El Gobierno aprueba las nuevas ayudas a comercio, hostelería y turismo con quitas del 50 por ciento en el alquiler de locales

Madrid – Profundas medidas las que finalmente eran aprobadas ayer en el Consejo de Ministros. Reunión en la que desde el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez se aprobaba la suspensión de los desahucios y alzamientos de viviendas hasta el 9 de mayo, las medidas de gestión de los fondos europeos y las nuevas ayudas para los sectores de la hostelería, el turismo y el comercio. Un plan que salía a explicar en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en compañía de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo; y del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, con el que desde el Gobierno buscan aliviar la difícil situación por la que atraviesan las empresas y los trabajadores españoles vinculados a estos sectores de la economía nacional. Un nuevo paquete de ayudas que se articulan en torno a 5 grandes bloques, por un importe por valor de unos 4.220 millones de euros, entre las que destacan, entre otras, la quita del 50 por ciento a las rentas de los locales comerciales propiedad de grandes tenedores alquilados a Pymes y autónomos.

“Se trata de una batería de medidas necesarias para unos sectores muy castigados por la pandemia y que necesitan más protección para que puedan mantener su actividad y el empleo”, explica la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, a través de unas declaraciones difundidas desde el propio ministerio. “Era un compromiso de este Gobierno y lo hemos cumplido para no dejar a nadie atrás”, añadía. Así pues, “las medidas que aprobamos hoy refuerzan las ya existentes como los ERTEs”, a los que “incorporamos nuevos sectores hiperprotegidos” como los “restaurantes y puestos de comidas”, al tiempo que “creamos una nueva línea ICO para estos sectores con avales públicos del 90 por ciento”. “También hay nuevas medidas como rebajas fiscales, aplazamientos de deudas tributarias y cotizaciones a la seguridad social”, apunta Maroto, en relación a unas ayudas entre las que, como bien señalábamos, destacan “las medidas para reducir la carga de los alquileres que se aplican tanto a grandes tenedores como al resto de arrendadores, incorporando en este último caso incentivos fiscales”.

“En definitiva”, apostilla la ministra de Industria, “el Gobierno aprueba un nuevo paquete de medidas para garantizar la supervivencia de las empresas y mantener el empleo en sectores estratégicos para nuestro país. Un plan que complementa además las ayudas que han ido aprobando diferentes comunidades autónomas y ayuntamientos”, y “que también pueden reforzar en el marco de sus competencias, ya que con ello conseguiremos mayor protección para los sectores que más lo necesitan”.

Quitas del 50 por ciento en el alquiler de locales comerciales

El primero de los bloques de medidas aprobado ayer por el Consejo de Ministros hace referencia a las tan demandadas ayudas al pago del alquiler que venían exigiendo desde las principales asociaciones empresariales y de autónomos desde el comienzo de la pandemia. Diferenciando en este punto desde el Ejecutivo entre los casos generales y aquellos en los que la figura del arrendador sea ocupada por un gran tenedor, categoría en la que se englobarán aquellas sociedades o particulares que se encuentren en posesión de 10 o más locales comerciales.

Empezando por este último supuesto, en el caso de que el propietario sea un gran tenedor, y en el supuesto de que las partes no logren llegar a un acuerdo, será el arrendatario, Pyme o autónomo, el que pueda escoger entre dos alternativas. La primera, una reducción del 50 por ciento del alquiler durante el tiempo que dure el estado de alarma, sus prórrogas y hasta un plazo máximo de 4 meses adicionales, a contar desde el fin del estado de alarma. Y la segunda, escoger una moratoria en el pago del alquiler durante el mismo periodo de tiempo, disponiendo de un periodo de hasta dos años, a contar desde la finalización de la moratoria, para abonar el pago aplazado del alquiler. Estimándose desde el Gobierno que cerca de unos 190.000 locales puedan beneficiarse de esta medida, de los cuales 33.000 estarían vinculados al sector turístico y los 157.000 restantes serían locales comerciales.

En cuanto al resto de los arrendadores, el Ejecutivo ha establecido un incentivo fiscal con el que pretende que las personas físicas que alquilan locales en los que se desarrollen actividades económicas vinculadas al turismo, la hostelería y el comercio acuerden una rebaja voluntaria del alquiler de los meses de enero, febrero y marzo de 2021. Permitiendo para ello que compute como gasto deducible para el cálculo del rendimiento del capital inmobiliario la cuantía de la rebaja de la renta acordada para dichos meses. Un incentivo que se estima tenga un coste de unos 324 millones de euros, y que permitirá deducir hasta el 100 por cien del alquiler mensual en el caso de que el propietario se decida por rebajar toda la renta. Una medida a la que en este caso desde el Gobierno estiman que podrán acogerse unos 323.701 propietarios.

