denuncia Igor Ochoa, director ejecutivo de Dipcom, “y es que, en uno de los últimos decretos de medidas económicas aprobados por el Gobierno, se extendía hasta el 14 marzo de 2021 la suspensión del deber de pedir el concurso de acreedores”. “Esto quiere decir que el Ejecutivo ha ampliado la moratoria ya existente para que las empresas insolventes se declararan en concurso de acreedores”. Lo que sin embargo no lograría modificar la realidad de que “muchas empresas están en quiebra técnica”, por lo que “se espera una avalancha de concurso de acreedores para este ejercicio”.

A la espera de una avalancha de concursos liquidativos

A pesar de que la entrada de una compañía en concurso de acreedores no debería de entrañar su necesaria liquidación, algo a lo que la legislación y las prácticas empresariales españolas no beneficia de per se frente a la normativa de otros países como, principalmente, los Estados Unidos, desde la misma consultora ya alertan de que lo que se espera es que sí lo sea en el caso de la avalancha de concursos que se esperan para el mes de marzo.

“Uno de los principales escollos al que las compañías se enfrentarán en marzo será a que la mayoría de estos concursos serán liquidativos”, señalan desde Dipcom. “La moratoria se ha convertido en una manzana envenenada”, añade Ochoa, puesto que “las empresas llevan meses arrastrando problemas sin poder acometer soluciones para estos, lo que hará que lleguen exhaustas a marzo y con escasos recursos y no tendrán más remedio que cerrar”. A lo que hay que sumar, estima el directivo, que “hoy en día hay muchas compañías que están viviendo artificialmente gracias a los respiradores como los ERTE, los ICO…”. Una serie de realidades que no harán en ningún caso desaparecer la aplicación de una nueva moratoria. Que de decretarse, estima el experto, “solo serviría para retrasar la responsabilidad legal de los administradores de presentar el concurso de acreedores”. “Si volvemos a ampliar la moratoria”, explica, “solo evitaríamos el colapso de los juzgados y una avalancha de concursos, una situación que será inevitable cuando finalice la moratoria”.

El retail y la hostelería, los sectores más afectados

Entre los principales sectores que se verán afectados por esta nueva oleada de concursos, generados a partir de los efectos del coronavirus y las restricciones a la actividad comercial impuestas desde las propias administraciones públicas con el fin de detener la propagación de los brotes, desde la consultora no dudan en apuntar al comercio minorista y a la hostelería.

“Lamentablemente el sector de la hostelería y la restauración va a continuar viviendo la debacle experimentada en 2020”, afirma Ochoa, durante un ejercicio de 2021 para el que se espera que cesen su actividad entre 25.000 y 50.000 empresas, que se sumarán así a los cerca de 75.000 negocios de hostelería y restauración que cerraron sus puertas en 2020, según estimaciones de la consultora. Cierres que de manera significativa igualmente afectarán al sector de la venta minorista, para el que además la pandemia está generando un cambio que Ochoa no duda en estimar que no será transitorio.

“Lo más duro será afrontar que el daño sobre este sector será permanente”, afirma el director ejecutivo de Dipcom. “A la suma del cierre de los negocios en 2020” se le añade así “el cambio de los hábitos del consumidor, que ahora prefiere comprar desde casa en plataformas de comercio electrónico que ir a las tiendas físicas. El Covid-19 no solo ha cerrado tiendas, sino que ha acelerado esta transición”.

Prepararse para la debacle

Ante la urgente necesidad de intentar salvar los muebles, la consultora señala que el tiempo corre en contra de las empresas y de los profesionales autónomos. Que cada día que pasa tienen menor margen para poder maniobrar y salvar el futuro de sus negocios.

“Las empresas tienen ya poco tiempo para reaccionar”, apuntan desde la consultora, igualmente especializada en la Ley concursal, señalando que “lo que debería de hacer el empresario es analizar la viabilidad del negocio a medio plazo y calcular cuidadosamente cuánto durará la tesorería de la empresa. Si tiene tesorería para aguantar otro año de crisis, adelante. Pero si no es así, deberá prepararse para afrontar un concurso de acreedores”. Lo que le permitirá, advierte Ochoa, protegerse de la responsabilidad legal con la que cuentan los administradores así como abrir la puerta a “nuevas oportunidades”, como las de reflotar el negocio o proteger sus unidades productivas.

De lo que se trata es por tanto de “abordar la crisis sin complejos”, enfatizan desde Dipcom. Para ello “será necesario que las empresas sufran una redimensión ajustada a las ventas en todas las áreas”, desde recursos humanos a sus costes y sobre el tamaño de su deuda. Algo nada sencillo, puesto que si bien “los costes o el tamaño de la plantilla es algo que la propia compañía puede hacer con sus propios medios, la reestructuración de la deuda, con quitas y esperas, solo será posible si ésta se acoge a la ley concursal”.

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