Los Estados miembros de la UE buscan flexibilizar significativamente la ley de cadenas de suministro
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Los Estados miembros de la UE pretenden suavizar significativamente la directiva europea sobre las cadenas de suministro. La mayoría de los países se mostró a favor de que solo las empresas con más de 5.000 empleados, en lugar de las 1.000 actuales, estén sujetas a la ley de protección de los derechos humanos, según informaron los Estados miembros. Además, el límite de ingresos debería elevarse de 450 millones de euros de facturación neta anual a 1.500 millones de euros.
El ministro polaco para Asuntos Europeos, Adam Szlapka, comunicó que con ello se creará un paso decisivo para un entorno empresarial más favorable “que ayude a nuestras empresas a crecer, innovar y crear empleos de alta calidad”. Polonia ostenta actualmente la presidencia semestral rotatoria de los Estados miembros de la UE y, en este papel, prepara, entre otras cosas, las reuniones de los ministros.
El objetivo de la directiva de la UE es la protección de los derechos humanos
A la solicitud de la Agencia de Prensa Alemana sobre la postura del Gobierno Federal respecto a la posición de los Estados miembros de la UE, el Ministerio de Trabajo, responsable de la ley, no respondió inicialmente. La ley europea sobre las cadenas de suministro se aprobó el año pasado.
El objetivo es fortalecer los derechos humanos en todo el mundo. Las grandes empresas deben poder rendir cuentas si se benefician de violaciones de los derechos humanos, como el trabajo infantil o forzoso. Tras las críticas de las empresas, algunas partes de la directiva se simplificarán antes de su aplicación.
Las negociaciones en el Parlamento Europeo aún están en curso
En el Parlamento Europeo todavía se están debatiendo las posturas que adoptará el Parlamento en la reforma de la directiva sobre las cadenas de suministro. Posteriormente, podrán comenzar las negociaciones finales con los Estados miembros de la UE. La presidenta de la Comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo, Anna Cavazzini (Los Verdes), afirma que los Estados miembros de la UE se están convirtiendo en “cómplices de los grupos de presión”.
Los Estados miembros de la UE también abogan por que, en el futuro, las empresas ya no tengan que centrarse fundamentalmente en sus proveedores, sino solo en las áreas “donde los impactos negativos reales y potenciales sean más probables”. Las empresas ya no estarían obligadas a realizar un inventario exhaustivo, sino a llevar a cabo investigaciones más generales.
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