Medidas para aumentar la liquidez del comercio, la hostelería y el turismo

Con la intención de dotar de liquidez a estos sectores, especialmente afectados por la presente crisis del coronavirus, desde el Ejecutivo se aprobaba la ampliación del plazo de carencia para los préstamos avalados por las líneas ICO y otras sociedades de garantía. Así como la creación de un nuevo tramo de la línea de avales ICO para Pymes y autónomos del sector turístico, la hostelería y actividades anexas, dotada de 500 millones de euros y con hasta un 90 por ciento de garantía, con la que se pretende dotar de financiación a empresas especialmente afectadas como agencias de viajes, operadores turísticos, hoteles o compañías de alquiler de vehículos.

En el caso concreto de las agencias de viajes y los operadores turísticos, estas podrán emplear la financiación avalada por el ICO para devolver a sus clientes los anticipos por los viajes contratados y no realizados. Mientras que por último se acordaba la creación de una Sociedad de Garantía Recíproca, exclusivamente de carácter turístico, que tendrá como finalidad facilitar el acceso a la financiación mediante garantías, con capacidad para inyectar liquidez de hasta el 700 por ciento de su capital.

Rebajas impositivas

Finalmente desde el Ejecutivo, aunque algo tarde y sin lograr satisfacer todas las demandas que exigían desde las distintas asociaciones empresariales, se decidían por aprobar una reducción y un nuevo aplazamiento en el pago de diferentes obligaciones tributarias.

Como consecuencia, las pymes y los autónomos no deberán pagar en abril los impuestos correspondientes al primer trimestre de 2021, que podrán aplazar hasta el próximo mes de octubre. Del mismo modo, se ha acordado aumentar la reducción en la tributación por el sistema de módulos en el IRPF del 5 por ciento actual al 20 por ciento con carácter general para el año 2020. Sin embargo, para los sectores que se han visto más afectados por las medidas adoptadas para combatir el COVID-19, como es el caso de la hostelería, el comercio y el turismo, esa reducción en la tributación por módulos llegará al 35 por ciento.

“Esta medida se aplicará para el cuarto pago fraccionado de 2020 y para el primer pago de 2021”, explican desde el ministerio de Industria. “De hecho”, añaden, “las reducciones del 20 por ciento con carácter general y del 35 por ciento para el turismo, la hostelería y el comercio, también se aplicarán en la tributación del régimen simplificado del IVA correspondiente a la cuota devengada de 2020 y a la primera cuota trimestral de 2021”.

Como parte del mismo bloque de medidas, se aprobaban a su vez la reducción del número de períodos impositivos afectados por la renuncia al método de estimación objetiva en el IRPF; la exención prevista para las retribuciones en especie del servicio de comedor de empresa, unos bonos de comida que podrán aplicarse a pedidos en restaurante tanto en modo delivery como take away; así como la deducibilidad de pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de deudores; y que la reducción del plazo que las cantidades adeudadas por los arrendatarios tengan la consideración de saldo de dudoso cobro.

Aplazamientos de las cotizaciones sociales

En este punto, se ha decidido extender los incentivos aprobados en septiembre para los sectores afectados por la pandemia a nuevos sectores ultraprotegidos, como el comercio al por mayor de bebidas, restaurantes y puestos de comidas, establecimientos de bebidas y las actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos o reservas naturales. Una medida que se aplicará los meses de diciembre de 2020 y de enero de 2021, y cuya prórroga se determinará en el nuevo acuerdo social que se está negociando con los agentes sociales para el conjunto de los sectores protegidos por los Erte.

Igualmente, se ha aprobado la extensión en el aplazamiento en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. Medida de la que podrán beneficiarse las empresas, devengando las cuotas entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, y los trabajadores autónomos, en su caso devengando las cuotas de enero a marzo de 2021. Eso sí, con un interés de los aplazamientos del 0,5 por ciento, explican desde Industria.

Como medida de estímulo con la que incentivar nuevas contrataciones y reducir la precariedad laboral, el Ejecutivo ha incluido en este punto la bonificación del 50 por ciento de las cuotas a la Seguridad Social para las empresas de los sectores de turismo, comercio y hostelería que realicen la contratación de fijos discontinuos de abril a octubre de 2021.

Flexibilización de los requisitos para las ayudas regionales a fondo perdido

Con el fin de fomentar la actividad empresarial en determinadas zonas, desde el Gobierno se conceden una serie de subvenciones a fondo perdido que tienen como objetivo “paliar los desequilibrios territoriales”, apuntan desde el ministerio de Industria. Unas ayudas para las que se aprobaba flexibilizar sus requisitos, lo que permitirá que puedan beneficiarse de ellas unos 615 proyectos de inversión empresarial que se encuentran actualmente en vigor o en fase de mantenimiento del empleo, con el turístico como principal sector beneficiado por la medida.

Por último, el Consejo de Ministros acordaba, como parte de este capítulo de ayudas, la ampliación de la moratoria para la presentación de concurso de acreedores. Así como el establecer un régimen transitorio de las zonas de gran afluencia turística para 2021.

“La pandemia ha provocado la caída de turistas, por lo que las zonas no cumplirían los criterios establecidos”, apostillan desde Industria. “Por ello, no resultarán de aplicación los datos referidos al año 2020 sobre habitantes, pernoctaciones y cruceristas en puertos en los que operen cruceros turísticos”, y “se utilizará la media de los tres años anteriores”.

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